La implementación del acuerdo de paz firmado por el Gobierno colombiano y las Farc avanza, pero es necesario hacer reformas estructurales, según un estudio del Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame (EE.UU.).

Las conclusiones forman parte del Segundo Informe sobre el Estado Efectivo de la Implementación del Acuerdo de paz en Colombia, que fue elaborado por el Instituto Kroc como parte del mandato incluido en el acuerdo de paz que le reconoce como veedor y encargado de monitorear el avance del proceso.

El representante de la institución en Colombia, Borja Paladini, explicó que en este momento es necesario pasar de una lógica de esprint como la que considera que se ha utilizado en los primeros 18 meses desde la firma del acuerdo a otra de maratón para sostener el ritmo durante 15 años.

En este sentido, señaló que a partir de ahora lo mejor que le puede pasar al acuerdo de paz no es sólo que se implemente, sino que de él salgan nuevos consensos.

“Se está planteando en Colombia con el gobierno del presidente Iván Duque un gran pacto nacional por la paz. Creemos que la implementación del acuerdo enriquece y da sostenibilidad a esa propuesta de pacto”, señaló Paladini.

De acuerdo con el Instituto Kroc es necesario mirar hacia adelante y observar la necesidad de ajustar el acuerdo a los retos existentes y a las nuevas realidades políticas.

Así mismo, consideró que es necesario que la implementación del acuerdo enriquezca y dé más sostenibilidad a ese gran pacto por la paz.

Sobre las reformas estructurales el informe asegura que con respecto al primer punto del acuerdo, referido a la reforma rural integral hace falta poner en marcha una normativa pendiente importante.

“Hay que ser más atrevido en la aprobación de nuevos instrumentos que permitan avanzar de forma ágil, innovadora y tecnológica en mecanismos de reforma rural”, subrayó.

Sobre la participación política, segundo punto del acuerdo, falta por aprobar una ley como la reforma político-electoral.

El representante en Colombia del Instituto Kroc también se refirió al apartado de Solución al problema de las drogas ilícitas, sobre el que aseguró que falta un tema pequeño pero importante, la aprobación de la ley de tratamiento penal alternativo para pequeños cultivadores de coca.

En su opinión, si no se aprueba hay una gran inseguridad jurídica para aquellos campesinos cocaleros que quieren sumarse a los proyectos de sustitución voluntaria de cultivos.

La gerente política del instituto, Carolina Naranjo, dijo que con el presidente Duque, cuyo partido, el Centro Democrático ha sido el principal opositor al acuerdo, más que temores ven oportunidades.