Patricia Linares, magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz, reconoce que aún hay mucha gente que tiene “desconfianza y reserva” del tribunal que preside. Más aún con las tormentas que se han desatado en las últimas semanas y que se iniciaron con la detención del fiscal Carlos Bermeo y han continuado con las objeciones presidenciales y el llamado de la Comisión de Acusaciones por presuntas irregularidades en la contratación de la entidad.

A los constantes ataques verbales de parte del Centro Democrático contestó con una carta al senador Álvaro Uribe, líder de esa colectividad, en la que le pedía uso de un lenguaje moderado. A las críticas sobre las presuntas anomalías en los contratos respondió publicando en su página de internet la relación de monto, nombre, fecha y funciones de los contratos que suscribió el año pasado y los que han firmado este año.

“Están en todo su derecho en hacer propuestas, incluidas las de las reformas, están en todo su derecho, pero desde un lenguaje democrático”, dice Linares en clara alusión a sus detractores. En entrevista con Colprensa, habla además de los respaldos internacionales, de los reparos del Gobierno a la Ley Estatutaria y del funcionamiento del tribunal.

Mientras múltiples voces de organismos multilaterales y embajadores europeos expresan su respaldo a la JEP, internamente parece que el mensaje va en contravía. ¿Qué lectura le da a eso?

Eso no es tan raro ni tan ajeno a este tipo de procesos, las primeras fases son supremamente difíciles. Es más fácil que afuera, que se mira con más serenidad, más objetividad y sin estar afectados por el dolor que puede suponer haber sido víctima directa o indirecta, que vio el horror que suponen los crímenes de guerra o de delitos de lesa humanidad, que en un contexto que ha mantenido esa situación durante más de medio siglo. Por eso no es extraño que haya mucha desconfianza, mucho miedo a qué es lo que va a pasar. (Afuera) analizan de manera objetiva cuál es el contenido y el alcance, las características del modelo y es un modelo que ofrece no impunidad, verdad plena, reparación integral a través de justicia restaurativa.

Toca usted uno de los puntos por los que más los critican: la impunidad. ¿Qué responderles a quienes insisten en ello?

Que nos den tiempo. Que nos den los recursos y cuando hablo de recursos no me refiero a los financieros, sino normativos. Por eso la insistencia de tener una ley estatutaria. Nosotros podemos funcionar y hemos funcionado porque así lo dispone la Constitución en su artículo quinto transitorio que tenemos que funcionar aún sin las normas especiales, pero va a ser más difícil y cada día más difícil. Entonces, que nos den la oportunidad de tener esos recursos normativos para avanzar y serán nuestras decisiones las que van a permitir que la gente vea que en realidad no hay impunidad.

Pero esas mismas voces dicen que ustedes deben empezar a mostrar decisiones… 

Estamos hablando de medio siglo de guerra, 10 millones de víctimas registradas, miles de comparecientes, hasta hoy postulados a la jurisdicción alrededor de 12.000, luego no puede esperar la ciudadanía que tengamos decisiones en un mes o dos meses. Estos se construyen, por ejemplo, a través de grandes casos. Un solo caso, que es el 001, que la gente conoce como el de los secuestros, están hoy vinculados más de nueve mil víctimas y más de mil comparecientes. Cualquier tribunal parecido que haya operado en el mundo, en promedio se ha demorado, entre cuatro y cinco años para la primera decisión. Si usted se va a la CPI se tomó diez años para la primera decisión. No se trata de que nos vamos a tomar el mismo tiempo, pero sí a finales de este año yo creo que pudiéramos tener las primeras decisiones y ahí la gente va a poder estar tranquila al observar que sí se van a aplicar sanciones.

¿Esas decisiones serían del caso 001?

Yo no me pronuncio de casos particulares. Hay siete casos que están andando.

¿Por la no firma de la Estatutaria se puede establecer qué tanto tiempo les ha generado retraso?

A medida que avanza el tiempo y que avanzan los casos cada día el tema va a ser más complejo, tendremos que seguir administrando justicia con lo que hay. Lo que pasa es que si tenemos Ley Estatutaria las siguientes fases van a ser menos difíciles.

¿Por qué?

En el mundo jurídico una ley estatutaria es de mayor jerarquía que una ley ordinaria y si usted tiene en la estatutaria una norma que le dice equis audiencia es reservada, pues, basta que lo diga y nadie lo discute. Mientras que si usted no tiene esa norma especial, de mayor jerarquía, el juez tiene que hacer toda una construcción a partir de las fuentes de derecho que establece la Constitución y esto hace que los distintos actores del proceso puedan sentir inseguridad jurídica, porque van a decir: esa es su interpretación de todo esto y pueden acudir a un recurso a un derecho de petición, a una tutela y eso va dilatando algo que podía estar ya resuelto de manera definitiva aplicando la ley estatutaria.

¿Qué tipo de intervención hicieron en la Cámara sobre el caso de las objeciones?

Una exposición técnica de cómo leemos las objeciones nosotros y por qué consideramos que son objeciones de inconstitucionalidad y no objeciones por conveniencia. Hemos hecho una exposición técnica, no entramos en debates ni en controversia, sino que esta es nuestra lectura jurídica de esas objeciones.

¿Estaban haciendo lobby en el Congreso?

Nosotros no estamos haciendo lobby, nunca hemos propiciado. No interferimos, no promovemos, no intervenimos en debates políticos.

¿Ha hablado con el presidente Iván Duque sobre el tema de las objeciones?

Al día siguiente de que presentó las objeciones, hablamos por teléfono, muy gentil él. Comentamos lo que fue su decisión, obviamente, nosotros la acatamos, la respetamos y conversamos sobre el pronunciamiento que yo había tenido llamando a la tranquilidad.

¿Con la carta a Álvaro Uribe, pidiéndole moderación en el lenguaje, se cansaron de las ofensivas en su contra?

Mi único propósito con esa nota fue llamar a la necesidad de un lenguaje democrático para seguir avanzando en exponer diferencias. Había una serie de hechos objetivos, tangibles, que van desde el lenguaje hasta expresiones gráficas que ponen en entredicho no solo el mandato de la JEP sino la idoneidad de sus magistrados, la idoneidad de todas las personas al servicio de la Jurisdicción y que en un ambiente exacerbado, como el que se está produciendo por razones políticas, sobre las cuales no nos pronunciamos, pues eso puede tener cierto tipo de riesgo. Le hice un llamado muy respetuoso al expresidente, hoy director del partido de Gobierno, para que nos ayudara a propiciar un lenguaje sereno, democrático, no para que no digan lo que quisieran decir.

¿Y cómo recibió la respuesta del senador?

Él responde como considera y yo siempre recibo con tranquilidad las distintas expresiones. Me parece que fue un mensaje también respetuoso.

Otra de las polémicas es sobre el tema de contratos, pero ustedes le salen al paso y publican en su página toda la relación, ¿para quién era el mensaje?

No se trata de darle ejemplo a nadie. Lo que nosotros desde el comienzo acordamos y así está establecido en el reglamento interno es que vamos a acudir a todas las prácticas de transparencia para que la ciudadanía y las víctimas, la comunidad internacional que ha apoyado tanto este proceso, tenga tranquilidad de qué hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos y cómo eso se materializa en la contratación que corresponde.

¿Espera que con eso crezca la confianza de la ciudadanía hacia la JEP?

Yo diría que no es la ciudadanía, sino ciertos sectores que han desconfiado desde el inicio mismo del proceso de paz, que tienen reservas, que tienen preguntas, que cuestionan muchas actuaciones, pero como lo decimos nosotros si tienen alguna pregunta o inquietud, acá están las puertas abiertas para contestarles.

Pero ha habido un ánimo de ciertos sectores de desprestigiar, de cuestionar y este es un tema que se presta para resolver eso. Por eso, que mejor que la transparencia y la publicidad para dejar en claro cualquier tipo de observación que hay sobre el particular.

Finalmente, ¿qué tanto impacto produjo el caso del fiscal Carlos Bermeo?

Indudablemente en cualquier organismo del Estado y en una entidad que administra justicia un caso de corrupción afecta de manera grave. A nosotros nos impactó mucho, nos dolió profundamente porque estamos avanzando en un camino de construcción de credibilidad. Aclarando, como debo hacerlo, que la Unidad de Investigación es uno de los tres componentes dentro de la JEP, y el su director es autónomo en el nombramiento y en las decisiones y le tocó afrontar una decisión difícil que por fortuna ya está en manos de las autoridades y serán ellas las que tomen decisiones.

Otras voces

Álvaro Uribe

“Respetada doctora Patricia Linares, presidenta JEP: Creo que en la JEP deberían respetar opiniones que creen que ese no es el camino de la paz ni de la reivindicación de las víctimas. Seguiré en el Congreso, con argumentos, como usted lo ha conocido, buscando reformas”.

La ONU

La ONU urgió a Colombia aprobar cuanto antes la Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP), insistiendo en la importancia de completar de una vez por todas ese paso clave para el proceso de paz en el país. “La Ley Estatutaria es el último elemento que falta del marco legal para la JEP y uno necesario para garantizar que esta institución pueda operar con la necesaria independencia y autonomía”. “En un clima de incertidumbre -para las víctimas, para aquellos sujetos a la JEP, para miembros de las Farc que esperan financiación para su reintegración social y económica y para las comunidades que han sufrido el conflicto- la mayor incertidumbre sería reabrir los puntos centrales del Acuerdo de Paz”, señaló el enviado de Naciones Unidas para Colombia, Carlos Ruiz Massieu.

El canciller

“El pasado 11 de marzo el presidente Iván Duque objetó seis artículos de ley estatutaria de la JEP, lo hizo con el fin de rodear a esa jurisdicción de un marco más claro y coherente que atienda los preceptos de una paz con legalidad y sin impunidad”, sostuvo el canciller Carlos Holmes Trujillo ante el Consejo de Seguridad de la ONU. “De acuerdo con nuestro arreglo institucional las objeciones están siendo tramitadas en el Congreso de la República, donde el pasado lunes la plenaria de la Cámara votó en contra de su adopción está pendiente el Senado y el Gobierno respetará la decisión que adopte el legislativo sobre el futuro de las objeciones”.