Tras siete horas de debate, la sesión plenaria del Senado aprobó por 61 votos contra 2, el articulado de la reforma constitucional que crea en el país la Jurisdicción Especial de Paz, con la cual se llevará acabo la desmovilización y desarme de las Farc, conforme a lo que fue pactado en el acuerdo de paz con el gobierno.

La sesión que en esta ocasión sí tuvo las mayorías, incorporó 11 modificaciones al texto, el cual no fue votado por el Centro Democrático, partido que tras dejar constancias de estar en contra se salió y no votó.

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, al término de la sesión indicó que fue “un debate serio y responsable durante varias horas, se han aceptado reformas al acto legislativo, se hicieron 83 modificaciones al texto origina que enriquecieron el articulado”.

Cristo resaltó que “la aprobación de la JEP garantiza la desmovilización y el desarme de las Farc el primero de junio, garantiza su desaparición como movimiento armado y creación en partido político, y garantiza a las víctimas un sistema de justicia, reparación y no repetición, no solo con el tribunal para la paz con la comisión de la verdad, de una unidad de búsqueda, un tratamiento simétrico con la justicia”.

Por su parte el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, intervino en el debate y recordó que quedó claro, tras modificaciones en el acto legislativo original, que en materia de bienes ilícitos de las FARC serán objeto de extinción de dominio y dio cifras sobre las incautaciones que se han hecho.

“Se ha adelantado la incautación de toda clase de activos que en este momento ascienden ya a la suma de 1.2 billones de pesos y en lo que apenas va corrido de este año hemos incautado activos vinculados a las FARC del orden de 250 mil millones de pesos entre enero y febrero de este año”

El Fiscal, aseguró que la mayoría de sus propuestas  quedaron incluidas en el acto legislativo, a excepción de una, que finalmente fue incluida en el transcurso del debate referente al delito del narcotráfico.

“Tengo que reconocer señor ministro que ha generado los ambientes para el diálogo que haya permitido que todas las observaciones de la Fiscalía General, (…) hayan quedado incorporadas de alguna u otra forma a lo largo de este debate sobre la JEP. Pero el vacío que tiene el proyecto en materia de narcotráfico no puede pasar y por eso llevamos  hablando 15 días con el señor ministro a ver cómo darle a esto una solución  que parte de la siguiente premisa: el conocimiento de delitos asociados al narcotráfico debe ser de la jurisdicción ordinaria”, dijo.

Por ello, entre las nueve  proposiciones que se aceptaron se incluyó la que establece que una ley reglamentará el tratamiento especial diferenciado en lo relativo a los cultivos ilícitos y determinará en qué casos y bajo qué circunstancias corresponde a la Jurisdicción Especial para la Paz la  investigación y juzgamiento de esos delitos.

Las proposiciones

En total, fueron 11 proposiciones las aprobadas, una la ya mencionada sobre narcotráfico; dos, la que incluye en la Jurisdicción Especial para la Paz a aquellos condenados procesados investigados sobre la pertenencia a las FARC; tres, la que incluye que en las salas no podrán fundamentar sus solicitud y decisión basados exclusivamente en los informes recibidos por la jurisdicción especial sino que deberán corroborarlos por otros medios de prueba.

Cuatro, la que adiciona el parágrafo, que permite que se determine inhabilitación en participación en política; quinto, un cambio  de redacción en el artículo 12; sexto, una sala incidental que solucionará los conflictos de competencia entre la JEP y la jurisdicción especial indígena; séptimo, la que dice que el sistema integral tendrá un enfoque territorial diferencial y de género que corresponde a las características particulares de la victimización en cada territorio; octava, la que dice expresamente la obligación de todas las entidades públicas de ayudar a la Comisión Especial para la Paz y el acompañamiento de las víctimas en los procesos de búsqueda de identificación de personas desaparecidas en el marco del conflicto.