El futuro de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), aquel mecanismo de Justicia Transicional credo en el Acuerdo de Paz con las Farc, se debate hoy miércoles en la Corte Constitucional en un audiencia pública a la que concurrirán el Gobierno, los organismos de control, las organizaciones de víctimas y múltiples expertos en derecho.

La idea de la Corte es hacer un debate público y amplio sobre el contenido del Acto Legislativo 01 de 2017 que crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no repetición (Sivjrnr), que se conforma con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, la Comisión de la Verdad y la JEP.

Esta reforma constitucional, tramitada en el Congreso vía ‘fast track’, crea formalmente la JEP como un mecanismo para administrar justicia en el marco de las violaciones al Derecho Internacional Humanitario o a los Derechos Humanos en el conflicto, buscando satisfacer los derechos de las víctimas y definiendo la situación jurídica de los guerrilleros de las Farc.

Esta norma crea los aspectos administrativos de la JEP, como su conformación, sanciones, competencia y reglamentos que deberán ser desarrollados, en más detalles, con la ley estatutaria de la JEP que fue radicada en el Congreso y que el Gobierno va a retirar.

Se trata de un elemento central del Acuerdo de Paz. Tiene la regulación de la reparación integral en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición; y las normas aplicables a los miembros de la fuerza pública, sus sanciones y responsabilidades.

De hecho, su importancia es tal, que la Sala Plena de la Corte consideró que debía revisar automáticamente esta norma primero que la Ley de Amnistía y su decreto reglamentario, a pesar de que esta última se expidió primero y así lo indicó en el Auto 230 de mayo de 2017:

“(…) Esto debido a que tanto la Ley como el Decreto, en varios de sus apartados normativos, reproducen y/o desarrollan los contenidos de dicho Acto Legislativo, de manera que se predica entre ellos la interdependencia de causas”.

En ese sentido, intervendrán en su orden el ministro del Interior, Guillermo Rivera; el presidente del Congreso, Mauricio Lizcano; el fiscal General, Néstor Humberto Martínez; el procurador General, Fernando Carrillo; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rigoberto Echeverry; el presidente del Consejo de Estado, Jorge Octavio Ramírez; el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema, Eugenio Fernández; el ministro de Justicia, Enrique Gil; el alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo y el Defensor del Pueblo, Carlos Negret. Igualmente asistirán los destacados juristas Rodrigo Uprimny, José Gregorio Hernández, Hernando Yepes.

La audiencia continuará mañana con los pronunciamientos de la Corporación Excelencia en la Justicia, la Comisión Colombiana de Juristas, la Federación Colombina de Víctimas de las Farc, el Movimiento de Víctimas de Agentes del Estado, el Comité Internacional de la Cruz Roja, el Centro Internacional para la Justicia Internacional, la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares, Dejusticia y la Alianza Cinco Claves.

El temario

Entre los asuntos que preocupan a la Corte Constitucional hay algunos técnicos como, por ejemplo, que es la primera vez se estudia de manera automática una reforma a la Constitución (normalmente lo hace cuando un ciudadano presenta una demanda), y otros asuntos que tiene que ver con el impacto de esta nueva institucionalidad de paz para las metas que se buscan y frente a las Instituciones ya existentes.

Igualmente, la Corte busca resolver en la diligencia, pertinencia y eficacia de los instrumentos que se crearon para la materialización de los derechos de las víctimas, la reparación y la no repetición.

Tras la audiencia, el magistrado ponente Luis Guillermo Guerrero deberá proyectar una ponencia para ser discutida entre la Sala Plena de la Corte en próximas sesiones. En este debate no participan los magistrados Carlos Bernal y Cristina Pardo.