El Gobierno Nacional, representado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, presentó ante la Embajada de Venezuela en Colombia la solicitud formal de extradición de la prófuga excongresistas conservadora Aída Merlano, quien fue capturada en el vecino país. Según explicó la Cancillería, en días pasados recibió del Ministerio de Justicia la solicitud de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, para el pedido formal de extradición, para que fuera enviada, como canal diplomático, al Gobierno de Venezuela. “El propósito es que el presidente Guaidó, adelante todas las gestiones que permitan que la señora Merlano regrese a territorio colombiano, responda por sus delitos y cumpla la condena que le ha sido impuesta”, señaló la Cancillería en un comunicado emitido este jueves. 

Desde el ministerio aseguraron que acogerán el ofrecimiento que hizo Juan Guaidó en días pasados, cuando aseguró que está dispuesto a brindar toda su colaboración y la de las instituciones “legítimas” de Venezuela, en la atención a este caso. “El compromiso del presidente Guaidó y de la Asamblea Nacional que él también preside, con el Estado de Derecho y la cooperación internacional en la lucha contra el delito, son un respaldo para el buen término de esta solicitud”, indicó la Cancillería.

El Ministerio de Relaciones Exteriores reprochó del gobierno de Nicolás Maduro que haya expulsado a todo el personal diplomático y consular de Colombia, ya que esto afectó el normal funcionamiento de los mecanismos de cooperación internacional judicial.

“En particular, Colombia condena la actitud complaciente del régimen ilegítimo de Maduro que, transcurridos 17 días desde que anunció la presunta captura de esta fugitiva, ha optado por concederle condiciones para que ella pueda públicamente evadir su responsabilidad y alegar persecuciones del Gobierno colombiano que no existen, e incluso intentar preconstituir un caso de asilo”, dijo.

Ante esto, “Colombia hace un llamado a la comunidad internacional a que exija al régimen ilegítimo de Maduro que cese la protección ilegal a la señora Merlano y permita su devolución al territorio colombiano conforme a las órdenes judiciales vigentes en su contra”.

La excongresista colombiana fue detenida el pasado 27 de enero en el sector El Milagro, de la ciudad de Maracaibo (Venezuela), por las Fuerzas de Acciones Especiales de ese país, al corroborar que la colombiana ingresó a territorio venezolano de forma ilegal.

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La captura se registró cuatro meses después de su cinematográfica fuga el primero de octubre del año pasado, tras acudir a una cita odontológica en el consultorio del dentista Javier Cely Baraja, un teniente coronel retirado del Ejército, que salió de las filas militares por sospechas de hechos de corrupción.

En el vecino país, Merlano fue imputada por tres cargos penales: usurpación de identidad, uso de documento falso y asociación para delinquir, según dio a conoce en su momento el fiscal general de la república, Tarek William Saab.

En su primera presentación ante un juez venezolano, la prófuga excongresista lanzó una serie de acusaciones que fueron motivo de revuelo en Colombia. En sus declaraciones sostuvo que “el gobierno de (Iván) Duque me raptó. Los raptores me contaron todo, me iban asesinar y a enterrar en una finca de Valledupar para que nunca me encontraran”.

También anunció que está dispuesta a denunciar la corrupción que hay en Colombia y se declaró “víctima de las familias políticas más importantes, los Gerlein y los Char, porque no quieren una nueva clase política”.

Cabe recordar que en la condena a 15 años que le impuso la Corte Suprema de Justicia por delitos electorales, ya se había solicitado la investigación contra las castas políticas tradicionales, con el fin de esclarecer cómo funciona la corrupción electoral en el país y, en especial, en la Costa.