El representante en Colombia de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Todd Howland, advirtió que la Ley de Amnistía y la Jurisdicción Especial para la Paz tienen un riesgo real de caerse en la Corte Constitucional.

"Por eso hicimos un esfuerzo para recordar las obligaciones del Estado colombiano en razón de actuar a conformidad con los estándares internacionales. Hay un riesgo que se pueden caer en la Corte Constitucional estos esfuerzos", dijo.

Sobre la JEP, Howland afirmó que es igualmente posible que se caiga en la Corte, dado el trabajo que esa Corporación está haciendo sobre qué está acorde al marco legal de los derechos humanos y qué es un "colado".  

De acuerdo con Howland, la Ley de Amnistía e Indulto que aprobó el Congreso no es acorde a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, porque mezclan muchas conductas.

"La Ley de Amnistía es importante para el proceso de paz, pero se debe ser limitada a los estándares internacionales como las personas que tienen cargos de rebelión y cargos conexos. Esta ley de amnistía está mezclando varias cosas. Esta ahí la gente que tiene rebelión, metieron a gente que sentencias por crímenes contra los derechos humanos", explicó.

En ese sentido, Howland enfatizó en que los ya condenados deben tener otra ley que especifique cómo será su sometimiento a la Jurisdicción Especial de Paz, para que reconozcan los graves crímenes que han cometido y se fije un criterio para que reparen a sus víctimas.

Para Howland, además, debe haber otra ley dirigida aquellas personas que son señaladas e investigadas de ser integrantes de las Farc y que probablemente en muchos casos se establecerá que no lo son.

"Están ahí las Farc que tiene cargos y sentencias por crímenes de derechos humanos y también militantes que fueron investigados y condenados por violaciones a los Derechos Humanos y van a tener la posibilidad de ir a la JEP", dijo.

En la presentación del informe de las Naciones Unidas sobre la situación de Derechos Humanos en el país, se cuestionó el programa de libertad condicional que tiene la Ley de Amnistía para funcionarios del Estado y de las Farc que lleven más de cinco años detenidos, sin tener en cuenta la gravedad de sus delitos.

"El Alto Comisionado lamenta que, en un estado de derecho, no se haya asignado a una entidad independiente e imparcial, sin ninguna relación con los posibles beneficiarios, la tarea de postular los funcionarios públicos que serán considerados para la libertad condicional. Además, la ley no establece criterios objetivos y basados en derechos para evaluar la elegibilidad", señala el informe.

Las Naciones Unidas también cuestionaron que no haya un sistema efectivo para el seguimiento y control de los miles de posibles beneficiarios, con el fin de evitar la obstrucción de la justicia y la intimidación de las víctimas y los testigos.