La Jurisdicción Especial para la Paz, uno de los componentes fundamentales del acuerdo con las Farc, deberá seguir funcionando, al menos por un par de meses más, sin un reglamento en propiedad. 

La razón es que la ley estatutaria que define las normas básicas de funcionamiento de ese organismo aún no ha sido sancionada, pese a que fue aprobada por el Congreso de la República desde el año pasado, pero aún está pendiente de la revisión del texto por parte del presidente de la Cámara, Alejandro Carlos Chacón, para luego pasar por la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República. 

Esta norma, por ser estatutaria, debió ser revisada primero por la Corte Constitucional, que ya la avaló,  y desde mediados de diciembre pasado fue enviada al Congreso, a fin de que cumpliera con el trámite correspondiente, para su respectiva sanción. 

No obstante, a pesar de que pareciera un trámite sencillo y rutinario, este terminó envuelto en una controversia, toda vez que el expediente duró hasta finales de enero en el despacho del presidente del Senado, Ernesto Macías, y solo hasta comienzos de esta  semana recibió su firma, para posteriormente pasar a la Presidencia de la Cámara. 

En vista de las críticas que se levantaron en su contra por el aparente retraso de la ley estatutaria, Macías aseguró que él recibió el texto solo hasta el pasado 30 de enero a las 3:22 de la tarde y el 31 de enero, “en menos de 24 horas, se envió a la Cámara de Representantes”.

“Rechazo por injuriosa e infame la nota de 13 congresistas del Partido de la U, mediante la cual me sindican de ‘engavetar’ la ley estatutaria de la JEP como ‘maniobra dilatoria’. Mentiras. La firmé el mismo día que llegó a mi despacho y de allí salió al día siguiente”, escribió el senador en su cuenta de Twitter.

Lo que falta

Tras salir del Senado, la ley deberá ser firmada ahora por el presidente de la Cámara, quien una vez cumpla con este trámite, la tendrá que devolver al Senado, desde donde se remitirá a la Casa de Nariño. Allí, el trámite se hará ante la Secretaría Jurídica, la cual tiene un plazo de, al menos, 20 días para entregar el concepto al presidente Duque, quien decide si la sanciona o no. 

De manera extraoficial se ha dicho que el Gobierno no objetaría la ley de lleno, sino que solicitará al Congreso la revisión de algunos artículos. Uno de ellos sería el que tiene que ver con la forma cómo la JEP autorizará las extradiciones de los exguerrilleros de las Farc si continuaron delinquiendo después de dejar las armas. 

De ser así, el Congreso solo podrá abordar nuevamente la ley en sesiones ordinarias, es decir, después del 16 de marzo, esto porque las sesiones extras se convocaron únicamente para estudiar y aprobar el Plan Nacional de Desarrollo.