A horas de que venza el plazo para que el presidente Iván Duque anuncie si sanciona u objeta la ley estatutaria que reglamenta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), siguen apareciendo voces que le piden al jefe de Estado darle vía libre a la trascendental norma y otros que insisten en su hundimiento.

La decisión ha cobrado tanta relevancia, que hasta los países que fueron garantes en el proceso de paz con las Farc, han tratado de interceder para que el jefe de Estado no le cierre la posibilidad a que se siga avanzando en la aplicación de la justicia transicional a quienes hicieron parte de un conflicto de más de 50 años.

Por medio de una carta, Cuba y Noruega le pidieron a Duque no objetar la ley estatutaria y le sustentaron las razones por las cuales creen que esta norma debe seguir su curso, para que la JEP pueda cumplir la misión para la cual fue creada.

“La adopción de la ley estatutaria para la aplicación de la JEP constituiría un paso esencial en la preservación y continuación del acuerdo final alcanzado. Asimismo, será un modelo para garantizar la verdad, justicia, reparación y no repetición para las víctimas de conflictos en otros procesos de paz en el mundo”, manifestaron los delegados de los países que fueron claves en la firma de la paz con las Farc.

Para los garantes, la JEP es la columna vertebral sobre la cual se construyó el histórico acuerdo con la guerrilla más antigua del hemisferio y  si se objeta la ley que reglamenta su funcionamiento, “quedará en vilo la implementación en sus aspectos más fundamentales”.

Creen, además, que objetar la norma traerá necesariamente unas consecuencias.

“El secretario general de la ONU, el Consejo de Seguridad, representantes de la Corte Penal Internacional y comunidad internacional en su conjunto, han expresado sus preocupaciones en este sentido, y velan porque una involución del pacto alcanzado no se convierta en un precedente negativo en otros procesos de paz que tienen lugar en el mundo”, señalaron.

Liberales también abogaron por la ley

Durante un encuentro con el presidente Iván Duque, los liberales, defensores del acuerdo de paz de La Habana, también le insistieron al mandatario en la necesidad de que se sancione cuanto antes la ley estatutaria.

“Hoy la JEP es una realidad constitucional que nadie puede negar, pero tenemos que darle mayor fortaleza política y sancionar, ojalá sin objeciones, la Ley Estatutaria”, aseguró el senador Luis Fernando Velasco.

Para el dirigente, es muy importante honrar la palabra que el Estado empeñó con quienes dejaron las armas y recordó que en este caso no se puede hablar de objeciones por constitucionalidad, porque la ley estatutaria ya superó este control.

Azules piden objetarla

Y mientras que los liberales le han insistido al presidente Duque que no deje sin bases la Jurisdicción Especial para la Paz, desde el conservatismo la petición va en el sentido contrario.

El recién posesionado presidente de la colectividad, Omar Yepes, lideró una solicitud al jefe de Estado para que devuelva la ley al Congreso, con el fin de hacerle las modificaciones necesarias.

“La preocupación que nos genera esta decisión de la Corte Constitucional tiene que ver con la brecha que se abre a diversas interpretaciones fácticas, incluyendo aquellas lecturas amañadas sobre los hechos que podrían perseguir el interés de ocultar nuevos delitos de narcotráfico bajo el manto de ser delitos de ejecución permanente que comenzaron con anterioridad al primero de diciembre de 2016”, señalan los azules.

Además, manifiestan que es importante que a la sociedad le quede claro que cualquier desmovilizado que reincida, debe ser juzgado por la justicia ordinaria.