Dos defectos encontrados en la sentencia de segunda instancia que decretó la pérdida de investidura como concejal, del gobernador William Villamizar Laguado, fueron los que llevaron a la Sección Segunda del Consejo de Estado a frenar dicha determinación y ordenar nuevamente el estudio del caso.

Según el fallo de tutela proferido por el magistrado César Palomino Cortés, sus compañeros de corporación efectivamente incurrieron en una violación al debido proceso, toda vez estimaron configurada la causal de pérdida de investidura por indebida destinación de recursos públicos, sobre la base de una declaración que el abogado defensor de Villamizar entregó durante el proceso y en la que se aceptaba que el dirigente participó y votó en la aprobación del Acuerdo 073.

De esta forma, habrían validado la autoincriminación como una prueba para fallar en contra del entonces concejal, cuando esto está prohibido por la Constitución.

“Las razones expuestas permiten a la Sala concluir que la Sección Primera del Consejo de Estado incurrió en un defecto sustantivo al aplicar indebidamente al proceso de pérdida de investidura el artículo 193 del Código de Procedimiento Civil (confesión por apoderado judicial), cuando dicha disposición no es compatible con la naturaleza de este proceso sancionatorio”, precisa el fallo.

El otro aspecto en el que se presentó una irregularidad en el fallo de julio del año pasado, es el haber dado por hecho y probado que William Villamizar votó afirmativamente el proyecto de acuerdo, cuando en los hechos narrados durante las audiencias solo se hablaba de que el hoy gobernador participó y votó en la aprobación del acuerdo.

“Para la Sala, la lectura del Acta de 22 de octubre de 2002, no permite inferir que el señor William Villamizar Laguado o cualquier otro miembro del Concejo votó favorablemente el proyecto 088 de 2002. En efecto, solo se puede entender que dicho proyecto fue aprobado, sin poder establecer si fue por la mayoría de los asistentes o por unanimidad”, reza uno de los apartes del fallo de tutela.

Así las cosas, para el magistrado Palomino Cortés, existen elementos que “desvirtúan fácilmente la contundente conclusión” a la que llegó  la Sección Primera en su decisión de segunda instancia, sobre la responsabilidad directa y personal en que habría incurrido Villamizar en la decisión que derivó en una indebida destinación de dineros públicos.

A estos dos argumentos, se le suma un ingrediente adicional que había sido reclamado también en la tutela presentada por la defensa del gobernador a finales del año pasado y es el de la legalidad del Acuerdo.

Al respecto, la Sección Segunda le dio la razón al mandatario departamental, al considerar que si bien el Acuerdo 073 fue demandado, hasta la fecha no se ha resuelto en primera instancia su legalidad, “por lo que se encuentra vigente y se presume legal”.

“Pero ni siquiera en el evento de declararse la nulidad del acto constituye una situación definitoria para declarar la pérdida de investidura de un concejal, toda vez que se requiere del estudio de otros aspectos que permitan advertir la responsabilidad del acusado en la causal invocada”, precisó el consejero ponente.

En la sentencia se concluye, entonces, que la decisión que decretó la muerte política de William Villamizar como concejal, no estuvo basada en un “análisis fáctico  y probatorio adecuado”.

Por esa razón, se ordenó dejar sin efecto el fallo anterior y se pidió proferir uno nuevo, corrigiendo las inconsistencias que se presentaron, es decir, no aceptando la autoincriminación y probando si en realidad el voto de Villamizar fue o no a favor del acuerdo en cuestión.

La Sección Primera tendrá un mes para cumplir con este trámite, por lo que, por ahora, el mandatario puede respirar tranquilo, pues su investidura como concejal sigue intacta.