En el marco del Congreso Internacional de Política Penitenciaria y Carcelaria, el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, anunció que se presentará una iniciativa legislativa para reducir el número de tipos penales sobre los que interviene la el organismo acusador del Estado.

“Desde la semana pasada un grupo técnico de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo Superior de la Judicatura, del Ministerio de Justicia, (…) estamos haciendo un detallado análisis de los tipos penales. Esta una gran noticia porque hemos asumido el compromiso de presentar el próximo 20 de julio un proyecto de ley sobre la materia”, afirmó el Fiscal.

Lo anterior porque para Martínez, la jurisdicción es muy amplia y se debe revisar si realmente es efectivo el proceder de la Fiscalía en temas como la inasistencia alimentaria, el daño en bien ajeno, el prevaricato después de estudiarse en tutelas, los cheques sin fondos, entre otros, pues cree esta es la “criminalización de la vida social”. El Fiscal mencionó unas “pildoritas” al respecto.

“El muchacho que rompe un vidrio a la cárcel. ¿Cuál es el tratamiento de ese tipo de conductas en sociedades que tienen una cultura mucho más humanista que la nuestra?, ¿cómo se delega el tratamiento de ese tipo de conductas en el poder de la Policía? Esto tiene que llegar necesariamente a la Fiscalía General de la Nación, es el 2.21 % de la actividad”, afirmó.

Pero también criticó el manejo que se da a los problemas de las cuotas alimentarias: “El Estado ha asegurado en una ley que si el padre no cumple con las cuotas se encargará de enviarlo a la cárcel para tener la seguridad plena de que nunca va a pagar la cuota alimentaria”.

Para estos casos, dijo Martínez, en otros países la persona que tiene capacidad de pago y no cumple con su obligación se le sustrae del ciclo económico, lo que para él sí representa una sanción efectiva.

Y agregó: “Hay 27.236 denuncias en lo corrido de este año. ¿Tendrá esto sentido?”.