El Gobierno Nacional lanzó la Política Nacional para la Reincorporación Social y Económica para los 12.607 exmiembros de las FARC acreditados. Según se dio a conocer para esto el Estado cuenta con un presupuesto de 6.3 billones de pesos aprobados por el Conpes y se precisa que tendrá vigencia durante los próximos ocho años.

“Esta política corresponde al compromiso de dar una respuesta concreta por parte del Estado a miles de excombatientes de Farc que dejaron las armas y que se comprometieron con la legalidad y con la construcción de una paz estable y duradera. Garantiza a largo plazo todos los accesos y las condiciones para que los exintegrantes de las Farc y sus familias tengan todos los beneficios, como todos los ciudadanos colombianos”, dijo el alto comisionado para la Paz, Rodrigo Rivera.

Dicha política, hace parte de uno de los puntos pactados en el acuerdo de paz con las Farc, en el que se establece que el Gobierno Nacional garantiza la reincorporación integral de los exmiembros del hoy grupo político, medida que se propuso debe ir hasta el 2026.

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Este Conpes fue aprobado el 22 de junio pasado y entra en vigencia este mes con una función integradora entre las diferentes entidades del Estado involucradas en el posconflicto. Cada una de las entidades del Estado deberá ejecutar actividades relacionadas con sus responsabilidades.  

De esta manera, lo que hace esta política es establecer los lineamientos y la coordinación de la reincorporación que tiene cuatro enfoques, que tienen en cuenta a las comunidades y las familias de los exintegrantes de las Farc.

El primero de ellos es el territorial, que consiste en abordar las actividades reconociendo las necesidades del territorio, y  las características económicas, culturales y sociales de los territorios. El enfoque de género es otro sobre el que hace énfasis la política, que consiste en tomar medidas de planeación, ejecución y seguimiento que tengan en cuenta condiciones diferenciales  para  las mujeres.

También habrá un enfoque de Derecho, con el fin de brindar la protección y garantía de los derechos de todos los exintegrantes de las Farc. Así mismo, se incluyó un enfoque étnico para impulsar medidas y acciones que permiten dar un “trato diferenciado a las personas que se autoreconocen como pertenecientes a un grupo étnico”.

Por su parte, Andrés Stapper, director de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, agregó que la política busca “fortalecer la planeación y articulación  institucional para el logro de los objetivos  en materia de la reincorporación; lograr la reconstrucción del tejido social; y potencializar el proyecto de vida de los reincorporados en materia productiva”.

Para lograr dicha articulación, Stapper sostuvo que se creará un sistema nacional de reincorporación que se encargará de articular la planeación de las diferentes actividades con las entidades y comunidades.