La falta de perspectivas económicas para los reinsertados de la desaparecida guerrilla de las Farc, más allá de los pagos mensuales que reciben como parte de los compromisos adquiridos en el acuerdo de paz, es una de las principales preocupaciones que tiene la Misión de Verificación de la ONU, dentro del proceso de implementación.

Así lo advirtió Jean Arnault, el jefe de esa delegación en Colombia, ante el Consejo de Seguridad de la ONU, en donde presentó un nuevo informe sobre el avance de los trabajos de acompañamiento que viene haciendo el organismo internacional y cuyo mandato acaba de ser prorrogado un año más.

Para Arnault, la reintegración económica de miles de exguerrilleros de las Farc es “un tema de grave preocupación” y en ese sentido consideró que es necesario vincular más este proceso al desarrollo local, empoderar a las autoridades territoriales y apelar al sector privado, universidades y a otros actores que quieran ayudar a que, en el largo plazo, todas esas personas que dejaron las armas puedan incorporarse plenamente a la vida civil.

Al delegado de la ONU le inquieta que buena parte de los desmovilizados no tener muchas posibilidades de empleo y por eso dependen exclusivamente del pago mensual que se acordó hasta agosto del próximo año.

Con Arnault coincidió el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien dijo que,  el proceso de reintegración económica “está claramente retrasado y atrás de otras dimensiones”.

Lo anterior, tras señalar que a la fecha solo 17 proyectos han sido aprobados, y de ellos apenas dos tienen financiamiento actualmente.

A propósito del presupuesto, en su informe, el jefe de la misión de la ONU en Colombia destacó que el proyecto del gobierno de Iván Duque para 2019 prevé mantener el subsidio para los exguerrilleros en el mismo nivel que el año pasado. “Esperamos que el Congreso apruebe esa propuesta”, dijo.

Por su parte, el canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, señaló que el Gobierno Nacional quiere un nuevo enfoque que permita “recuperar el tiempo perdido” y cumplir con las expectativas de los desmovilizados.

“La incorporación social y económica de los desmovilizados constituye uno de los centros de gravedad de implementación del acuerdo final y el Gobierno es consciente de ello”, reconoció.