A un año de las nuevas elecciones locales y en momentos en que los interesados en buscar un cupo en gobernaciones, alcaldías, asambleas y concejos ya empiezan a moverse para estructurar esas plataformas con las cuales buscarán sacar victoriosos sus proyectos, la Misión de Observación Electoral (MOE) dejó en evidencia cómo ser donante de  una campaña se ha convertido en el negocio más rentable de los últimos años.

De acuerdo con una investigación adelantada por la veeduría, con base en los comicios de 2015, y que se denominó ‘Democracias empeñadas, de financiadores privados a contratistas públicos’, la rentabilidad de aportar a campañas políticas, en comparación con otras actividades legales, es del 3.741%.

La finca raíz, por ejemplo, apenas deja una ganancia del 5,1%, la bolsa el 12% y el bitcoin que está en furor, el 1.400%.

“En Colombia, donar a campañas políticas es uno de los mejores negocios legales que existen. En algunos casos, las empresas o personas naturales deciden donar para aumentar su probabilidad de contratar con el Estado. En estos hechos, el apoyo privado a las campañas electorales se desvirtúa y se convierte en una herramienta que termina corrompiendo el sistema político y electoral”, concluye la investigación.

Según los resultados de este análisis, en la pasada contienda local, 485 donantes hicieron 534 aportes a campañas políticas por un monto de $4,4 mil millones. Entre estas 485 personas recibieron 2.410 contratos de parte de las administraciones, por un monto de $169.000 millones. El valor de los contratos adjudicados equivale a 39 veces el valor donado en campaña.

Norte de Santander

Aunque Norte de Santander no es el departamento en donde más prevalece la relación entre donante-contrato, (siete municipios, de los 29 analizados dejaron en evidencia esta práctica), sí llama la atención el alto porcentaje de retorno para los financiadores.

En el caso de la campaña para la Gobernación que tuvo lugar hace tres años, cuatro donantes que aportaron la suma de $139 millones a la candidatura ganadora de William Villamizar Laguado, posteriormente se hicieron acreedores de 14 contratos por $1.279 millones.

Esta cifra les representó una tasa rentabilidad del 918%, que difícilmente podrían adquirir en otro negocio.

Los investigadores también encontraron que en Ábrego, Chinácota, Convención, Durania, Labateca, Los Patios y Ocaña, 13 financiadores de campañas fueron beneficiados con contratación pública por las actuales administraciones.

Estas 13 personas hicieron aportes por $226 millones, unos $17 millones cada una, pero a cambio recibieron contratos por $1.839 millones, es decir, un promedio de $142 millones para cada una. La tasa de retorno fue del 813,7%. Es decir, estos aportantes ganaron aproximadamente ocho veces lo que le donaron a la campaña de su candidato.

El otro dato que causa inquietud es que, en todo el país, el 22,7% de los contratos que se les adjudicaron a aquellas personas que contribuyeron con una campaña fue mediante modalidad directa.

Otro 33,5% de los contratos encontrados fueron adjudicados bajo la figura de régimen especial y otro 9,5% por modalidades de mínima cuantía. El 34,1% restante está dividido en tres tipos de contratación: licitación pública, subasta y concurso de méritos.

“De acuerdo a la clasificación hecha por Colombia Compra Eficiente, los contratos fueron adjudicados en siete sectores macro, siendo el sector de servicios el que mayor cantidad de contratos y el que mayor monto agrupa”, señala la investigación.

Financiadores que no podían ser contratistas

La ley electoral en Colombia es clara en que aquellas personas que hayan donado a una campaña por encima del 2% del tope establecido, no pueden contratar con la entidad a la que le donaron. Sin embargo, en la contienda local de 2015 esto no se cumplió.

Así lo detectó la Misión de Observación Electoral, al cruzar la relación de donantes y ganadores de contratos, donde encontró que de los 485 financiadores de campañas que recibieron contratos públicos, 267 (55%) superaron el límite máximo del 2% de donaciones. 

Esto quiere decir que esos financiadores no podían contratar con el Estado, salvo que el objeto fuera la prestación de servicios profesionales.

No obstante, el 59% del valor total de los contratos ($100.000 millones) fue otorgado a personas posiblemente inhabilitadas.

“123 de las 267 personas que donaron más del 2% permitido recibieron contratos públicos por un valor al menos 10 veces superior a la donación; 15 casos recibieron más de 100 veces lo donado, y el caso más extremo es aquel que recibió contratación por un valor 4.230 veces mayor que su donación”, asegura la MOE.

En el caso específico de Norte de Santander, los investigadores encontraron seis municipios en los que se sobrepasó el 2% de financiación y en los que posiblemente hubo adjudicación de contratos a personas impedidas.

“Lo más grave es que a pesar de esto, no existe en la Reforma Política ningún tipo de abordaje a este problema”, manifestó la directora de la Misión de Observación Electoral, Alejandra Barrios. 

‘No hay capacidad de seguimiento’

En febrero de 2017, la alcaldesa de Ocaña, Miriam del Socorro Prado Carrascal, fue capturada en el marco de una investigación que se sigue en su contra, precisamente, por contratar con una persona que financió su campaña en 2015.

Sin embargo, a diferencia de este, son pocos los casos que trascienden, toda vez que la capacidad para hacerle seguimiento y control a los recursos de las campañas es mínima.

“El presupuesto anual que tiene el Consejo Nacional Electoral representa menos del 5% del total de los recursos que los candidatos invierten en una campaña electoral”, asegura la MOE.

La Misión también advierte que durante el proceso contractual, las alcaldías y gobernaciones no siempre revisan si el oferente fue donante a la campaña del funcionario público.

Red expandida

El otro fenómeno que dejó al descubierto la investigación de la Misión de Observación Electoral es aquel en que una persona hace una donación en determinado municipio, pero después recibe, al menos, un contrato por parte de otra administración municipal o de la administración departamental.

“Este tipo de fenómeno puede explicarse en la medida que tanto las administraciones locales como los financiadores de campañas, en su interés de no verse inhabilitados por las reglas de contratación pública, ni tampoco relacionados en términos de contratos públicos, buscan evadir esta normatividad incidiendo en la contratación de otros municipios para ‘pagar favores políticos’ concebidos en época electoral”, asegura la MOE.

Los departamentos que más concentran municipios en donde se registran este tipo de hechos son: Antioquia (61), Cundinamarca (49), Nariño (33), Valle del Cauca (22), Norte de Santander (18) y Cauca (16).

Hay un segundo grupo de la red expandida, que hace referencia a aquellas personas naturales o jurídicas que hicieron una donación económica a determinada campaña a la Gobernación y, posteriormente, recibieron contratos por parte de un municipio, habiendo en este caso una relación “departamento-municipio”.

En Norte de Santander, esta situación se presentó con 16 donantes que aportaron $137 millones y recibieron 41 contratos en diferentes municipios, por  $3.731 millones, es decir, 27 más de lo donado.