La semana que termina le dejó al presidente de la Cámara, Carlos Cuenca, una derrota muy particular: el plenario no le acompañó en la idea de que las sesiones se mantengan común y corriente los martes y los miércoles y no los lunes y martes.

El cambio en la agenda de trabajo se debió a que de aquí hasta la última semana de octubre los congresistas tendrán una prioridad política de peso, liderar las campañas de sus candidatos a las elecciones regionales del día 27 de ese mes cuando se escogerán Alcaldes, Gobernadores, concejales, diputados y ediles, todos ellos claves para sus aspiraciones de reelección en marzo de 2022.

No valió la advertencia de Cuenca.

“Con esta propuesta se corre peligro de que las Comisiones no puedan sesionar, porque el lunes estarían llegando los congresistas de la región a Bogotá y el martes sería el día de lleno para la plenaria”, manifestó el dignatario de la Cámara.

Esa nueva realidad, sesionar lunes y martes, estaba casi que echada, el Senado de la República impuso ese modelo desde el pasado julio cuando su presidente, Lidio García, así lo dispuso para facilitar la campaña política en la región y el trabajo legislativo en Bogotá.

De ahí que la campaña se convierte desde ya en un ‘fantasma’ para que la discusión de más de 200 proyectos, ya radicados, en donde hay de toda índole se puedan colgar y frenar las pretensiones de partidos y el propio gobierno.

Lo que se ha hecho

En las ‘primeras de cambio’ de la legislatura se está avanzando en proyectos que venían represados del periodo anterior. El principal, que ya fue aprobado en la Cámara de Representantes, es el que prohíbe la casa por cárcel para los corruptos. 

El mismo, hace parte de las iniciativas que se propusieron en la consulta anticorrupción.

La iniciativa, que ya está en el Senado para sus dos votaciones restantes, es diferente a la que radicaron en el despegue de esta legislatura el Gobierno, la Fiscalía y la mayoría de los partidos, enfocado a la misma norma.

La exigencia de los pliegos tipo para toda la contratación estatal y no sólo para las obras de infraestructura es otro de los proyectos anticorrupción que ha avanzado. 

Esta semana fue aprobado en el tercero de sus cuatro debates y le resta tan sólo su paso por la plenaria de la Cámara para ser ley. 

Cadena perpetua

El proyecto, que ya fue radicado desde el 20 de julio, busca que todos los asesinos y violadores de niños y niñas, tengan presión perpetua. 

Aunque es de autoría propia de los legisladores, el mismo está acompañado por el Gobierno y la Fiscalía.

El presidente Iván Duque, al respecto ha insistido de manera permanente que el proyecto se puede discutir rápidamente, incluso lo defiende negando que se tramite como un “populismo punitivo”.

La iniciativa, que arrancó en su trámite en la Cámara de Representantes, ya tiene ponencia rendida de forma positiva en la Comisión Primera. 

Esta ley, si mantiene el apoyo político, podría estar convirtiéndose en norma legislativa antes de finalizar octubre, para lo cual recogería un reclamo del país por dar justicia a los menores de edad que son ultrajados y asesinados.

Los complejos

Pero mientras habría unidad en torno a la cadena perpetua, hay dos proyectos, radicados por el Centro Democrático, los que llevarían a la discusión sea larga, compleja y muy controvertido.

El primero es la reforma que se propone a la Justicia Especial de Paz, en donde el uribismo espera que se incorpore una subsala especial para que haga revisión exclusiva a los procesos que tienen los militares, sumado a que se aumenten los magistrados que los atenderán. 

Desde ya, en bancadas como el liberalismo y La U, han manifestado que no la acompañarán porque la misma es un cambio a la normatividad de los acuerdos de paz.

El segundo proyecto del Centro Democrático es el que permite la doble instancia para aforados con retroactividad, con la que se beneficiaría el exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, quien fue recientemente extraditado de los Estados Unidos y sigue pagando una condena.

Otro proyecto que agitará la discusión, pero en este caso de la oposición, es el que prohibiría en Colombia la fumigación aérea con glifosato de cultivos ilícitos.

El Presupuesto General de la Nación es por el momento el proyecto de mayor interés del Gobierno, por eso es que en la actualidad las Comisiones están adelantando debates de control a los ministros para que informen cómo quedó cada sector para 2020.

En la agenda legislativa para discutir está la ley de vivienda rural, iniciativa que pretende aumentar los incentivos para la construcción de este tipo de habitaciones en las zonas más apartadas del país. 

Asimismo, se plantean proyectos de créditos, fuerza pública,  uso de plásticos además la creación del Ministerio de Familia.