En 2019, por cada 100 procesos que reposaban en los despachos judiciales, al menos 50 quedaron pendientes de trámite y resolución de fondo para este año en la mayoría de regiones del país.

Así lo advirtió la Contraloría General de la República, tras hacer públicos los resultados del seguimiento que adelantó a los indicadores de gestión de la Rama Judicial y en los que la principal conclusión fue que el “índice de congestión efectivo” en los distintos distritos judiciales alcanzó el 50, 75%.

Según el análisis hecho por el ente de control, el nivel de congestión detectado en cada una de las jurisdicciones fue el siguiente:

-Ordinaria: 49,40%.
-Administrativa: 60,02%.
-Disciplinaria: 58,84%.
-Laboral: 57,63%.
-Civil: 53,59%.
-De familia: 53,25%.

“En total, 34 distritos judiciales superaron el promedio nacional de congestión y los más congestionados fueron: La Guajira, Casanare, Cauca, Meta, Magdalena y Valle, que registraron índices por encima del 64,5%”, señaló la Contraloría en su informe.

El organismo destacó que, en contraste, hubo distritos como Pamplona (Norte de Santander), Manizales (Caldas), Armenia (Quindío), San Andrés y Providencia, Florencia (Caquetá) y Buga (Valle) en los que se encontró una congestión por debajo del 44%.

Escasez de personal

El otro dato que llamó la atención en el seguimiento hecho a la Rama Judicial, es que el rezago en el personal encargado de asumir la demanda de justicia de los colombianos  sigue siendo considerable.

“En un país como Colombia, con 50 millones de habitantes, se tiene una tasa de 10,95 jueces por cada 100.000 habitantes, cuando el estándar internacional determinado por la OCDE es de 65 jueces por cada 100.000 habitantes”, advirtió el ente de control.

De acuerdo con la información recopilada, en 2019 la planta adscrita a la Rama alcanzó los 31.525 funcionarios, de los cuales 5.473, es decir 17,4%, tenían funciones de juzgamiento. El informe agrega que por cada juez o magistrado hay 4,76 empleados judiciales, una cifra que se mantiene desde 2018.

“No hay evidencia de un incremento considerable en el número de personal juzgador vinculado a la Rama Judicial, pues se pasó de 5.471 en 2018 a 5.473 en 2019, con un aumento de tan solo el 0,04%”, asegura la Contraloría.

En contraste, la carga laboral para los jueces y magistrados aumentó en 2019 en un 4,27%, equivalentes a 882 procesos.

Apelar a las nuevas tecnologías

Como parte de las recomendaciones hechas a la Rama Judicial, el organismo de control fiscal señaló que es indispensable que se acelere la habilitación de las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, Big Data (Mega Data), bancos de datos e inteligencia de negocios.

“Estas son herramientas de las que ya dispone este organismo de control para ejercer sus funciones de control preventivo, vigilar en tiempo real el manejo de los recursos públicos y derrotar sin contemplaciones a los corruptos. Hay que masificar el expediente electrónico y digitalizar los trámites y procesos”, planteó.

En ese mismo sentido, consideran que es pertinente la capacitación de los funcionarios judiciales en este tipo de procesos digitales, pues de esta forma se podría no solo optimizar recursos, sino avanzar en la descongestión de los despachos.

“Es indispensable fortalecer el sistema de oferta gratuita de asesoría y asistencia jurídica para los ciudadanos que no tienen recursos, con el fin de evitar la sobrecarga de los despachos. También, es fundamental promover los mecanismos alternativos de solución de conflictos, como la conciliación, la mediación, el arbitraje, el amigable componedor y jueces de paz, para que no todos los conflictos lleguen a los estrados judiciales”, señalaron.

El informe se conoce apenas unas semanas después de que la Rama Judicial reactivara funciones, luego de más de tres meses en los que estuvieron suspendidos los  términos, por cuenta de las medidas para frenar la propagación del coronavirus.