Con aval del Polo Democrático Alternativo, el dirigente nortesantandereano, Jesús Alberto Castilla es senador de la república por segundo período. Además de sus estudios académicos, se ha formado políticamente en la lucha por las causas sociales y su principal escenario territorial ha sido el Catatumbo.

Activo y puntual en sus funciones de legislador, Castilla está atento a cuanto acontece en Colombia. Su opinión cuenta dentro de su partido, en los círculos políticos y en el Congreso. En diálogo con La Opinión habló sobre su partido, la situación del departamento y el país.

¿Cómo ve la situación del Polo, tomando en cuenta la división planteada al interior de la colectividad? 

El Polo Democrático Alternativo es un partido que recoge distintas fuerzas políticas en su interior, sobre la base de la unidad de la izquierda en nuestro país. En este sentido, las posturas diversas y las discusiones políticas no son algo nuevo y han enriquecido al partido durante más de una década. Para Poder y Unidad Popular, sector del que provengo al interior del partido, este ha sido una posibilidad de encuentro amplio y unitario para la izquierda. Nos parece lamentable que, producto de diferencias políticas, haya un sector que decida apartarse del partido. Sin embargo, esto nos plantea un reto y abre la posibilidad de una renovación de nuestros liderazgos, donde las juventudes, las mujeres y las diversidades puedan ser protagónicos en la reconstrucción del Polo. 

¿Ve opción de poder para las corrientes políticas de oposición, alternativas o progresistas, en las elecciones de 2022?

El Gobierno Nacional se enfrenta a una fuerte crisis de gobernabilidad. Esto se evidencia a través de las movilizaciones sociales que vienen en aumento desde noviembre de 2019 y que no han cesado, incluso, en el marco de la pandemia, que ha traído el aumento del desempleo y disminuido la posibilidad de acceso de la población a condiciones mínimas de dignidad. Las mayorías empobrecidas del país han salido a las calles luego de meses de esperar con trapos rojos en sus ventanas a que llegara algún tipo de ayuda por parte del Gobierno, indignadas ante el fortalecimiento de las grandes empresas, los préstamos a bancos y el rubro dedicado a las Fuerzas Militares, mientras en los territorios el hambre y los asesinatos selectivos son el pan de cada día. 

¿Cuál sería la propuesta para allanar el camino?

Ante este panorama, los sectores de oposición hemos insistido en la necesidad de una renta básica, en priorizar a las comunidades sobre los negocios y en avanzar en la protección de la vida y los derechos humanos. La sociedad en general percibe el desinterés del Gobierno Nacional por encontrar soluciones a la crisis que vayan más allá de respaldar a los gremios económicos que acompañaron su campaña. Vemos favorable este momento para hacerlo y consideramos que el sentir de las mayorías va a manifestarse en las elecciones de 2022. 

Pandemia y gobierno Duque

Existe una percepción según la cual la pandemia de la COVID-19 le restó su autonomía al Congreso y lo desplazó el Ejecutivo. ¿Cree que es así?

El Gobierno Nacional ha aprovechado la declaratoria de emergencia sanitaria para adelantar su agenda política, a través de decretos y desconociendo las discusiones que se han dado desde el Legislativo. Ejemplo de ello es el caso de las llamadas “Hipotecas Inversas”, figura a través de la cual se legaliza la pérdida de la vivienda de las familias que no accedieron al derecho a la pensión, para favorecer a las entidades financieras. Esta figura había estado presente en el artículo 5 del proyecto de Ley 144 de Senado, discutido en la Comisión Séptima. Allí, el artículo fue retirado tras la discusión, pero el Gobierno, haciendo uso de la declaratoria de emergencia, lo tramitó vía decreto. 

Y a propósito, ¿cómo califica las decisiones del Gobierno frente a la crisis de la pandemia?

Han sido decisiones desafortunadas, marcadas más por los intereses económicos de la clase dirigente que por el afán de dar solución a la crisis en que se encuentra actualmente el país. 

¿Y los dos años de gestión presidencial de Duque?

Ha sido un Gobierno centrado en responder a intereses particulares, que desconoce los acuerdos entre el Estado y la insurgencia para avanzar en la consolidación de un país en paz con justicia social. Los escenarios de diálogo que venían avanzando con el Eln se han cerrado, los acuerdos con las Farc no se han cumplido y las propuestas de implementación en los territorios, que favorecen a las comunidades, avanzan a un paso muy lento. Adicionalmente, el aumento de la violación de derechos humanos, asesinatos selectivos y masacres demuestra la falta de voluntad del Gobierno por garantizar la vida y la democracia.

Ante los hechos de violencia imputados a la Policía se está planteando una reforma de esta institución, ¿qué piensa al respecto?

Los últimos acontecimientos han sido una muestra clara de algo que ya hemos venido denunciando desde los sectores de oposición: el uso indiscriminado de la fuerza, el abuso policial, la persecución arbitraria al movimiento social, etc. Este tipo de situaciones reafirma el hecho de que no hay unas manzanas podridas al interior de una institución, sino unos principios sobre los cuáles la institución se construye y que deben transformarse. 

¿Cuál es su lectura de los hechos de violencia en Colombia, con repetidas masacres y muerte de líderes sociales y excombatientes de las Farc?

El año 2020 ha traído cifras alarmantes: el informe de la MOE sobre violencia contra líderes políticos, sociales y comunales con fecha de septiembre de 2020 dice que el 64 por ciento de los asesinatos en este año se ha concentrado en territorios PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial), donde hay un incremento del 39% respecto de 2019. De los ataques violentos registrados, el 50% ha sido contra líderes sociales. Hay un incremento del 85% en asesinatos con respecto a 2019 y los líderes políticos son el segundo tipo de liderazgo más afectado durante los primeros 6 meses del 2020. Hasta el 21 de septiembre, habían sido registradas 61 masacres donde han sido asesinadas 246 personas.

¿A qué cree que obedece este lamentable panorama?

Es evidente cómo se ha ido consolidando un régimen de terror que, a través de la actuación de sus fuerzas armadas y en connivencia con grupos al margen de la ley, silencia todas las voces críticas. Esto, aunado al desconocimiento de los acuerdos y la ausencia de soluciones estructurales, aumenta el nivel de violencia que existe en los territorios, las condiciones históricas de desigualdad y el control territorial a manos de dichos grupos. 

Panorama de Norte de Santander

¿Ve soluciones para la difícil situación que persiste en el Catatumbo?

Las comunidades y organizaciones sociales que hacemos presencia en el territorio hemos sido propositivas durante años, no solamente en términos de las exigencias a los distintos gobiernos sino desarrollando soluciones desde el trabajo comunitario. En ese sentido, el Catatumbo seguirá avanzando con o sin articulación institucional, porque es un territorio de mucha fuerza colectiva e iniciativa comunal. Ha sido priorizado dentro de los PDET, por ejemplo, lo que esperamos se vea materializado con prontitud en la mejora de las condiciones de vida de quienes habitamos la región. 

Con respecto al páramo de Santurbán, ¿cree posible salvarlo de la explotación minera por parte de empresas extranjeras?

En el debate de control político realizado sobre este tema en la plenaria del Senado, semanas atrás, 82 senadores solicitamos a la Presidencia de la República prohibir la actividad extractivista en los 37 páramos del país y, en consecuencia, abstenerse de otorgar licencias para adelantar operaciones en el Páramo de Santurbán. Solo nos queda confiar en que el presidente escuche al Legislativo.

¿Hay unión de los congresistas de Norte de Santander respecto a los asuntos del departamento dependientes del Gobierno Nacional?

Considero que la bancada de Norte de Santander reconoce la ausencia del Estado por décadas en nuestro territorio y la necesidad de una incidencia del mismo que vaya más allá de la presencia de las Fuerzas Militares. En ese sentido, hemos trabajado por reconocer la importancia de la región como corredor fronterizo y garantizar que los derechos sociales, por ejemplo, se materialicen en inversión de infraestructura, dotación de colegios públicos, condiciones laborales dignas para el magisterio y el personal de salud, entre otros.