En el marco de la ‘cruzada por la corrupción’ que se ha planteado adelantar el presidente Juan Manuel Santos, se instaló este lunes la Comisión Ciudadana de Lucha contra la Corrupción, se firmó un decreto, y dejaron listos dos proyectos de ley que pretende atacar a los corruptos.

“Lo que queremos decirle al país, esta Comisión, es que no vamos a bajar la guardia, el Estado como un todo va a tener la lucha contra la corrupción como su prioridad. Seguiremos trabajando, apoyando y generando iniciativas para que los que roben al Estado sepan que su deshonestidad no quedará impune”, dijo el mandatario luego de anunciar una a una las medidas.

El decreto que pretende frenar los abusos con empresas sin ánimo de lucro

El presidente Santos firmó el decreto sobre el cual se estaba trabajando y se había anunciado para frenar los abusos y el descontrol que había con la contratación de empresas sin ánimo de lucro que ha generado varios escándalos de corrupción.

“El decreto que acabé de firmar y que a partir de este momento es una realidad, modifica otro decreto que contiene el régimen de contratación con las entidades sin ánimo de lucro. Ese régimen especial que realmente estaba fuera de control, por ahí se estaba colando buena parte de la corrupción de este país, era una herramienta predilecta de los corruptos”, dijo.

El presidente explicó: “Con esta reforma frenamos en seco los abusos en la contratación directa con estas entidades sin ánimo  de lucro que han causado la desviación de billones de pesos anuales que deberían ir a servirle la población. También nos sirve para identificar y rastrear los recursos que ejecutan a través de sus contratistas que son muchas veces, los verdaderos dueños de los negocios y usan estas fundaciones fantasmas para contratar”.

Los proyectos de ley: "control a las empresas y quitar beneficios a los corruptos"

El mandatario así mismo anunció que ya están listos dos proyectos de ley contra la corrupción con los que pretenden establecer más controles, uno, para los verdaderos beneficiarios de las empresas, y dos, para reducir los beneficios a los corruptos.

El primer proyecto, dijo el presidente: “Busca que toda empresa que opere en Colombia tiene que dar la información sobre las personas que realmente tienen un control significativo de la empresa. Es decir,  sus beneficiarios reales, y así podemos prevenir que se usen empresas   o determinados instrumentos legales y financieros para fines de corrupción”.

El segundo, que ya lo había anunciado, es el que pretende: “reformar la rebaja de penas por allanamiento a cargos, es decir, cuando reconocen la responsabilidad y elimina el beneficio de casa por cárcel para los corruptos”.

Sobre este último, el mandatario mencionó específicamente al exviceministro de Transporte Gabriel García: “Tenemos un caso reciente: el funcionario que fue capturado por la Fiscalía por el escándalo Odebrecht, este funcionario con la simple aceptación de cargos ya tiene derecho al 50 %  de la rebaja de su pena”

El presidente, citó algunas cifras del Observatorio Anticorrupción de la Presidencia de la República en las que resaltó que el 50 %  de los condenados por delitos de corrupción no pagan un solo día de cárcel;  el 25 % reciben el beneficio de casa por cárcel; y el otro 25 %  que va a la cárcel solo permanece recluido en promedio unos 22 meses.

Ya está vigente el Código de Ética para los congresistas y el "Estado Abierto"

Por último, se dio sanción presidencial al Código de Ética y el Código Disciplinario para los congresistas que aprobó el Congreso de la República el año anterior y se firmó una declaración de ‘Estado abierto’, con el que se garantiza que todas las ramas del poder público estén a disposición para entregar cualquier información con ánimo de que los ciudadanos puedan hacer control.

Dato

La comisión que está conformada por Camilo Enciso, el secretario de la Presidencia; Julián Domínguez, Presidente de Confecámaras y Representante del consejo Nacional de Planeación; Elizabeth Ungar, representante de las organizaciones no gubernamentales; Andrés Hernandez  Codirector ejecutivo de Transparencia por Colombia encargado; Juan Diego Cano representante de los Gremios; Amparo Pérez Camargo representante de los medios de comunicación; Nelson Díaz Cáceres,   representante de las Universidades; Mónica Patiño Santa,   Representante de las veedurías ciudadanas; Mirtha Pardo Valenzuela,  representante de las organizaciones sindicales; Héctor Pardo Velásquez, Representante ‘Conferilec’.