El lunes concluyó un nuevo periodo en la Personería municipal y con este también cuatro años de una gestión más bien anónima frente a la ciudadanía, a pesar de la importancia que esta entidad tiene para los intereses de los habitantes de Cúcuta.

Aunque Orlando Arturo Puentes Valderrama se despidió de su cargo con la satisfacción de haber mejorado la capacidad de recepción de declaraciones por parte de las víctimas de la violencia, al pasar de 306 en 2012 a 1.777 el año pasado, las opiniones frente al trabajo desempeñado están divididas.

Rubén Darío Yáñez, vocero de un grupo de víctimas que ha dejado el conflicto armado en Norte de Santander, reconoce que el distanciamiento con Puentes Valderrama fue total, porque muy pocas veces encontraron respuestas efectivas a las solicitudes presentadas, pese a que la administración reforzó los presupuestos y la logística de esa oficina.

“Ampliaron oficinas, contrataron personal, pero los avances que vimos se quedaron en la toma de declaraciones; hasta ahí llega el tema. Ahí se quedaron”, dijo.

Reprochó que a pesar de las alertas que pedían frente a las  amenazas y la difícil situación de las comunidades de la zona rural, nunca hubo acciones contundentes.

Rosalba Sánchez, quien era la representante legal de la Asociación Simón Bolívar, también admitió que una de las razones por las cuales ese grupo se disolvió, fue por la falta de respuestas  de las entidades encargadas de hacer valer sus derechos, entre ellas la Personería. “Nos cansamos de buscar respuestas”, dijo.

Para Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar, la gestión del saliente personero deja en evidencia que estas entidades están en una crisis de legitimidad muy fuerte.

Aun así, hay quienes como, Eusebia Rodríguez, representante legal de la asociación de mujeres cabeza de familia del barrio Antonia Santos, prefieren darle una mejor calificación a lo hecho por Puentes Valderrama a quien califican como “generoso”.

Mucho silencio frente a la administración

Y aunque son varios los que reconocen que la silenciosa labor de Orlando Arturo Puentes Valderrama se centró en las víctimas, la pasividad demostrada frente a  la administración de Donamaris Ramírez Lobo marca otro punto negativo en su trabajo frente a esta dependencia del Ministerio Público.

Salvo la cuestionada suspensión de tres meses que profirió, en septiembre de 2013, contra el gerente de Imsalud, Hernando José Mora, por presuntas irregularidades en algunos  procesos de contratación con el Centro de Rehabilitación Cardioneuromuscular, son escasas las acciones contundentes impulsadas por Puentes Valderrama.

En anteriores periodos, la Personería jugó un papel fundamental en la definición de las licencias ambientales para la construcción de la prolongación de la Avenida Cero, la gestión de la concesionaria San Simón, el aumento en los cupos de taxis, entre otros temas trascendentales para la ciudad.

Para el director de Progresar, hechos como este demuestran que los personeros se convirtieron en “apéndices de los alcaldes de turno”. “No se meten con nadie para no tener problemas. Son trampolines políticos”, consideró.

En 2013, el saliente personero le ganó un millonario pleito a la Contraloría municipal, que lo declaró insubsistente sin justa causa, por lo que el Consejo de Estado condenó al órgano de control a pagarle $1.443 millones. Esta deuda tuvo que ser asumida por el municipio, que el año pasado apropió los dineros en el presupuesto de gastos de 2015 y los giró el 30 de diciembre.

Efectividad en la contratación

De lo que sí se aseguró el ahora expersonero Orlando Arturo Puentes Valderrama, antes de terminar su periodo, fue de dejar lista y definida la contratación para la vigencia 2016.

En 2013, esa entidad suscribió un convenio interadministrativo con la Alcaldía de Cúcuta, a fin de fortalecer la planta de personal encargada de la atención de las víctimas y mejorar la prestación de los diferentes servicios ofrecidos.

Bajo esa figura, un total de 24 contratos fueron suscritos por Puentes Valderrama durante los últimos días de enero, por cerca de $400 millones, para vincular abogados, sicólogos, contadores,  personal de servicios generales, entre otros.

Sin embargo, algunos de los cuestionamientos que han surgido frente a esta actuación, es que más allá de la contratación, la mayoría de personas vinculadas son allegados o conocidos. Entre ellos estaría un ahijado y la pareja de uno de sus hijos.

*La Opinión