La Procuraduría General de la Nación escuchará en audiencia pública al candidato a la Gobernación de Norte de Santander, Silvano Serrano, por unas presuntas irregularidades en que habría incurrido cuando fue contralor del departamento. 

En los próximos días, la entidad fijará una fecha para adelantar el juicio disciplinario en el que el aspirante por el Partido Conservador y favorito en la carrera electoral, deberá explicar por qué se habría extralimitado en sus funciones, al ejecutar una modificación de la planta de personal en el órgano de control fiscal que presidió entre 2016 y 2017, sin tener la atribución para hacerlo.

“El exfuncionario pudo vulnerar los principios de moralidad y transparencia que rigen la función pública, así como el contenido de los artículos 23 y 35, numeral 1 de la Ley Disciplinaria”, indicó el Ministerio Público.

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La cuestionada maniobra se deriva de la Resolución 093 del 14 de marzo de 2017, mediante la cual el exfuncionario creó cinco puestos de asesores, con una remuneración de $4’422.874 cada uno.

La facultad para establecer estos cargos fue avalada mediante las ordenanzas 015 y 017 de diciembre de 2016, firmadas por el diputado Hernando Ross Pérez, quien para ese entonces se desempeñaba como presidente de la Asamblea, y sancionadas por el suspendido gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado.

La gravedad de la conducta 

Silvano Serrano habría incurrido en una falta considerada como grave por parte de la entidad del Ministerio Público.

En el documento de apertura del proceso verbal, el órgano disciplinario consignó los argumentos para demostrar que el aspirante a la Gobernación habría vulnerado lineamientos que están consagrados en la Constitución Política y en el Código Disciplinario.

“El señor Silvano Serrano Guerrero, en su condición de contralor general de Norte de Santander para la época de los hechos, pudo incurrir en conducta irregular y cometer falta disciplinaria por haberse extralimitado en las funciones, al modificar la planta de personal de la Contraloría General de Norte de Santander”, reseñó el oficio de la Procuraduría.

Todo este entramado judicial inició el 29 de septiembre de 2016, cuando el ente de control fiscal elaboró un estudio técnico para modificar la estructura de la entidad. El diagnóstico evidenció la necesidad de crear la Oficina Asesora de Planeación, como parte de una estrategia de mejoramiento.

Los resultados de este estudio fueron radicados junto con un proyecto de ordenanza en la Asamblea, que fue aprobado luego de varios debates en la Comisión Primera de Hacienda y Presupuesto de esta corporación.

De esta manera, el excontralor procedió, a comienzos de 2017, a modificar el Manual Específico de Funciones y Requisitos de la entidad, con el propósito de determinar las funciones para los nuevos cargos, y a contratar al personal.

“Observa el despacho que así la Asamblea, a través de la ordenanza 017 del 19  de diciembre de 2016, le hubiese entregado facultades para modificar la planta de la entidad, este no lo podía realizar, ya que en primer lugar, la Constitución Política asignó dicha facultad a la Asamblea y excepcionalmente al gobernador, por delegación de aquella”, señala la Procuraduría.

De la misma forma, insiste en que Serrano, en su calidad de contralor, no podía dar prevalencia a la Ordenanza sobre la Carta Política.

“Así las cosas, el señor Serrano Guerrero, antes de haber modificado la planta de personal de la Contraloría, debió haber verificado que estuviera facultado para hacerlo, no solo por un acto administrativo, como lo es una Ordenanza, sino por la Ley y la Constitución, lo cual no realizó”, reprochó la Procuraduría, al tiempo que señaló que el excontralor no imprimió el cuidado que cualquier funcionario debe tener. En ese sentido, la calificación de la falta, provisionalmente,  sería a título de culpa grave.

Proceso expedito

En el auto que se conoció por parte de la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa, la entidad señala que resulta procedente adelantar la investigación que se sigue contra  Serrano, mediante el procedimiento verbal, en la medida que existen elementos de peso para determinar si el excontralor incurrió o no en una falta disciplinaria.

“(...) Procede la formulación de cargos cuando esté objetivamente demostrada la falta y exista la prueba que comprometa la responsabilidad del servidor público implicado, situación que se presenta en el caso objeto de estudio”, reza uno de los apartes del auto conocido.

Una de las características de los procesos verbales, es que son mucho más expeditos que los ordinarios y según conoció La Opinión, de acuerdo con los términos establecidos en el Código Disciplinario, en un mes ya se estaría conociendo una sentencia de primera instancia, si no se presentan solicitudes de aplazamientos y dependiendo de  la forma cómo se evacuen las pruebas.

La Opinión se trató de comunicar con el candidato Silvano Serrano para conocer su reacción frente a este llamado a audiencia, pero no se obtuvo respuesta. De la campaña aseguraron que por temas de tiempo y agenda era “complicado” dialogar con el aspirante.

’Incurrimos en un error’

En el auto que resuelve adecuar el proceso contra el candidato a la Gobernación Silvano Serrano, al trámite verbal, la Procuraduría Segunda Delegada ordena, igualmente, compulsar copias a la Procuraduría Regional de Norte de Santander, para que adelante las actuaciones correspondientes en contra de los integrantes de la Asamblea que profirieron las Ordenanzas 015 y 017 de 2016.

Al respecto, La Opinión habló con el diputado Hernando Ross Pérez, quien  reconoció que se cometió un error al facultar al excontralor y candidato a la Gobernación de Norte de Santander, Silvano Serrano, para crear cargos en este órgano de control fiscal.

Ross Pérez era el presidente de la Asamblea y firmó las cuestionadas ordenanzas, en las cuales se basó Serrano para contratar al nuevo personal y modificar el Manual Específico de Funciones y Requisitos de la entidad.

“Incurrimos en el error de facultar al contralor para que lo hiciera (…) Lo demás son interpretaciones de conceptos. Respeto la interpretación del señor fiscal y respeto la interpretación de la Procuraduría. Esto es un debate que tiene que ventilarse y que al final tendrá un fallo que será apelable y que llegará a las instancias que puedan dejar en firme cuál es la razón”, indicó el integrante de esta corporación.

Asimismo, aseguró que la falla estuvo en no haber facultado al gobernador William Villamizar para adelantar la función de contratar a este personal.

No obstante, el diputado defendió la gestión de Silvano Serrano en la Contraloría Departamental, porque dijo que “no había ningún dolo, ni tampoco se busca causarle el daño a nadie, ni se botó a un personal mal destituido, ni se buscó la creación de cargos que no se requirieran”.