Una nueva arquitectura institucional, modificar las formas de financiamiento de la política y ajustar el sistema electoral, son las bases sobre las cuales se estructura la reforma que la Misión Especial Electoral le recomendó al Gobierno Nacional, como parte de lo acordado en La Habana.

Con respecto a la primera línea de acción, los expertos que fueron designados para la misión plantearon la necesidad de crear el Consejo Electoral Colombiano (CEC), que se encargaría de los procesos pertinentes a la logística, técnica y a la administración de un proceso electoral.

Este nuevo órgano administraría el Registro Civil, el padrón electoral y el padrón de militantes, además de que controlaría el financiamiento de la política.  El consejo  estaría presidido por una directiva de cinco miembros que no tendrían origen partidista y serían elegidos por ocho años.

La otra institución es la Corte Electoral, que se encargaría de toda la jurisdicción electoral. Sería autónoma de sus decisiones y formaría parte de la Rama Judicial. Resolverá el contencioso electoral, será árbitro de las disputas partidarias, definiría la separación definitiva del cargo, la pérdida de la investidura y pérdida de cargo de los elegidos por voto popular. Estaría compuesta por seis tribunales regionales con tres magistrados de origen no partidista.

Sistema de elección

Sobre el sistema de elección, la Misión Electoral  propone que para el Senado se elijan solo 100 congresistas -actualmente hay 102 con circunscripciones especiales indígenas-, mediante la lista cerrada y bloqueada con el método de representación proporcional.

Además, sugieren una simplificación del sistema para los partidos, los electores y la autoridad electoral, con una significativa reducción de los costos de campaña asumidos por el partido, más que por los candidatos, y fuerte financiamiento estatal.

En la Cámara de Representantes proponen elegir 200 congresistas a nivel departamental, actualmente son 166, con un sistema mixto y de representación proporcional.

Plantean que las candidaturas y la ubicación en las listas deberán ser definidas por los partidos mediante procesos democráticos internos. Deberá aumentar la cuota de género, las elecciones a asambleas y concejos se harán con lista cerrada y se propondrá el voto como deber ciudadano.

Además se hará pedagogía para aumentar la participación de los ciudadanos e incluso se ofrecerán facilidades para asistir a la jornada electoral como transporte y multiplicación de puestos de votación.

Financiación

En cuanto a los sistemas de financiación que son los que más preocupan hoy, la Misión Especial Electoral considera que se debe establecer un modelo mixto, con mayores controles, transparencia y oportunidades para las nuevas organizaciones políticas.

Por ello, plantean un incremento del aporte estatal a los partidos que se distribuiría a partir de criterios  como la equidad (25 %), la presencia en los distintos niveles, la presencia de actores tradicionalmente relegados como jóvenes y mujeres, y la democracia interna.

“Incremento del aporte estatal directo a los partidos, distribuido en dos etapas: 50 % antes del proceso electoral como anticipo (40% con base en resultados precedentes, 10% de manera equitativa) y 50% después de la elección (sobre los resultados)”, señala la fórmula sugerida. 

Se mantendrían  los topes de campañas, habría mecanismos indirectos de financiación pública, como la pauta de medios de comunicación y el transporte público en la jornada electoral.