El Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, aseguró que el acto legislativo que creó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el marco de un Sistema Integral es ajustado a la Constitución y permitirá hacer “tránsito a una paz sin impunidad”.

“Para la Fiscalía General dichas disposiciones constituyen convenientes instrumentos de justicia transicional que desarrollan la obligación del Estado Colombiano de respetar los derechos de las víctimas, diseñado al amparo de nuestra decisión soberana como Nación, para hacer tránsito a una paz sin impunidad, que asegure la implementación de mecanismos de resarcimiento”, dijo.

No obstante, Martínez le pidió a la Corte que precise las competencias de la JEP para sentar un debate que se está gestando sobre lo que pasará con las investigaciones en marcha que se originaron luego de que los magistrados de Justicia y Paz compulsaron copias en contra de agentes de la Fuerza Pública y terceros civiles que financiaron el paramilitarismo.

El debate al que hace referencia el fiscal consiste en que el Acuerdo establece, por un lado, que estas compulsas deberán pasar a la Jurisdicción Especial de Paz y, por otro lado, crea una Unidad al interior de la Fiscalía para que investigue el crimen organizado, para proteger a los defensores de derechos humanos, incluyendo a los residuos de los grupos paramilitares.

Para Néstor Humberto Martínez no es válido el reclamo que las Farc han hecho en el sentido de que la Fiscalía se dedica exclusivamente a afectar a esos residuos y a juzgar y sancionar a los terceros que apoyaron a los grupos paramilitares por la justicia ordinaria, porque esto implicaría que la JEP sería solo para las Farc y no para el resto de actores armados que actuaron en el conflicto.

“La Fiscalía considera que esa pretensión es inadecuada porque el conocimiento de dichos crímenes es exclusivo de la JEP. De lo contrario, el tratamiento especial previsto en la JEP para penas y no extradición, sería exclusivo para las Farc, dejando al resto de actores del conflicto en la justicia ordinaria, con penas de 60 años”, dijo.

Señaló que “subvertir la competencia exclusiva de la JEP, pondría en vilo el logro de una paz estable y duradera porque se haría tránsito de una guerra militar a una guerra jurídica”.

En términos generales, el fiscal Martínez le solicitó a la Corte que precise algunos artículos del Acto Legislativo 01 de 2017 para que quede en claro y en detalle, qué elementos quedan exclusivamente en la JEP y cuáles todavía tienen campo en la justicia ordinaria como, por ejemplo, de quién es la competencia para investigar y juzgar los delitos de testaferrato y enriquecimiento ilícito sobre los bienes activos que las Farc declaren y los que no declaren. O bien, sobre el delito de narcotráfico.

El fiscal general de la Nación le pidió a la Corte Constitucional, igualmente, que precise los alcances de las labores de la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos al estimar que, si bien es autónoma, no puede estar aislada al resto del aparato institucional, incluyendo la justicia ordinaria.

“Eso debe implicar que se obligue a la Unidad de someter la actuación al principio de colaboración autónoma, porque no puede sustituir investigaciones o impedir las investigaciones que lleva la justicia ordinaria”, dijo el funcionario durante la audiencia.

Para el fiscal Martínez, la Unidad debe entregar, de manera obligatoria y de oficio, elementos probatorios que encuenyte, tanto a la JEP como a la justicia ordinaria.

Mininterior pide avalar la herramienta de la JEP 

El ministro del Interior, Guillermo Rivera, defendió ante la Corte Constitucional el Acto Legislativo que crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no repetición, que se conforma con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Le pidió a la Corte que le dé luz verde a esas herramientas para poner fin a un conflicto armado de más de 50 años, y que necesitan entrar en marcha de manera efectiva.

Consideró que asegurar un escenario que rompa los círculos de violencia del país es la mejor garantía de los derechos fundamentales y que en situaciones de conflicto es necesario a acudir a herramientas jurídicas nuevas como la JEP.

Dijo que el debate en el Congreso fue integral desde el inicio de su trámite hasta su aprobación el 4 de abril de 2017, en cuatro debates, aprobado en bloque en las comisiones y plenarias.

Indicó que se hicieron dos audiencias públicas en las cuales se escucharon las opiniones de diferentes sectores de la sociedad civil como académicos, líderes de organizaciones sociales, víctimas del conflicto, entre otros.

Precisó que el punto 5 del Acuerdo, sobre las víctimas del conflicto, contempla la Comisión de la Verdad, la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en el Contexto y en razón del conflicto armado, la JEP, las medidas de reparación y las garantías de no repetición.

“La implementación en el menor tiempo posible de todas las medidas que se contemplan, tienen una finalidad esencial: garantizar los derechos de justicia, verdad y no repetición de las víctimas. En conclusión, se encuentra plenamente justificado que el Acto Legislativo 01 de 2017 se hubiese tramitado mediante el procedimiento especial para la paz en tanto guarda conexidad temática y está orientado a ofrecer garantías para el cumplimiento y fin del conflicto”, precisó.