Si bien la propuesta de cerrar las listas de candidatos para las corporaciones públicas logró ver la luz al final del túnel en su segundo debate en la plenaria del Senado, todavía es incierto que se pueda aplicar para las elecciones locales y regionales que tendrán lugar en octubre del próximo año.

La iniciativa logró superar una agitada discusión que se desató desde la semana pasada y ahora pasa a manos de la Cámara de Representantes, en donde deberá surtir dos nuevos debates antes del 16 de diciembre, para que no naufrague en el intento.

Sin embargo, aun cuando se dé su aprobación en la siguiente ronda, esto no garantiza necesariamente que en los comicios de 2019 los ciudadanos puedan pasar de la votación por candidatos a la votación por partidos, toda vez que los tiempos resultarían muy apretados para que las colectividades puedan armar las listas.

Y es que si la Reforma Política y Electoral logra superar su primera prueba de fuego    este año y sigue por el mismo camino cuando se reanuden las sesiones, a partir de marzo del próximo año, la aprobación definitiva del Congreso, más la revisión por parte de la Corte Constitucional, harían que el proyecto solo esté listo hasta junio, cruzándose así con el inicio de la inscripción de candidaturas, previsto para el 27 de junio y hasta el 27 de julio.

Lo preocupante para algunos partidos es que todavía falta definir muchos aspectos que desarrollan la propuesta de las listas cerradas, como la forma mediante la cual se definirá la conformación de los renglones, para evitar que los más influyentes se apoderen de los primeros lugares.

La senadora de la Alianza Verde, Angélica Lozano, dijo que en vista de que los tiempos quedarían tan encima de la aprobación de la Reforma, esto podría generar que “reine el bolígrafo”.

“Esto estará aprobado en junio y en julio deben hacerse las listas. De modo que esto genera abuso de poder al interior de los partidos”, consideró la dirigente.

Los conservadores también manifestaron sus reparos frente a la posibilidad de que el cambio sea a partir de las elecciones del próximo año, pues consideran que esto sería un acto “irresponsable y costoso”.

“El efecto inmediato que obligará a la democracia interna de los partidos valdrá lo mismo o más que los actuales mecanismos electorales. Habría que realizar unas primarias en junio o julio para elegir en octubre, con un esquema de financiación tanto o más caro que hacer elecciones con listas abiertas”, expresaron, tras insistir en que es mejor que la idea se aplique desde 2022.

En la propuesta que fue aprobada por la plenaria del Senado quedó consignada una norma transitoria para que sea el Gobierno el que más adelante regule la forma cómo las distintas colectividades deberán conformar sus listas.