Suceder en la dirección de la Policía a un oficial como Óscar Naranjo, carismático, eficiente y rey de la popularidad en encuestas durante años, ha tenido que poner al general José Roberto León Riaño a entender lo que sintió el cardenal Joseph Ratzinger cuando se acomodó en la silla de Juan Pablo II.

León, que de papa solo tiene el apellido, ha hecho varios “milagros” en lo que va corrido de su gestión: capturar al capo de capos, “Loco Barrera”, y a “Belisario”, jefe de “Los Urabeños” en la costa; echarle el guante a “Sebastián”, amo y señor de la Oficina de Envigado, y luego, en Argentina, a su sucesor, “Mi Sangre”; golpear contundentemente a “Los Rastrojos” y a “Los Comba”; dar de baja a “Danilo García”, hombre de la plena confianza de “Timochenko”… Pero la opinión pública, que no desconoce los logros, tiene todo el derecho a plantear inquietudes sobre su gestión y el estado actual de la Policía. Recién horneadas están las que tienen que ver con los procesos de ascenso de coroneles y los reconocimientos que han recibido él y sus policías en los últimos meses. El general responde, aquí, en particular:

¿Por qué se fusionaron dos cursos para este llamado que abre la posibilidad de que los coroneles hagan curso para convertirse en brigadieres generales?

Es un procedimiento normal. La generalidad en el llamamiento a los cursos siempre ha sido que se llamen dos cursos; la excepción es que sólo se llame a un curso. Ahora, hay que tener en cuenta que, frente al incremento del número de efectivos de la Policía, es necesario ampliar la planta de generales, para garantizar control y direccionamiento estratégico.

¿Algunos congresistas que quieren reformar los procedimientos de ascenso dicen que van a legislar para que las hojas de vida de los coroneles sean públicas. ¿Acaso estos documentos son objeto de reserva?

Los resúmenes de la trayectoria de los oficiales son públicos y, cuando se envían a la comisión segunda del Senado para el debate de los respectivos ascensos, están a la vista de todo el mundo.

¿Sólo la Dirección de Inteligencia, la Dipol, elabora esos resúmenes?

No. Hay un proceso muy depurado en el que participan oficinas asesoras y direcciones a nivel de gestión operativa, administrativa y docente de la institución, colaborando en el acopio de datos de cada oficial. Pero quiero aclarar que es apenas un material de apoyo, porque la decisión es de la Junta de Generales.

¿El oficial evaluado es ajeno a ese proceso y a la orientación del material que suministra Inteligencia?

Para nada. Él hace parte de ese acopio, y le digo más: él revisa su hoja de vida y muchas veces aporta información adicional y subsana cualquier error u olvido de su desempeño profesional.

Si eso es así, ¿es errado pensar que el destino de esos oficiales está en manos de Inteligencia o que el director de Inteligencia pueda manipular su propia hoja?

No existe la menor posibilidad de que eso suceda. Inteligencia es solo uno de los eslabones en la cadena y aporta elementos biográficos, cargos, trayectoria. Estos documentos los estructura la Dirección de Talento Humano, recurriendo también a la Procuraduría y la Fiscalía. Cuando el evaluado considera que el documento lo refleja satisfactoriamente, autoriza su envío a la junta.

¿Es justo sugerir que el coronel Jorge Luis Vargas, director de Inteligencia –quién fue llamado a curso–, esté impedido, como asegura la senadora Alexandra Moreno?

No puede estar impedido, porque él no es juez y parte. La decisión de la Junta la toman los generales y nadie más. Ningún coronel, en términos legales, hace parte de una Junta que, repito, es solo de generales. Las reglas de juego están claras desde que los oficiales se gradúan de la Escuela de Cadetes General Santander y, además, son perfectamente conscientes de que es imposible que todo coronel se convierta en brigadier general.

Llama la atención que estén quejándose públicamente los coroneles Pedroza y Acero. ¿Por qué comenzaron a sospechar del procedimiento justo después de no ser llamados a curso? ¿En algún momento previo manifestaron inconformidad?

Jamás. Y ellos, como le digo, sabían las reglas de juego y nunca manifestaron ni ahora ni cuando los ascendieron a coroneles algún tipo de malestar por los procedimientos. Mucho menos antes de irse para el exterior, donde están desempeñándose en cargos diplomáticos. Como oficiales activos, que además representan al país diplomáticamente, no les lucen para nada esas manifestaciones destempladas. Su conducta no hace sino ratificar que la decisión de la Junta de no llamarlos fue la más acertada.

Cuando un coronel en servicio trata estos asuntos fuera de la institución, ¿se expone a una sanción?

Claro que sí, y ya ordené una investigación disciplinaria. Es delicado. ¿Qué nivel de respeto y obediencia pueden tener hoy los coroneles Pedroza y Acero sobre sus subordinados después de haber desconocido los conductos regulares y procedimientos de la Policía? Rompieron las reglas y minaron la disciplina.

¿La Junta de Generales es la última palabra en materia de ascenso de coroneles a brigadieres generales?

La decisión de la Junta de Generales pasa por manos de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa, dirigida por el señor ministro. Sin esas instancias nadie puede hacer curso. Entre otras, quiero aclarar que los coroneles llamados a curso por la Junta de Generales no necesariamente ascienden y dependiendo de su desempeño son objeto de una nueva evaluación de sus calidades.

Voces desde el Congreso piden reversar la decisión de la más reciente Junta de Generales, anularla y rehacer el proceso. ¿Qué opina?

El Congreso me merece todo el respeto del mundo, pero las decisiones de la Junta de Generales son un derecho vinculado al fuero interno de la Policía, establecido desde hace años en los reglamentos. Ya llegará el momento en que los ascensos se sometan al Senado, pero, por lo pronto, este es un asunto de los generales y no de los parlamentarios.

¿Los temores de los congresistas son parte del “efecto Santoyo”?

El caso del señor general Santoyo es coyuntural y quiero recordar que al momento de su evaluación él no era objeto de ningún impedimento legal para ser llamado y, en un caso que tenía de carácter legal, había sido absuelto por la Fiscalía.

Circulan anónimos denigrantes sobre los coroneles llamados a curso. Detalladísimos, con datos muy precisos. ¿Sus autores son oficiales descontentos?

Esos anónimos mezclan ficción con realidad, con la clara intención de hacerle daño a la institución. Déjeme decirle que es como si un excelente periodista ganara un premio Simón Bolívar y quienes no lo recibieron comenzaran a decir que el ganador no lo merecía, que no es un periodista con las calidades para haberlo obtenido. Estamos frente a unas actuaciones lejanas por completo de la ética.

Se ha suscitado una polémica por una serie de condecoraciones que usted y otros oficiales han recibido en un corto período. ¿A qué obedecen tantos reconocimientos?

Las condecoraciones son un estímulo que se le otorga al personal frente a actos meritorios. No las recibimos por situaciones normales del servicio, sino por episodios sobresalientes o de lucha contra la criminalidad a nivel transnacional.

¿Tomó usted la decisión de animar la entrega de esos reconocimientos?

El grueso de las condecoraciones a las que usted se refiere las entregó el general Óscar Naranjo, y tienen que ver con hechos tan significativos como la seguridad en el Campeonato Mundial Sub 20, que tuve el honor de dirigir, y que generó en el contexto internacional más de 1.500 noticias positivas, o la Cumbre de las Américas o la creación del plan nacional de vigilancia por cuadrantes. Los críticos se limitan a mencionar los decretos que ordenan las condecoraciones, pero se quedan cortos en ir al trasfondo, a las razones de esos reconocimientos. Ninguna de esas condecoraciones la han otorgado por estar parados en la esquina y capturar a un ladrón de bicicletas. Me parece injusto y doloroso que cause tanto escozor el hecho de que se premie el trabajo de oficiales y policiales en esos decretos.

¿Las condecoraciones inciden en el salario de quienes las reciben?

Claro que sí, y no tiene nada de censurable que algunas de esas condecoraciones, a miembros de la institución que han logrado resultados sobresalientes, generen una serie de estímulos. Revisen bien los decretos, su parte resolutiva, y encontrarán que contemplan a oficiales, pero también a muchísimos suboficiales y patrulleros que se juegan la vida en las calles y en los campos y merecen un reconocimiento económico. No olvide casos como los de “El Loco” Barrera, “Mi Sangre”, “Sebastián”… ¿Por qué tanta molestia por el reconocimiento a acciones valerosas y efectivas?

Última pregunta: ¿está orgulloso de los coroneles llamados a curso de ascenso?

Estoy orgulloso de ellos y de todos mis policías colombianos, que son un tesoro de este país y un motivo de satisfacción en el exterior. Cada vez que viajo recibo los comentarios más elogiosos de nuestros policías, que son ejemplo de dedicación, sacrificio y cumplimiento del deber. Todos y cada uno de mis 167 mil hombres y mujeres son motivo de orgullo, desde el coronel más exitoso hasta el policía más humilde, como el miembro del Esmad que visité hace poco en un hospital de Medellín: sucede que fue a atender una manifestación y le lanzaron una papa explosiva que terminó haciéndole perder una pierna; lo primero que me pidió cuando lo tuve al frente fue que no lo sacara de la institución, que él había nacido para ser policía y que aún sin una pierna quería seguir sirviendo. Esos son los policías de este país. ¿No cree que vale la pena soportar las críticas si uno tiene la recompensa enorme de dirigir a estas personas íntegras y corajudas?