Las elecciones locales y regionales que tuvieron lugar hace tres meses fueron protagonistas nuevamente por los altos índices de violencia que se registraron en el país y que cobraron la vida de siete candidatos a alcaldías y concejos, uno de ellos en Norte de Santander.

Y si bien el proceso democrático ya quedó atrás, ese fantasma se resiste a desaparecer del escenario en el que se desenvuelven hoy no solo los elegidos, sino aquellos que también ejercen algún tipo de liderazgo social y comunal.

La advertencia fue hecha ayer por la Misión de Observación Electoral (MOE) que en su más reciente informe sobre violencia política señaló que en apenas un mes que va de 2020, ya se han registrado 55 ataques en el país, de los cuales 19 han sido asesinatos.

La veeduría electoral aseguró que los más afectados son los líderes sociales, toda vez que 35 de los hechos presentados (63,6%) han recaído sobre representantes de este sector. En segundo lugar están los líderes políticos, con 18 hechos.

Los casos se han concentrado en 34 municipios de 15 departamentos del país.

De acuerdo con el análisis  hecho por el Observatorio Político Electoral de la Democracia de la MOE, enero de este año se ha convertido en el más violento desde 2016 para los líderes.

“Si se comparan los meses de enero desde 2016 hasta 2020, los hechos de violencia contra líderes sociales y comunales ha aumentado. Por ejemplo, la tendencia al aumento de asesinatos de líderes se puede observar puesto que en enero de 2016 se registraron 5 asesinatos, en enero de 2017 hubo 11 asesinatos, en enero de 2018 hubo 18, en enero de 2019 se registraron 16 y en enero de 2020 hubo 19 asesinatos”, señala el informe.

Elegidos, en la mira

La MOE llamó la atención por el riesgo al que están enfrentados los mandatarios y dirigentes elegidos en los comicios de octubre de 2019.

Según la información recopilada por el Observatorio Político, después de las elecciones, 11 de los candidatos que lograron la victoria fueron víctimas de algún tipo de violencia.

En Norte de Santander, por ejemplo, se reportó el caso del alcalde de Chitagá, Jorge Rojas Pacheco, quien fue objeto de amenazas  durante varias semanas.

“Son preocupantes los hechos de violencia que han recibido los nuevos mandatarios locales y concejales, puesto que han sido víctimas de amenazas o atentados en lo corrido de 2020. Este es el caso del alcalde electo de Buenos Aires (Cauca) que fue víctima de un atentado del que salió ileso”, manifestó la MOE.

En el informe recuerdan también los asesinatos de José Humberto Rodríguez, alcalde electo de Sutatausa; Samir Pérez, concejal electo de Fundación (Magdalena) y Luis Eugenio Muñoz, edil de Pereira.

Así mismo, señalan que varios excandidatos también han sufrido algún tipo de violencia y algunos hasta fueron asesinados, como Diego Fernando Campo, excandidato a la Asamblea por el Partido FARC, en Nariño; y Luis Carlos Hernández, quien fue candidato al Concejo en Curumaní (Cesar).

En 2019

El balance elaborado por la Misión de Observación da cuenta de que entre el primero de enero y el 31 de diciembre de 2019 se registraron 549 hechos de violencia política en contra de líderes políticos, sociales y comunales en todo el país. De estos casos, 125 fueron asesinatos, lo que representa un 23%.

“Durante el 2019, en promedio cada tres días un líder fue asesinado en Colombia, mientras que cada día un líder era víctima de violencia política. Las agresiones se presentaron en 205 municipios (20% del total nacional) en 29 departamentos (87,8%). Los únicos departamentos en donde no se registraron víctimas a nivel departamental fueron Guainía, Vichada y Vaupés”, señala un aparte del informe.

Los líderes políticos fueron los más afectados, teniendo en cuenta que el que terminó fue un año electoral. En total, en contra de estas personas se registraron 297 hechos de violencia, en su mayoría amenazas. “Sin embargo, 86 líderes sociales y comunales fueron asesinados, por lo que fueron objeto de mayor violencia letal”, dice la MOE. (Ver tabla).

Norte de Santander se ubicó entre los departamentos donde más se concentró la violencia política contra líderes comunales, con 5 hechos.

La MOE también llamó la atención que esta es una de las regiones en donde en lo corrido de 2020 se han presentado asesinatos contra líderes, en Tibú y Convención.

Papel de los nuevos gobiernos

Como parte del informe presentado ayer, la Misión de Observación Electoral (MOE) planteó una serie de recomendaciones frente a lo que se debería hacer para frenar el desangre de los líderes sociales, comunales y políticos.
Al respecto, Alejandra Barrios, directora de la veeduría, manifestó que los nuevos alcaldes y gobernadores juegan un rol muy importante y en esa medida es necesario que empiecen a impulsar políticas de prevención y protección.

“Es clave seguir el Decreto 2252 de 2017, el cual dispone que los gobernadores y alcaldes son los primeros respondientes para enfrentar la violencia contra los líderes sociales y comunales. La MOE recomienda que los gobiernos entrantes se apropien de las políticas de prevención y protección”, señaló Barrios.

Para la MOE, es necesario empezar a adelantar desde ya reuniones previas con los consejos de seguridad departamentales y municipales, en donde se tome en cuenta la participación de representantes de organizaciones sociales y de las Juntas de Acción Comunal.

También consideran importante la vinculación de las Personerías, como “encargadas de recolectar información de los hechos de violencia contra los líderes y sus comunidades, y de los riesgos y amenazas que hay en sus territorios para transmitirlas a sus alcaldías”.