Hace un año el presidente de la República, Juan Manuel Santos, sancionó el texto de una de las iniciativas más polémicas en los últimos años, pero de la que aseguró que si se cumple, habrá valido la pena ser mandatario nacional: la Ley de Víctimas.

Una norma ambiciosa con la cual se busca indemnizar y restituir a más de cuatro millones de personas que han sido blanco de la violencia desde 1985.

La ley tiene dos ejes fundamentales: restitución de tierras y pago de indemnizaciones, para lo cual el Estado tiene previsto invertir 50 billones de pesos en los próximos 10 años.

Uno de los autores y promotores asiduos de esta ley fue el senador liberal Juan Fernando Cristo, una víctima más de la violencia, que en 1997 le arrebató a su padre a manos de la guerrilla del Eln.

Hoy, a más de cinco meses de haber entrado en vigencia la norma, el dirigente nortesantandereano hace el balance de cómo se está aplicando, qué hace falta y lo que se debe corregir en el camino.

¿Cómo va la Ley de Víctimas en su primer año?

La veo muy bien, gozando de cabal salud, me parece que está en las mejores manos. El Presidente acertó en el nombramiento de Paula Gaviria, en la Unidad de Víctimas; de Ricardo Sabogal, en la Unidad de Tierras, y de Gonzalo Sánchez, en el Centro de la Memoria Histórica. En estos seis meses (entró en vigencia el primero de enero) se ha logrado ir construyendo de forma seria las entidades que cumplirán la tarea; se aseguró la financiación, con la expedición del documento Conpes;  se expidió el Plan Nacional de Reparación; se están montando las unidades de víctimas en el país y se incorporó en todos los departamentos y municipios un capítulo en los planes de desarrollo dedicado a la atención a las víctimas. Vamos por buen camino, pese a que hay algunos agoreros del fracaso anunciado.
 
¿Quiénes son esos agoreros que van contra la ley?

Hay dos clases de enemigos de la ley: los de la extrema derecha legal y los ilegales. Los ilegales están interesados en el fracaso y pretenden que no funcione para mantener la propiedad de las tierras que les despojaron a los campesinos; los legales de la extrema derecha, porque siempre consideraron a las víctimas como un estorbo, nunca les gustaron y no creen que sea necesaria la reparación. Hay otros sectores de buena fe en la izquierda del país, dogmáticos, que al final no apoyaron la ley porque querían una más ambiciosa, pero esta fue la posible y es bastante buena; pese a ello, persisten en su actitud de señalar sólo vacíos y no los avances.
 
¿Habla del Polo Democrático?

Sectores, no todo el Polo.
 
¿Y qué tanto ha avanzado en lo judicial, está operando la justicia especial creada para tal fin?

Tenemos a quince magistrados nombrados en el país y 21 jueces de restitución de tierras, tal como se había planteado en las metas. Los jueces y los magistrados no tienen trabajo, porque las solicitudes de restitución tienen que pasar primero por la Unidad y hacer su trámite administrativo durante 90 días. Confío en que en menos de un mes la Unidad de Restitución estará presentando a esos jueces y magistrados las primeras solicitudes de devolución de tierras a los campesinos.
 
¿Cuándo cree que las víctimas empezarán a ver los beneficios de la ley?

La reparación integral ya la están empezando a tener. Este fin de semana el presidente Santos, en Medellín, entregó las primeras indemnizaciones a víctimas de Antioquia, que son más de 18 mil. Además van a tener el acompañamiento del Estado, en salud, educación y vivienda.
 
¿Y las tierras?

No se ha restituido una sola hectárea, hay que ser claros. Nadie esperaba que a los seis meses se tuvieran, pero según lo anunciado, si los jueces reciben antes de finalizar junio las primeras solicitudes, en octubre o noviembre, con toda seguridad, vamos a estar presenciando las primeras restituciones en distintas zonas del país.
 
¿Cuál es la zona más quedada en el país?

Tengo una preocupación en general. En la articulación del Gobierno Nacional con los entes territoriales (municipios y departamentos) hay que hacer mucho más; estamos viendo avances desiguales, dependiendo de la voluntad política de los gobiernos de turno. Por ejemplo, hay gobiernos como los de Bogotá, Medellín, Antioquia, Bolívar, Norte de Santander y Meta, para citar algunos, que están metidos de cabeza en la implementación de la ley. En los planes de desarrollo es claro que es una prioridad. Hay otros departamentos y municipios en donde no le han dado tanta prioridad al tema y es en donde debe haber ese esfuerzo de parte del Estado.
 
¿Cuáles entes territoriales le preocupan?

Departamentos como Atlántico, Magdalena o Huila, en donde se podría hacer muchísimo más.
 
Habla de voluntad política, ¿eso significa que hay alcaldes y gobernadores que no quieren apoyar la ley?

No creo, no hay evidencia alguna, al menos en los departamentos, en los municipios no lo sé. Hay unos muy comprometidos y otros menos.
 
¿Cómo hacer que las tierras sí sean productivas al regreso de las víctimas?

Viene un tema fundamental, que es la Ley de Desarrollo Rural, la cual debe presentar el Gobierno el 20 de julio. Siempre hemos hablado que el acompañamiento rural de tecnología y comercialización debe tener como prioridad las tierras devueltas a los campesinos. Los primeros beneficiarios de esa ley deben ser las víctimas que retornaron a sus predios.
 
¿Cree que sí está asegurado el dinero para los pagos a las víctimas?

Lo primero es aclarar que a las víctimas no se las puede reducir a un cheque, al pago de la indemnización, ese es sólo un paso de la reparación. En la indemnización se ha avanzado mucho, había un rezago del Gobierno anterior. Se recibieron muchas solicitudes, se reconocieron víctimas, pero no se incorporaron recursos al presupuesto nacional. Lo que está haciendo este Gobierno es acabar con ese rezago. Además se prevé que en total, este año, se van a indemnizar a más de 130 mil víctimas. Los recursos están asegurados en el Conpes, que supera los 50 billones de pesos.
 
¿Qué más está quedado de la ley?

Hay un tema que no ha funcionado suficientemente y el Gobierno tiene que ponerle atención: el programa de recuperación psicoterapéutico. La ley lo creó, las víctimas lo necesitan en todo el país. Debe haber un proceso de adaptación para reconstruir su proyecto de vida. Nos hemos concentrado en las tres entidades y este programa está en el Ministerio de Protección Social; como vino la división, parece que nos quedamos ahí y no es prioridad.
 
Otro tema que preocupa hoy son las amenazas contra los líderes de restitución, ¿cómo analiza usted este fantasma?

Sin duda en regiones como Antioquia, Córdoba o Chocó hay sectores de las bandas criminales, de los antiguos paramilitares; en algunas, incluso, de las propias Farc, interesadas en apostarle a atemorizar a los líderes de víctimas, para que no vayan al Estado a reclamar, crear un temor colectivo. Ahí el Gobierno ha hecho una buena tarea en la Unidad de Protección, se les ha dado prioridad a las víctimas y se les acompaña con esquemas de protección individual.

Seguridad, el mayor reto

Al cumplirse el primer año de la sanción de la histórica Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Interior, hizo un análisis de los resultados de la iniciativa que se convirtió en uno de los principales retos del presidente Juan Manuel Santos.

Sin embargo, cinco meses después de haber entrado en vigencia la norma, el Ministerio reconoce que uno de los mayores inconvenientes que ha tenido que afrontar la norma ha sido la intimidación de la que han sido víctimas los líderes de la restitución.

“Contrarrestar las amenazas y disminuir las vulnerabilidades de las víctimas para garantizar su debido retorno o reubicación, es el principal reto del Ministerio del Interior, en cabeza de la Unidad Nacional de Protección (UNP), entidad que tiene a su cargo todos los esquemas de seguridad del Estado”, señala el Ministerio en un informe oficial.

Y es que según esta Unidad, desde enero cien líderes del procesos han sido cobijados con medidas de protección y 30 más están próximos a entrar al programa.

“Nuestro objetivo es brindar protección integral a 150 dirigentes campesinos en los próximos meses”, aseguró Andrés Villamizar, director de la UNP.

Las medidas de protección otorgadas a los beneficiarios de este programa van desde entregarles chalecos antibalas y medios de comunicación para que alerten a las autoridades ante las posibles amenazas que encuentren en su entorno, hasta esquemas consolidados de seguridad, integrados y reforzados por miembros de la Policía y vehículos de blindaje pesado.