La justicia colombiana ha tenido que adaptarse aceleradamente a las herramientas de la tecnología para seguir operando durante la contingencia generada por el Covid-19.

El virus ha azotado incluso las dinámicas de trabajo de las instituciones de carácter judicial que prácticamente han tenido que reinventarse para seguir emitiendo órdenes judiciales.

Si bien, el Consejo Superior de la Judicatura anunció el pasado 16 de marzo la suspensión de términos, dejó claro que se seguirían gestionando funciones en cuanto a habeas corpus, acciones de tutela, así como las audiencias preliminares que corresponden a la legalización de captura, imputaciones de cargo y medidas de aseguramiento, entre otras situaciones que con el pasar de la contingencia han requerido que sean abiertas paulatinamente.

En los aforados

En nivel jerárquico, las órdenes judiciales han seguido registrándose, por ejemplo, en la Corte Suprema de Justicia con al menos 1203 determinaciones, con corte hasta el pasado 23 de abril, momento en que se registró la Sala Plena virtual en el Alto Tribunal.

La máxima corporación en lo penal, hasta el momento, de manera virtual ha adelantado decisiones sobre extradiciones, acciones de tutela, habeas corpus, casación, así como también la Sala de Instrucción ha avanzado con las audiencias que no requieren persona detenida, además, de las que no necesiten de la participación de testigos o que en dado caso exista la posible prescripción de la acción penal, y la práctica de pruebas.

Además, el Alto Tribunal en el marco de la pandemia y el postergamiento de la suspensión de los términos también ha dejado claro que avanzan con algunos escenarios tales como las peticiones de nulidad y terminar las audiencias públicas de juzgamiento en las que faltan alegatos de conclusión.

Constitucional

En cuanto a la Corte Constitucional, que también ha sesionado de manera virtual una vez se declaró la contingencia en Colombia, ha generado más de 20 prácticas de pruebas en los 73 decretos emitidos por el Gobierno Nacional en su declaratoria por el estado de emergencia.

Se prevé entonces que en materia de constitucionalidad el Alto Tribunal esté entregando decisiones sobre estas normativas este mes de mayo, dado que el estudio de cada decreto toma un espacio de 45 días una vez llega al despacho de cada magistrado. En ese proceso, los togados coordinan la práctica de pruebas y están a la espera del concepto de la Procuraduría, entre otras instituciones.

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En materia de control al ciudadano, el pasado 17 de abril, la Corte decidió levantar algunos términos que corresponden a las demandas y acciones de tutela, así como también los casos en donde se considere que hay relevancia de interés nacional.

En lo administrativo

En cuanto al Consejo de Estado, que también se acogió a la suspensión de términos se ha conocido que, desde el 16 de marzo hasta el 30 de abril, emitieron decisiones en 1580 procesos ordinarios, 1483 en acciones de tutela, así como también emitió 721 autos y al menos 27 conceptos y conflictos.

Las diligencias las han adelantado de manera virtual de las cuales, cuatro fueron en la Sala de Gobierno, cuatro Salas Plenas, cuatro en la Sección Primera, once en la Sección Segunda, cuatro en la Sección Tercera, siete en la Sección Cuarta, seis en la Sección Quinta y doce en la Sala de Consulta y Servicio Civil.

En la justicia ordinaria

En cuanto a las diligencias preliminares el Consejo Superior de la Judicatura tiene balance de 8333 diligencias en todo el país, de las cuales se han realizado 2214 en Bogotá, 2203 en Antioquia, 509 en el Valle del Cauca, 269 en Norte de Santander, 253 en Santander y 252 en Atlántico.

Con relación a los trámites de ejecución de penas, el Organismo de administración de justicia resaltó que se han adelantado 7214 procesos, de los cuales 2142 se llevaron a cabo en Antioquia, 1293 en Bogotá, 534 en el Valle del Cauca, 360 en Norte de Santander y 306 en Santander.

Respecto de los habeas corpus, la Corporación reseñó que hay 501 trámites, de los cuales se adelantaron 109 en la capital del país, 59 en el Atlántico, 45 en Antioquia, 38 en el Valle del Cauca y 34 en Norte de Santander.

En cuanto a las acciones de tutelas, el Consejo señaló que han recibido 18.072 en el territorio nacional, de los cuales piden amparo de derechos en el debido proceso, educación, salud, ayuda humanitaria, estabilidad laboral y seguridad social, entre otros. Las acciones de tutela se han registrado así: al menos 3156 en Bogotá, 1669 en Norte de Santander 1486 en Valle del Cauca, 1382 en Atlántico y 1053 en Antioquia.

Lo que llama la atención es que pese a la cantidad de diligencias adelantadas en el territorio nacional, aún cuando existen audiencias programadas sin persona privada de la libertad estas no se adelantan.

En la justicia transicional

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció que han emitido más de 150 decisiones entre las que se encuentran medidas cautelares, libertades condicionadas, entrevistas y reconocimientos de víctimas entre otros.

El Tribunal de Paz reseñó que en la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas se han emitido 115 decisiones de los cuales 20 fueron para conceder beneficio de libertad condicionada a 25 integrantes de la Fuerza Pública.

La Sala de Amnistia o Indulto, desde el 13 de abril, ha emitido decisiones en 21 casos, de los cuales seis de ellos se trataron de amnistias de iure, que es un beneficio cuando se comete un delito político, y 15 de ellos fueron libertades condicionadas.

La Sección de Ausencia sin Reconocimiento, por su parte, señaló que hasta el momento han emitido medida cautelar en Aguachica, Cesar, en el Cementerio Los Pobres para que no se permita el traslado de cuerpos, debido a que dichos traslados se estaban llevando a cabo de manera irregular. Esta entre otras determinaciones.

La Sala de Reconocimiento del tribunal de paz adelantó entrevistas a funcionarios públicos que conocieron posibles actos de secuestro en el marco del conflicto armado.

En lo disciplinario

La Procuraduría General de la Nación, en cabeza de Fernando Carrillo, ha emitido 990 acciones preventivas, alrededor de 123 acciones disciplinarias, 132 acciones están en estudio preliminar y al menos 41 actuaciones se han archivado.