Trece personas que inscribieron su cédula en Ragonvalia fueron llamadas a interrogatorio por la Fiscalía General de la Nación, ante la sospecha de que pudieron haber incurrido en un presunto fraude electoral.

La decisión hace parte de una investigación que adelanta el organismo de control desde el 25 de octubre de 2014, fecha en la que  abrió el proceso de inscripciones de cédulas, con el fin de determinar posibles casos de trashumancia o trasteo de votos.

Como se ha advertido desde hace varios meses, Ragonvalia, es uno de los municipios de Norte de Santander que ha despertado la atención de las autoridades electorales, por el alto número de registros que se han presentado a la fecha.

Según el último reporte de la Registraduría Nacional, 480 ciudadanos han inscrito su cédula en los últimos nueve meses en esta localidad, lo que corresponde a un 148,61%. Para las elecciones de 2011, en este mismo lugar, 323 personas cumplieron con este trámite para poder participar en el proceso democrático.

Ante este panorama, la Fiscalía decidió abrir, de oficio, investigaciones penales contra aquellas personas que no tendrían por qué haberse inscrito en esta población.

“Aquí no se está haciendo un ejercicio de persecución al ciudadano. Queremos es que, a partir de estos interrogatorios, podamos analizar caso por caso, primero para establecer cuáles son las estructuras delincuenciales de políticos que están delinquiendo y tratando de incidir en las elecciones de octubre, las cuales están usando a los ciudadanos que en muchos casos desconocen estas normas”, manifestó el vicefiscal Jorge Fernando Perdomo.

En total, son 618 las personas de todo el país sobre las cuales hay indicios de que pudieron haber incurrido en un delito, al haber cambiado de lugar de votación, solo para favorecer a un candidato.

Los delitos por los que se les llamará a interrogatorio son, fraude en inscripción de cédulas y falso testimonio, pues de conformidad con la legislación penal y electoral, los ciudadanos solo pueden inscribir su cédula para votar donde nacieron, donde residen, donde trabajan y donde tienen el asiento por cuestión de negocios. Así mismo, porque cuando el ciudadano inscribe su cédula deja claro que declara bajo la gravedad de juramento residir en ese municipio.

Perdomo manifestó que con estas acciones la Fiscalía pretende evitar que la conocida práctica de trashumancia distorsione las democracias locales y que los ciudadanos ajenos a las comunidades terminen imponiendo los gobernantes.

“Los ciudadanos deben tener claro que cuando inscriben su cédula para votar en municipios en los que no están habilitados, con el propósito de hacer el favor a un grupo político, pueden estar incurriendo en la comisión de delitos que tienen una pena entre 4 y 12 años de prisión”, advirtió.

Al igual que la Fiscalía, el Consejo Nacional Electoral y el mismo Gobierno han anunciado una serie de medidas para evitar el trasteo de votos que se ha convertido en una práctica recurrente en cada proceso electoral, especialmente, en los de autoridades locales y regionales.