La Jurisdición Especial para la Paz ordenó distintas entidades gubernamentales que le entreguen reportes sobre la situación de seguridad y registro de movimientos de Henry Castellanos Garzón, alias Romaña, exjefe de las extintas Farc y quien hasta el momento no ha atendido ninguno de los llamados a comparecer ante el tribunal de paz. 

La JEP emitió el auto 101 en el que la Sala de Reconocimiento y Verdad ordenó esos reportes a la Unidad Nacional de Protección, a la Fiscalía, al Ministerio de Defensa, a Migración Colombia, la Unidad de Investigación y Acusación, Misión de Verificación, Comando General de las Fuerzas Militares, DIJIN, Alto Comisionado para la Paz, y otras ocho entidades. 

Lo que el tribunal quiere determinar, por una parte, es si existen amenazas en contra de la vida de 'Romaña' que impliquen que no tenga garantías para asistir a las audiencias que se le han programado en el marco del proceso de paz firmado con el Gobierno. Por esa razón, la JEP solicitó a esos organismos que en cinco días certifiquen si el exguerrillero ha realizado solicitud de ingreso a programas de prevención o protección con medidas de seguridad. 

El el auto también se incluye al partido FARC que informe si ‘Romaña’ ha puesto en conocimiento a la hechos que hayan puesto en riesgo su vida e integridad física. 

Una vez se concluya la recolección de pruebas por parte de la JEP, lo que sigue en este proceso es que se constate si alias Romaña está delinquiendo de nuevo y si los rumores de que se está rearmando tienen fundamento. De ser así, el excomandante podría ser expulsado de la JEP.