Los integrantes de las Farc que se encuentran en las cárceles del país iniciaron una huelga de hambre para reclamar por ejecución de la Ley de amnistía. 44 de ellos se cosieron los labios.

El cumplimiento de la ley de amnistía e indulto para los integrantes de las Farc que aún se encuentran en las diferentes cárceles del país, se convirtió en el reclamo más frecuente de la dirección de esta organización al Gobierno Nacional.

A esas exigencias se le suma la huelga de hambre que adelantan los insurgentes de ese grupo que se encuentran recluidos en las diferentes cárceles del país.

Son 1.437 de los 2.563 presos de las Farc, los que decidieron dejar de consumir alimentos en 18 centros carcelarios (ver gráfico), pero para radicalizar la protesta, 44 decidieron coserse los labios.

Rolando Acevedo Muñoz, conocido como “Octavio”, quien fue uno de los principales hombres del frente urbano Jacobo Arenas de las Farc y ahora es el vocero de los presos de esa organización, asegura que el Gobierno no está cumpliendo con lo planteado en la Ley de Amnistía. “Cerca del 70 por ciento de los ‘farianos’ siguen privados de su libertad”, asegura.

“Las Farc reconocieron que 3.400 de sus integrantes están presos. De ese número, 837 ya han salido beneficiados con la ley: 285 de ellos con la amnistía de Iure, 269 con libertad condicional y 283 han sido trasladados a las zonas veredales. Esto quiere decir que solo un 30% de los prisioneros de la organización han salido beneficiados”, aseguró.

Faltan certificados

Desde el año pasado las Farc enviaron al Gobierno la lista de los 3.400 guerrilleros que estaban en las cárceles. Con ese listado, la oficina del Alto Comisionado para la Paz inició un proceso de verificación para comprobar que en la lista estuvieran verdaderos miembros de esa organización.

Sobre este tema, el vocero de las Farc afirma que aún no ha certificado a 900 de los 3.400 insurgentes. Reconoce que “esas certificaciones, aunque no son necesarias para ser beneficiado por la ley de amnistía, si ayuda para que ese trámite sea más sencillo y ágil, sin embargo esas certificaciones las sacan gota a gota”.

Una consulta hecha con la oficina del Alto Comisionado para la Paz y desde allí explicaron que la certificación requiere de un proceso detallado, en el que no se puede dar el lujo de pasar un error, “porque eso podría significar que salgan beneficiadas personas que no pertenecen al grupo insurgente, los famosos colados, entonces es un trabajo que ha demorado, pero no hemos parado de hacerlo”.

¿Qué dice Minjusticia?

Desde el Ministerio de Justicia y del Derecho se asegura que desde que se aprobó la ley de amnistía, el 31 de diciembre 2016, el Gobierno ha apoyado su implementación, sobre todo en el desarrollo normativo y en la asesoría constante a los operadores judiciales.

El Ministerio asegura que “se cuenta con cartillas informativas sobre el contenido de la Ley de Amnistía, cómo se aplica, cuáles son los diferentes casos que debe analizar el juez o el fiscal para la aplicación de la norma”.

Esa cartera reconoce que “si bien, los primeros meses la implementación de la ley fue muy lenta, podemos decir que ha venido aumentando significativamente y por eso las cifras han mejorado ”.