La FARC pidió este miércoles a la fiscalía que investigue si existe un plan en marcha para atentar contra sus líderes, en medio del asesinato de decenas de excombatientes de la disuelta guerrilla que firmaron la paz en noviembre de 2016.

Julián Gallo, senador y vocero del partido que surgió de los acuerdos que pusieron fin a la lucha armada rebelde, presentó una denuncia ante la fiscalía para que indague el alcance de unos mensajes de texto que a su juicio podrían configurar un complot contra la cúpula. 

"A nuestro modo de ver, (esto) de alguna manera evidencia que pueda haber un plan para atentar contra los dirigentes del partido FARC, y hemos aportado esas evidencias para que se abra una investigación y se pueda determinar el origen de esos mensajes", sostuvo Gallo, también conocido como Carlos Lozada.

Según el parlamentario, estas presuntas amenazas deberían ser consideradas en "un contexto en donde han sido asesinados más de 140 integrantes del partido" después de la firma del pacto de paz.

"Nos llama la atención que podamos estar entrando en una nueva etapa de esta serie de asesinatos", indicó a los periodistas a su salida de la fiscalía.

Además de los 140 asesinatos, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) señaló que 31 familiares de exguerrilleros han muerto violentamente en este lapso. 

Gallo, quien ocupa uno de los diez escaños reservados para esa organización como parte de los compromisos de paz, también resaltó su preocupación por el hecho de que las intimidaciones se den en el marco de la campaña para los comicios regionales de octubre.

El lunes el mandatario Iván Duque, crítico del acuerdo de 2016, presentó un plan de vigilancia para las elecciones de 2019 que incluye protección especial para los candidatos.

Según el ente investigador, los ataques contra exguerrilleros involucran a disidentes de la otrora guerrilla, grupos armados del narcotráfico, el Ejército de Liberación Nacional (ELN, guevarista) y a la fuerza pública.

La otrora guerrilla comunista ha denunciado con insistencia la falta de garantías de seguridad para sus integrantes tras la firma del pacto que condujo al desarme de unos 7.000 combatientes bajo la supervisión de la ONU.