“Si hablo ahora es porque quisiera que se hiciera justicia. No tengo cómo, pero sé que de pronto esto sí sirva para eso”.

Las anteriores son las palabras de una de las 21 mujeres que junto con la Corporación Humanas decidieron entregar información a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), sobre los abusos sexuales de los que fueron víctimas en el marco del conflicto armado en el Catatumbo.

Después de callar durante tantos años lo que les ocurrió, el grupo resolvió hacer visible su dolor y contar el horror que padecieron a manos de los grupos armados ilegales.

Sus trágicas experiencias fueron consignadas en un informe que le entregaron ayer a la JEP y a partir del cual buscan no solo que se puedan esclarecer los vejámenes a los que fueron sometidas, sino  soltar el peso con el que han cargado durante tanto tiempo.

Sus victimarios, según exponen en el documento, fueron los miembros de la desaparecida guerrilla de las Farc, que por décadas mantuvo una fuerte y violenta  influencia en el Catatumbo, así como integrantes del Ejército Nacional, institución que en los últimos días ha sido objeto de duros cuestionamientos por los casos de abuso sexual a menores en los que han resultado comprometidos algunos uniformados.

En el documento que ya reposa en los despachos de los magistrados de la JEP fueron documentados 23 casos de violencia sexual ocurridos a 21 mujeres, lo que indica que algunas de ellas fueron víctimas de este delito en más de una ocasión.

Allí también se señala que varias de estas mujeres fueron afectadas por otros tipos de violencia,  como desplazamiento forzado, amenazas, intentos de reclutamiento y utilización de menores de edad en el conflicto armado.

No importaba la edad

Según los datos suministrados en el informe entregado a la JEP, los hechos que allí relatan sucedieron entre 1991 y 2016 y tuvieron lugar en 10 municipios de Norte de Santander: Ocaña, Convención, Tibú, Sardinata, El Tarra, la Playa de Belén, Cúcuta, Lourdes, Cucutilla y El Zulia.

El rango de edad que tenían las mujeres en el momento en que fueron víctimas de violencia sexual oscilaba entre los 10 y los 43 años. Una tercera parte de las víctimas  tenía entre 7 y 21 años y algunas de las agredidas eran apenas unas niñas de cinco años o un poco más.

“Estas marcas son imborrables, porque eso fue en el 94, y ya ve, hoy son más de 20 años, pero a mí me duele igualito. Creo que me duele más que el primer día, porque el primer día yo no visualicé sino el dolor del cuerpo, pero ahora me duele aquí, me duele el corazón”, aseguró una de la mujeres que presentó el informe.

Cada una de las afectadas contó en su momento con acompañamiento sicosocial, lo que les permitió relatar lo vivido. También tuvieron acceso a redes de apoyo entre mujeres,  generando herramientas colectivas de bienestar sicosocial y eso les posibilitó el reconocimiento emocional entre ellas mismas.

Control territorial

Sobre los victimarios, el informe relata que las Farc perpetraron la violencia sexual en un contexto de control territorial, con la finalidad de castigar, dominar y corregir a sus víctimas.

Algunos de los hechos cometidos por este grupo fueron ejecutados entre varios guerrilleros, lo que evidencia que no eran casos aislados, ni individuales, sino que hubo un conocimiento por parte del frente guerrillero,  sobre la comisión, extensión y repetición de actos de violencia sexual.

Respecto a los delitos que se le adjudican a la Fuerza Pública, el informe advierte que la documentación sobre los casos enfrenta múltiples barreras: la tolerancia y normalización hacia este tipo de conductas por parte de la sociedad, así como los contextos de abuso de poder y el entorno de coacción por los agresores.

“Esto hace que el ejercicio de denuncia se torne prácticamente inviable, por lo que la Corporación Humanas insta a la JEP para que se desplieguen labores investigativas que permitan develar la magnitud de la violencia sexual cometida por el Ejército y la Policía Nacional en el marco del conflicto. Es decir, que se hace necesaria la reconstrucción de patrones de crímenes sexuales cometidos por miembros de la Fuerza Pública, no solo en Norte de Santander sino en todo el país”, expresaron en el documento.

Que se abra un capítulo nacional

La Corporación Humanas y las 21 mujeres que decidieron contarle sus relatos a la JEP  insisten en la necesidad de abrir un caso nacional sobre violencia sexual, violencia reproductiva y otros crímenes vinculados a la sexualidad, para que la justicia no siga llegando tarde a estas víctimas.

“Las sobrevivientes de violencia sexual de Norte de Santander enfrentaron el miedo, la ansiedad y la tristeza profunda para relatar lo vivido y así dejar este informe en manos de la JEP, con el único objetivo de encontrar verdad, justicia y reparación, para ellas y para todas las víctimas del país, como lo expresa una de las mujeres”, señalaron.

Una de ellas manifestó que sintió la necesidad de recurrir a la justicia especial para sentirse escuchada y respetada, “y no seguir cargando con este miedo a volver a pasar por lo que ya pasé, y para que no le pase a otras mujeres. Pedimos justicia para todas”.