Las presuntas irregularidades que habrían rodeado la suscripción de un contrato por $33 millones para el suministro de 560 bolsas de polietileno destinadas al embalaje de cadáveres COVID llevaron a la Fiscalía General de la Nación a imputar cargos a varios exfuncionarios de la ESE Imsalud, durante la anterior administración.

Una de las implicadas es la exgerente de la entidad y actual titular de la ESE Suroriental (Chinácota), Katherine Calabró, a quien el ente acusador señala de haber incurrido, posiblemente, en peculado por apropiación de terceros y contrato sin el cumplimiento de requisitos legales.

Esos mismos delitos fueron formulados contra el jefe de la oficina de servicios generales para la época de los hechos, Sigward Abimelech Peñaloza Echávez, quien adelantó el estudio de necesidad del contrato, y a la entonces subgerente de Atención en Salud, Andrea del Pilar Mogollón Buitrago, encargada de la supervisión.

La decisión cobija, igualmente, al representante legal de la compañía Distrimédicos, Miguel Martínez Salazar. Esta fue la firma acreedora del contrato celebrado el pasado 8 de abril.

En el documento publicado en la página del SECOP (el portal de contratación del Estado), se puede leer que el valor de cada bolsa fue de $59.500, IVA incluido, para un total de $33’320.000.

Según lo informado por la Fiscalía ayer, mediante un comunicado, un fiscal del Grupo de Tareas Especiales COVID-19, con apoyo de la Dirección Especializada contra la Corrupción, evidenció que habría irregularidades y sobrecostos en el contrato.

No obstante, el ente acusador no precisó en cuánto estaría estimado el sobrecosto que le reprochan a los exfuncionarios de Imsalud.

Aunque en la audiencia concentrada que tuvo lugar el martes se produjo la imputación de cargos contra los exintegrantes de la ESE y el contratista, la Fiscalía se abstuvo de solicitar la medida de aseguramiento contra los implicados.

La Opinión conoció que lo que sigue ahora es que empiezan a correr los 120 días que establece la norma para que el organismo investigador acuse, si confirma que existen los méritos suficientes para hacerlo, o en su defecto precluye la investigación.

¿Qué dicen los implicados?

Sair Contreras, abogado de la exgerente de la ESE Imsalud, Katherine Calabró, explicó que la imputación que le acaba de hacer la Fiscalía a su defendida obedece a una presunta violación de los principios que rigen la contratación, como la transparencia y la selección objetiva.

Sin embargo, manifestó que el contrato para la compra de las 560 bolsas de embalaje se celebró por la misma necesidad que generó la pandemia y con fundamento en los decretos y resoluciones expedidos en el marco del Estado de Emergencia ordenado por el presidente de la República.

Contreras defendió el uso de la figura de la contratación directa a la que acudieron en este caso y dijo que la Fiscalía olvida que las normas expedidas desde marzo pasado avalan la posibilidad de hacer contratos como el que se está cuestionando.

Sobre el peculado por apropiación de terceros que le imputaron a su defendida, el abogado planteó que el ente acusador “desproporcionadamente califica que los servidores se enriquecen porque las bolsas están sobrevaloradas. El sobrecosto del que hablan es de unos $11 millones”.

Por su parte, el jefe de la oficina de servicios generales para la época de los hechos, Sigward Abimelech Peñaloza Echávez, señaló que en estos momentos prefería no pronunciarse sobre la investigación que avanza en su contra.

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La Opinión intentó comunicarse también con el contratista Miguel Martínez Salazar, pero su teléfono celular se encontraba apagado y en el número de la empresa que representa nunca respondieron. Tampoco fue posible contactar a Andrea del Pilar Mogollón Buitrago, la supervisora del contrato.

En el documento sobre los estudios de oportunidad y conveniencia del contrato que reposa en el SECOP se advierte que, en marzo pasado, mediante la Resolución 176, la ESE Imsalud resolvió declarar la urgencia manifiesta y adelantar las contrataciones directas estrictamente necesarias “que conlleven de manera integral a solucionar la emergencia presentada en el municipio”.

Así mismo, se señala que como parte de los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud para el manejo, traslado y disposición final de cadáveres  por COVID-19, “se estableció de carácter prioritario abastecer a la ESE con la compra de bolsas para el embalaje de cadáveres, ya que en la actualidad no hay existencia en el almacén para suplir la necesidad que se avecina, razón por la cual dicho elemento es de vital importancia por el alto grado de transmisibilidad e infectividad que conlleva una mala manipulación de los mismos”.

A finales de abril, como parte de la cruzada emprendida por los entes de control en defensa de los recursos para la atención de la emergencia por el coronavirus, la Contraloría Delegada para la Responsabilidad Fiscal abrió indagación contra la ESE Imsalud, por presuntos sobrecostos en el contrato 20-4-10679774-9795097 del 30 de marzo de 2020, para la compra de material médico quirúrgico.

“La Contraloría identificó siete ítems en los cuales existen presuntos sobrecostos. En los ítems 8 y 9 se contratan manómetros para balas de oxígeno grande y portátil respectivamente, por un valor unitario igual en ambos casos del orden de $459.000. Según la verificación de la Contraloría, los sobrecostos en estos dos ítems pueden alcanzar más de $40’000.000”, señaló en su momento el ente de control fiscal.

 Facsímiles del contrato de suministros que tiene en problemas a la exgerente de Imsalud, dos exfuncionarios más de la entidad y al contratista.