El más reciente informe del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana reveló varias inconsistencias en el gasto hecho por el Gobierno Nacional en el marco de la emergencia ocasionada por la pandemia del coronavirus.

Según las fuentes consultadas, el informe concluye que no hay transparencia en el uso de los recursos públicos dispuestos durante la coyuntura. Por un lado, no hay certeza de la magnitud de los dineros dispuestos ni de sus fuentes de financiación y, por otro lado, no hay certeza de cuales han sido los gastos efectivamente efectuados.

En la construcción de informe, el Observatorio descubrió que para hacer veeduría ciudadana es necesario cotejar las fuentes oficiales de consulta pública: decretos presidenciales, resoluciones ministeriales públicas, páginas web institucionales y declaraciones oficiales.

Entre los hallazgos revelados por el estudio se identifican indicios de un gasto mucho menor del anunciado por el Gobierno, pues, aunque este ha manifestado que está destinando el 11% del PIB (Producto Interno Bruto) a las necesidades de la pandemia, en realidad el 6% de ese porcentaje tiene que ver con recursos reservados para garantías de créditos, no con recursos gastados en atención a la emergencia.

Además, asegura que hay una gran diferencia entre los recursos que el gobierno dice en declaraciones públicas haber destinado a la crisis y los que pueden verificarse, ya sea en traslados a las entidades a cargo de la respuesta a la emergencia o en contratos firmados con este fin.

Expone también, que la principal fuente de recursos que verdaderamente puede constituir un gasto son aquellos que están centralizados en el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), que asciende al 2,4% del PIB.

Y resalta que hay una diferencia entre tener recursos a la mano para cuando se necesiten, que es justamente en lo que consiste el FOME, a gastarlos realmente durante la emergencia.

Al 21 de junio de 2020, los traslados del FOME y otras fuentes a distintas entidades del Gobierno para la atención a la pandemia son $3,6 billones o apenas 0,34% del PIB.

Inconsistencias en las declaraciones

Por otro lado, “si bien el ministro anunció $7,1 billones para la atención en salud, las resoluciones oficiales muestran transferencias de apenas $0,96 billones al Ministerio de Salud y al Instituto Nacional de Salud”, muestran las investigaciones hechas.

Por su parte, el viceministro expresó que se han puesto a disposición de la atención de la emergencia $117 billones, entre los cuales se han invertido $7,2 billones en atención en salud, $4,5 billones a la atención humanitaria, y se han dispuesto $60 billones como respaldo a créditos y $2,8 billones para las entidades territoriales.

Esto hace que se noten las discrepancias de $0,1 y $0,2 billones entre lo dicho por el ministro y lo anunciado por el viceministro, para salud y para atención humanitaria respectivamente, ya que $0,3 billones (o $300.000 millones) es una gran cantidad, cuyos cambios en destinación deberían ser rigurosamente documentados.

Además, dice el informe, “es de destacar lo poco pertinente de sumar a los verdaderos gastos adicionales por la emergencia $60 billones en garantías de créditos, que no son recursos gastados en atención a la emergencia, sino que únicamente se pagarán en caso de que quienes obtienen el crédito incumplan con sus compromisos”

Finalmente, el informe concluye que “en realidad, es difícil conocer la magnitud concreta de los recursos efectivamente destinados para la atención, que no hay cuentas claras con respecto a cómo se han utilizado, y, sobre todo, que hay una ausencia total de un plan concreto de gasto, peso por peso, de estos billonarios recursos”.

Cuestiona también que no exista un mecanismo efectivo para que la ciudadanía pueda hacer las consultas que requiera sobre el tema.