El representante a la Cámara por el Partido de la U, Hernán Penagos, se ha convertido en uno de los principales apoyos del Gobierno en el trámite de las iniciativas de paz en el Congreso. Es por eso que en sus manos está la suerte de la ley estatutaria de la justicia especial, que empezó a discutirse esta semana.

Aunque el camino de la iniciativa no pinta nada fácil, pues el debate se ha tornado bastante álgido y ya hay una fuerte oposición por parte de sectores como Cambio Radical y el Centro Democrático, además de las críticas de la Fiscalía y los militares, Penagos estima que la ley podría ser aprobada a comienzos de noviembre.

No obstante, el congresista admite que hoy el Gobierno no tiene las mismas mayorías de hace un año, lo cual le pone a temblar la aprobación de proyectos cruciales como la JEP y la misma Reforma Política.

Sobre el ambiente que hay en el Congreso frente a las normas que desarrollan el acuerdo de paz y el proceso electoral que se avecina, habló Penagos.

¿Cuáles son los principales cambios que se introdujeron a la ley que reglamenta la justicia especial?

El proyecto tiene observaciones de muchas entidades como, por ejemplo, de la Fuerza Pública, la Secretaría General de la JEP y la misma Fiscalía General de la Nación. Por eso tratamos de recoger todas las recomendaciones para intentar hacer una ponencia lo más concertada posible. No podemos aprobar una nueva jurisdicción que termine chocando con la jurisdicción ordinaria.

¿Qué está pidiendo la Fuerza Pública?

Básicamente lo que la Fuerza Pública quiere es que en la ley estatutaria se mantenga claramente la responsabilidad del mando tal y como fue aprobada en el Acto Legislativo 01 de 2017, es decir, que esta jurisdicción no termine modificando normas que ya están en el acto legislativo y que de alguna manera se merme todo el tema que se ha debatido tanto.

¿Y qué sugiere la Fiscalía?

En esencia lo que pide es que quede muy claro el tema de las competencias que en el futuro tendrá la Fiscalía,  lo mismo que la Jurisdicción Especial de Paz. Recordemos que a la JEP le corresponde investigar los delitos ocurridos hasta el primero de diciembre del año pasado, lo que quiere decir que de esa fecha hacia acá, la mayoría de delitos que ocurren, por ejemplo, de los disidentes, serán competencia de la Fiscalía General de la Nación. Por eso, creen que debe haber mucha claridad para que no exista en el futuro un choque de trenes entre la justicia ordinaria y la JEP.

¿Recibieron alguna recomendación de la Corte Penal Internacional?

De manera precisa no nos han llegado recomendaciones. Lo que sí me queda claro de lo que planteó la fiscal de la Corte Penal Internacional, es que en la  creación de la JEP no debe haber impunidad, es decir, debe ser clara en la justicia restaurativa, que exista una dosis de sanción y una dosis de reparación. Lo que yo creo que va a revisar esta Corte es que exista sanción y también la reparación.

Esta semana fueron elegidos los magistrados de la JEP, pero aún no hay ley reglamentaria, ¿qué va a pasar ahí?

Si no se aprueba la ley estatutaria, como es apenas natural, no podrán empezar a trabajar los despachos de los magistrados, las investigaciones, no podrán recibir todos los procesos que vengan de la justicia ordinaria y no habrá sanciones ni reparación. Sí creo que en un mes y medio ya podría haber ley y tener ya esas herramientas, pero hay que decir también que con todo lo que se apruebe en este proyecto seguramente el Gobierno tendrá que presentar otra ley de procedimiento para ajustar todos los temas de recursos y todo lo referente a nulidades en la JEP.

Reforma política

El otro proyecto que tiene en apuros al Gobierno es la Reforma Política, ¿cómo ve el ambiente en la plenaria para avanzar con el trámite de esta iniciativa?

La veo muy difícil por varias razones: una, no hay unidad de las bancadas frente al proyecto, los partidos no tienen unidad frente a la toma de las decisiones; lo segundo, las mayorías del Congreso hoy no son las mismas de hace un año, las mayorías son precarias; lo tercero, porque estamos a seis meses o menos de las elecciones parlamentarias y cambiar las reglas de juego de las mismas me parece que no es correcto, y lo cuarto porque siguen existiendo dudas sobre cuáles temas verdaderamente son del acuerdo de paz y cuáles no.

¿Qué debe hacer el Gobierno para salvar el proyecto en esta instancia?

Varias cosas, por ejemplo, emplearse muy afondo para poder asegurar sus mayorías en el Congreso; tratar de reducir ese proyecto de acto legislativo a los temas exclusivamente del acuerdo que son, la adquisición progresiva de derechos políticos, financiación de campañas y creación de un nuevo Consejo Electoral colombiano. De esta forma, se evitarían debates más extensos y haría más corto el acto legislativo.
 

¿Le ve futuro a las listas cerradas para Senado y Cámara desde 2018?

No lo veo tan claro. En la Cámara ese tema está dividido, pues como es un acto legislativo requiere mayorías absolutas, es decir, 85 votos. Hoy, a mi modo de ver, todos los partidos están divididos, casi por la mitad, frente a este tema. Lo que se ha planteado en la ponencia es que la lista cerrada sea a partir del 2022. Si se propone para el año entrante deberá ser una proposición nueva y que generaría un debate muy intenso porque no hay mayorías para ningún lado.

¿Será posible la reglamentación de las coaliciones para las listas al Congreso de todos los partidos o se quedará solo para los pequeños?

El tema de las alianzas para presentar listas únicas al Congreso ya fue aprobado en un acto legislativo del año pasado, pero se aprobó solamente para partidos pequeños y se dijo que una ley estatutaria reglamentaría la materia, pero como no se ha reglamentado, la ley no ha podido operar. Hoy, en la Reforma lo que se ha planteado es que no sea solo para los pequeños sino también para los grandes. Puede salir, pero no hay claridad sobre si se va a aprobar o no.

¿Sí es constitucional proponer la creación del Tribunal de Aforados en esta Reforma?

Ese tema del Tribunal de Aforados dentro de la Reforma Política adolece de vicios de constitucionalidad, porque no tiene unidad de materia, no se presentó en el proyecto inicial y porque existen dudas sobre si eso tiene relación o no con el acuerdo de paz. Y como quiera que se está tramitando por el ‘fast track’, ahí, a mi modo de ver, esa creación del tribunal queda coja.