Las campañas políticas para el Congreso y la Presidencia de la República, la complejidad de los temas que están pendientes por estudiarse y la debilidad en que se encuentra hoy la llamada Unidad Nacional, tienen casi que hundida, a poco más de un mes para finalizar las sesiones ordinarias en Senado y Cámara, la ambiciosa agenda legislativa que radicó entre marzo y abril el Gobierno Nacional. 

Aunque el Congreso empezó con bríos el desarrollo de la implementación de lo que se pactó en La Habana con las Farc y su compromiso fue contribuir con el avance de este histórico acuerdo, la fluidez con la que fueron estudiados y tramitados varios de los proyectos de ley y reformas, mediante la vía rápida, fue perdiendo ritmo.

En esa medida, hoy son pocos los que hablan de los proyectos radicados como prioritarios para la paz del país y cuya aprobación es indispensable para la consolidación de lo acordado.

En proceso de arrancar su discusión están, por ejemplo,  proyectos como el que crea el mecanismo judicial de sometimiento a las bandas criminales, el que autoriza la despenalización de los pequeños cultivadores ilícitos y, el más reciente y que ahora reviste mayor importancia para el Gobierno, es el que tiene que ver con la reglamentación al procedimiento operativo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

En el Congreso de la República es tradición que durante el último periodo de sesiones (16 de marzo al 16 junio) son muy pocos los proyectos de ley que un gobierno logra sacar adelante, pues los intereses están centrados en la elección de los nuevos legisladores y del jefe de Estado siguiente, con el cual se deberán entender los senadores y representantes elegidos en las urnas. 

‘Sin gasolina’

Una de las voces más conocedoras de estos trámites legislativos, que los ha vivido como gobierno y ahora como congresista, es el senador liberal Horacio Serpa Uribe, quien no duda en reconocer que a la administración Santos “ya no le paran bolas” en el Congreso. 

“Cualquier gobierno de ocho años y más después de que han pasado siete y medio, y estamos a escasas semanas de la primera vuelta presidencial, tiene poca gasolina. Eso no le extrañe a nadie”, asegura Serpa, al analizar lo que pasará con la amplia y ambiciosa agenda. 

Precisamente Serpa es el ponente de una de esas leyes: la que da la operatividad al funcionamiento de la JEP. Este proyecto tiene mensaje de urgencia y de insistencia, es decir, se debe discutir de forma conjunta por las Comisiones Primeras tanto de Senado y de Cámara, y deberá tramitarse por delante de cualquier otro proyecto. 

Aunque se tiene esa estrategia para lograr su discusión, el congresista liberal y apoyo fundamental del Gobierno, reconoce que el país está adentrándose en un periodo de transición en el cual muchos empiezan a declinar sus labores, pues la expectativa está centrada en quién será el próximo presidente.

“Estamos en las diligencias para elegir al nuevo presidente. Entonces, la gente, no solo en el Congreso sino en el país, le para más bolas a los que tienen la posibilidad de llegar a ejercer el mando que a los que están con el sol a las espaldas”, aseguró Serpa.

El propio presidente Juan Manuel Santos hizo mofa hace algunas semanas de su panorama actual, por medio de una fotografía en la que aparecía acompañado de su perro Julio y el siguiente mensaje: “Cuando todos se quieren reunir con los candidatos y no con el presidente saliente”.

Una opinión similar a la de Serpa tiene el vicepresidente de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, Carlos Abraham Jiménez, quien coincide en que, además de que al Gobierno se le acabó la gasolina, pues ya no se tienen unas mayorías suficientes, el tiempo ya no da para tanto proyecto. 

“Es muy complejo el tiempo. Creo que solo alcanza para la JEP”, aseguró el congresista de Cambio Radical, quien además advierte que hay dos proyectos fundamentales que deben salir antes del 20 de julio y que no fueron presentados por el Gobierno.

Uno de ellos es el que establece la presencia de los diez congresistas de las Farc en las comisiones constitucionales, esto porque la reforma constitucional garantizó que llegaran, por 8 años, cinco senadores y cinco representantes, pero quedó pendiente una ley que amplíe el número de miembros en esas células legislativas. 

Otro de los proyectos que debe lograr su trámite, es el que determina cómo se hará la elección del nuevo contralor general de la República, porque este ya no se escogido por el Congreso de ternas que envían las cortes, sino con base en un concurso de méritos de una convocatoria pública. Esta semana, esa iniciativa logró avanzar en primer debate.

Carlos Abraham Jiménez, quien en el nuevo Congreso será senador, explica que proyectos como el de los pequeños cultivadores de ilícitos y el del sometimiento de las bacrim, generó muchas discrepancias, en especial por parte de la Fiscalía General de la Nación. 

Faltan mayores avances en Cámara

Una mirada más optimista a la agenda la hace el presidente de la Comisión Primera del Senado, Roosvelt Rodríguez, quien reconoce que sí ha habido una demora en el trámite del Congreso, pero, en su opinión, es más responsabilidad de la Cámara de Representantes, en donde se ha postergado la designación de ponentes, pues asegura que en el Senado ya se tienen los responsables de las ponencias. 

Rodríguez considera que el complejo proyecto de ley que busca no castigar con cárcel a quienes tengan cultivos de coca menores a 1,7 hectáreas, tiene como ponente al senador liberal Juan Manuel Galán y ya tuvo audiencia pública, pero falta que se haga lo mismo en la Cámara de Representantes. 

El presidente de la Comisión Primera del Senado discrepa de Serpa y dice que la responsabilidad del Gobierno está en llevar al Congreso los proyectos, y que este es responsable de discutirlos. 

“Si los proyectos fueron radicados por el Gobierno, tienen que avanzar acá en las comisiones como corresponde, se tiene que agilizar el trámite en el Congreso”, manifestó el congresista. 

Lo cierto es que, en medio de la primera vuelta presidencial, el Senado y la Cámara de Representantes deberán seguir con la discusión de las iniciativas, al menos, para que opere la JEP, razón por la cual no se descarta que haya sesiones extraordinarias, a no ser de que se logre el último acuerdo político en donde se evoque a la unidad nacional que funcionó como una fuerte maquinaria en el primer gobierno de Juan Manuel Santos.