La implementación del acuerdo de paz supuso para el país la posibilidad de abrirle espacio a las reformas que se necesitan para ponerle freno a uno de los principales males que está desangrando económicamente al país: la corrupción.

No obstante, en el panorama persisten otros dilemas y son la forma cómo se está haciendo política y la dificultad para que las normas que evitan dicho flagelo prosperen.

En medio de esta disyuntiva e incluso antes de que estallara el escándalo de Odebrecht, en Colombia se comenzó a hablar de una propuesta que si bien se ha intentado sacar adelante en anteriores oportunidades, hasta ahora no ha sido posible: la financiación 100% estatal. 

Ernesto Matallana, abogado especializado en Derecho Público y docente de la Universidad Externado de Colombia, cree que de aplicarse esta iniciativa, se  debe controlar también la compra de votos.

“Debe haber el financiamiento estatal, pero además con un control de compra de votos, porque de nada me sirve que se prohíba el financiamiento privado si yo recibo plata por debajo de la mesa y con eso compro votos”, considera.

Desde la Misión de Observación Electoral (MOE), que hace parte de la Misión Especial que se creó en el acuerdo de paz para diseñar  una nueva reforma electoral, también han insistido en la necesidad de impulsar una propuesta que permita ponerle freno al río de dinero que circula por las campañas.

Según Alejandra Barrios, directora de la MOE, en el país hay muchos problemas para conocer el monto, el origen y la financiación de las campañas.

A todo esto se suma el hecho de que si bien los candidatos reportan cuentas desde que se inscriben, es evidente que antes ya están gestionando su candidatura, pero eso no implica un delito, según la ley, porque no hay reglamentación para los precandidatos.

De acuerdo con la MOE, uno de los gastos que más se quedan sin control son las donaciones que le llegan a los aspirantes. 

“Durante la campaña electoral del año 2014 para el Congreso, todos los candidatos se gastaron $196 mil millones y de ese dinero, solo el 8 % correspondió a anticipos y el 12 % a créditos bancarios, mientras que el 80% fueron donaciones y créditos personales”, recordó.

En el caso de las presidenciales, para  la segunda vuelta ninguno de los dos candidatos usó financiación estatal.

Así las cosas, para la MOE, contemplar la posibilidad de que sea el Estado el que asuma el 100% de los gastos sí sería conveniente para evitar el descontrol que existe, aunque el proceso será muy complejo.

Una misión complicada

Aunque la propuesta de establecer el 100% de la financiación estatal para las campañas políticas comienza a tomar fuerza, también es cierto que para ello se deben tener en cuenta muchos otros aspectos como la procedencia del dinero y las formas en la que se distribuirá.

Jhon Mario González, analista político, cree que antes de tomar cualquier decisión, se debe evitar también que el problema se traslade a otros escenarios electorales y que la compra de votos se siga imponiendo como una práctica normal de los procesos democráticos.

“Una solución estructural para que esto no suceda es que se lleven las tasas de desempleo al pleno empleo, al 5 %, por ejemplo, esperando que así la práctica se elimine por completo”, consideró el profesor.

A esto se le debe sumar la transparencia de otros procesos como la contratación, que es la que actualmente se utiliza para pagar favores de campaña.