Filtraciones, rumores, vaticinios y nervios de punta. Este ha sido el panorama en el que se ha movido el país en los últimos días, por cuenta de las objeciones que presentó el presidente de la República, Iván Duque, a la ley estatutaria de la JEP. 

La respuesta que dio la semana anterior la Corte Constitucional afirmando que no se anticipará a la decisión del Congreso calmó en parte los ánimos, ante la posibilidad de que se diera un choque de trenes entre el Ejecutivo y la Rama Judicial.

Sectores cercanos al Gobierno Nacional consideraban que una eventual decisión rechazando la posibilidad de que el presidente objetara la ley, habría sido un prevaricato. 

Pero, superado este escenario, ahora todo está en manos del Congreso y la discusión que allí se va a dar, es lo que ahora acapara la atención.

El Senado y la Cámara deberán estudiar las modificaciones propuestas antes del 20 de junio, porque la ley fue expedida bajo el mecanismo del fast track y así lo aclaró el alto tribunal.

Sin embargo, a juzgar por lo que han dicho los presidentes de ambas corporaciones, es probable que el Legislativo no necesite todo ese tiempo para evacuarlas. 

El presidente de la Cámara, Alejandro Carlos Chacón,  por ejemplo, sostuvo que la discusión se deberá dar antes de terminar el actual periodo de sesiones, aunque dijo que se tomarán el tiempo necesario para las discusiones. En cambio, el presidente del Senado, Ernesto Macías, declaró que las objeciones, al menos en esa corporación, se pondrán en discusión y en esa misma sesión serán votadas. 

Lo cierto, hasta ahora, es que el debate en plenaria iniciará después de que las comisiones especiales entreguen su informe a cada plenaria. La del Senado está más inclinada a favor de las objeciones, mientras que la de la Cámara tiene la orientación contraria. 

El secretario del Senado Gregorio Eljach, precisó que dichos informes, que equivalen a la ponencia de una ley, deberán contener las tendencias o posiciones de los congresistas.

Como se prevé que en ninguno de los dos casos haya una posición unificada, a las plenarias se presentarán las opiniones a favor y en contra de las objeciones. 

Cada corporación deberá aprobar o negar las reclamaciones con votación calificada, esto, porque el texto es una ley estatutaria que obliga a tener la mitad más uno de los votos: 54 en el Senado y 86 en la Cámara. 

Sin embargo, cuando la ley se tramitó, varios congresistas tuvieron que declararse impedidos, lo que hace prever que también deberán hacerlo para las objeciones. Uno de ellos fue el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien pese ser hoy el principal defensor de las objeciones no podrá votar. Igual le sucederá a tres senadores más de su bancada, María del Rosario Guerra, Paola Holguín y Honorio Enríquez. 

Tampoco estarán para la votación los senadores y representantes del hoy partido Farc, porque están impedidos debido a que las normas que se tramitaron les benefician directamente. 

¿Cómo van las cuentas?

Las cuentas en este momento, cuando aún hay partidos que faltan por tomar posición, inclinarían la balanza en contra de las objeciones en ambas corporaciones. En el Senado se prevé que 45 congresistas voten por acogerlas y 51 por negarlas. En la Cámara también se negarían con 82 votos contra 80. 

Cambio Radical es el partido que mantiene la incertidumbre frente al tema. El viernes, desde Valledupar, durante una reunión de bancada en la que participó el jefe del partido, Germán Vargas Lleras, se decidió que solo hasta el jueves 28 de marzo tomarán una postura en conjunto. 

Esta decisión obliga, además, a que el inicio del estudio de las objeciones se prolongue hasta la próxima semana, si así lo determinan las mesas directivas.

Incluso, con el panorama que está hoy, las modificaciones del Gobierno podrían abordarse apenas después de la Semana Santa.

En ese tiempo el senador conservador David Barguil espera conseguir el respaldo político para que los partidos se puedan unir para tramitar algunas reformas que se requieren frente a estas normas de los acuerdos de paz. Propuesta que no será fácil de concretar, porque la oposición ya anticipó que no la apoyará. 

Las dificultades que enfrenten las objeciones en el Congreso podrían afectar también la discusión sobre las reformas constitucionales que propuso el presidente Duque para cambiar, entre otras cosas, el hecho de que la JEP asuma las investigaciones por casos de abuso sexual relacionados con el conflicto. 

Estos cambios implican un trámite mucho más complejo, toda vez que deben ser aprobados en ocho debates, de los cuales los cuatro primeros deberían darse antes del 20 de junio, si es que se radican en esta legislatura, y los otros cuatro después del 20 de julio. 

De modo que el debate sobre la JEP pinta para largo, más que por las objeciones, por las reformas que vendrán después.

¿Quién gana y quién pierde?

Las objeciones a la ley estatutaria de la JEP han creado un escenario político de polarización entre sectores afines al acuerdo de paz con la antigua guerrilla de las Farc y aquellos que quieren introducir cambios a lo pactado.

Para el analista Alejo Vargas, en este tipo de escenarios de polarización nadie gana, porque el país se devuelve a discusiones que parecían ya superadas. Dice que lo más seguro es que las objeciones mueran en su paso por el Congreso, pero quede la división en la población civil.

Jorge Iván Cuervo, experto en política, sostiene que ante un panorama como el que se observa hoy, los partidos políticos tienden a ganar visibilidad y a reforzar sus identidades de cara a la opinión pública. 

Sin embargo, advierte que quienes también se ven afectadas con este escenario político son las víctimas, que están esperando el desarrollo de la justicia especial.