Tras realizar una reunión con la Comisión Nacional de Moralización, el presidente de la República, Iván Duque Márquez, pidió a su equipo de Gobierno trabajar para presentar el próximo 20 de julio  un proyecto de ley  de lucha integral contra la corrupción.

De esta manera, la secrettaría de Transparencia, Beatriz Londoño, será la encargada de que se unifiquen las propuestas evaluadas durante las sesiones, con el propósito de construir un articulado que permita enfrentar el fenómeno de la corrupción de manera coordinada.

“Tenemos que fortalecer la acción del Estado como un todo y presentar un proyecto de ley único, robusto, que nos permita ser más eficaces en todo lo relacionado con proteger a los denunciantes, a las personas que dan información sobre la corrupción, en lograr la responsabilidad penal de las personas jurídicas, en lograr una mejor gestión; tenemos que mejorar más en las acciones de extinción de dominio contra personas que han sido condenadas por corrupción y lograr la reparación integral del Estado”, agregó la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez.

Duque solicitó a los organismos de control fortalecer el seguimiento a los recursos destinados al sector salud y a las contrataciones relacionadas con la atención de la pandemia por el COVID-19.

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En la sesión estuvieron el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Diego Molano; las ministras del Interior y de Justicia, Alicia Arango Olmos y Margarita Cabello Blanco, y la Secretaria de Transparencia de la Presidencia, Beatriz Elena Londoño; el director de la Función Pública, Fernando Grillo; el gerente para la Atención Integral de la pandemia del Covid-19, Luis Guillermo Plata, y el director de la agencia Colombia Compra Eficiente, José Andrés O’Meara.

También estuvieron presentes el presidente del Congreso, Lidio García; el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Alberto Cuenca; el contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba; el procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez; la auditora General de la República, Alma Carmenza Erazo; el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, y el defensor del Pueblo, Carlos Negret.