El gobierno del presidente Iván Duque enfrenta en sus primeros tres meses de mandato uno de los momentos más difíciles de su administración por cuenta de la ley de financiamiento, con la cual buscan cubrir el déficit presupuestal para 2019.

La propuesta no ha caído para nada bien entre los colombianos y tampoco entre las diferentes bancadas en el Congreso, incluida la oficialista, especialmente por el artículo que plantea gravar con IVA el 80% de la canasta familiar.

Es por esa razón que las voces de rechazo se han hecho sentir desde el mismo momento en que se presentó el proyecto. La academia, los gremios, los trabajadores y la clase dirigente también han manifestado sus reparos, por el impacto que podría tener la clase media y los sectores con menos ingresos del país.

El jefe de Estado reconoció que el asunto es complejo, pero manifestó la necesidad de que exista un debate serio y constructivo frente al proyecto, que permita llegar a consensos sobre cómo se pueden conseguir los recursos adicionales para financiar, principalmente, los programas sociales del próximo año.

“La tarea que tenemos ante nosotros es poder llegar al Congreso de la República y tener un debate muy sano, muy sereno y, al mismo tiempo, constructivo, porque, sabiendo que se necesitan estos $14 billones, se trata de identificar las opciones que permitan ese financiamiento”, indicó Duque.

De esta forma, el Gobierno Nacional abrió la discusión, para escuchar diferentes propuestas y mirar su viabilidad en materia de recaudo, a pesar de que seguirán defendiendo el proyecto en el Congreso.

Precisamente, en el Congreso varios sectores de oposición, independientes e incluso de gobierno han manifestado que la iniciativa no es viable por su impacto en la clase baja y media del país, y han sugerido una serie de propuestas, además de pedirle al primer mandatario evaluar otras alternativas.

Una tarifa menor

El Centro Democrático anunció que no acompañará la idea de gravar la canasta familiar. En cambio, desde la colectividad  han surgido varias propuestas como que no se grave la totalidad de los productos  básicos o que la tarifa no sea del 18 % sino menor a esa cifra.

El presidente de la Comisión Tercera, el representante uribista, Óscar Darío Pérez, reconoció que el Gobierno está en una situación complicada en materia presupuestal y que ya han salido varias propuestas para conseguir los recursos faltantes.

“Nosotros apoyamos al Gobierno, pero en causas justas, y nos parece que gravar la canasta es inconveniente para el país. Dentro del Centro Democrático hay varias propuestas: hay unos que prefieren una tarifa del 15% o del 12%. También ha surgido la propuesta de gravar algunos productos que están exentos o de quitar 25 productos de la propuesta del Gobierno que causen menos impacto social, pero son cosas que tenemos que estudiar”, indicó Pérez, quien aseguró que también se debe fortalecer la lucha contra la evasión de impuestos en el país.

Tocar algunasexoneraciones

En el Partido Liberal, el senador Luis Fernando Velasco aseguró que la colectividad no acompañará la propuesta del Gobierno, ya que no se puede entender que en un país que tiene altos niveles de desigualdad se proponga una iniciativa que tendrá un impacto en la clase media y popular del país, a costa de seguir dando unos beneficios a otros sectores.

“Lo que nosotros hemos estudiado es que la desfinanciación del Gobierno en el presupuesto de 2019 no supera los 7 billones de pesos y estamos dispuestos a hablar sobre esta cifra, pero nuestra línea roja es cero IVA a la canasta familiar”, indicó Velasco.

¿Pero de dónde pueden salir estos recursos faltantes? Para el senador, se pueden tocar algunas exoneraciones que hoy se tienen, con las que se podrían conseguir 3 o 4 billones de pesos. “Además, podríamos mirar si en las utilidades de Ecopetrol, con un petróleo que se va a mantener por los 70 dólares, tenemos la posibilidad de conseguir los recursos faltantes”, explicó el dirigente liberal.

Más recursos del sector financiero

Por el lado del conservatismo, el senador David Barguil reconoció que el país necesita de unos nuevos y mayores recursos para poder cumplir con los compromisos sociales, pero aseguró que hay que buscar alternativas diferentes a afectar el bolsillo de los colombianos a través del IVA.

“Hemos planteado alternativas claras y posibles sin tocar el IVA y es que los socios de las empresas, cuando repartan utilidades, se les cobre el impuesto de dividendos y que aporten para la financiación del gasto público. También creemos que el sector financiero, que tanto se ha beneficiado de la política económica de este país, puede ser gravado con mayores recursos”, dijo.

Adicionalmente, el congresista propuso pensar en el sector petrolero, toda vez que con el aumento en el precio del barril habrá mayores ingresos en el 2019. “Se puede realizar una mayor distribución de las utilidades de Ecopetrol para que esos recursos le entren al Gobierno Nacional”, explicó Barguil.

Retirar el proyecto

Si bien casi todos los partidos han manifestado su oposición a la Ley de Financiamiento, pero en su lugar, algunos  han planteado alternativas para ayudar al Gobierno, desde la oposición la respuesta es radical y casi que al unísono han pedido el retiro del proyecto.

El senador del Polo Democrático, Alexander López, aseguró que la clase media y baja, los trabajadores y los pensionados de Colombia no pueden pagar la ineficiencia del Estado, la cual se viene dando a través de la corrupción que se lleva 50 billones de pesos al año y con una serie de exenciones tributarias que superarían los 72 billones de pesos, de donde podrían salir los recursos faltantes.

El jueves de la semana pasada, justamente, los partidos de oposición crearon un bloque para pedirle al Gobierno el retiro de esta propuesta y anunciaron varias movilizaciones ciudadanas, para ejercer presión y dejar sin respaldo el proyecto.