El contrato de $58 millones para la elaboración de un libro sobre la historia del Hospital Universitario Erasmo Meoz, que en plena emergencia por el coronavirus iba a ejecutar el entonces gerente del principal centro médico de la región, Juan Agustín Ramírez, lo dejó al borde de una sanción por parte de la Procuraduría General de la Nación.

En un fallo de primera instancia, que todavía no queda en firme, puesto que contra el mismo procede el recurso de apelación, el Ministerio Público decidió proferir una suspensión de cuatro meses al exdirectivo, por considerar que, con la firma de este contrato, el cual finalmente fue suspendido, se infringieron los principios de planeación, eficiencia y responsabilidad de la contratación estatal.

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Esto, teniendo en cuenta que “el negocio jurídico no contribuía con las metas y objetivos institucionales para la correcta prestación de los servicios de salud y que el estado de emergencia derivado de la pandemia imponía planear una debida asignación y ejecución de recursos”.

La decisión de la Procuraduría cobija también a la entonces subgerente administrativa del Erasmo Meoz, Soraya Tatiana Cáceres Santos, cuya sanción fue elevada a seis meses de suspensión, por las presuntas irregularidades que rodearon la suscripción del contrato 153 el 20 de marzo de 2020.

De acuerdo con la información que dio a conocer el ente de control mediante un comunicado, durante el proceso de investigación se encontró que Ramírez, en condición de gerente (hasta abril del año pasado), fue quien celebró el negocio jurídico y la subgerente, la encargada de suscribir los estudios previos, en los que “debió justificar y evaluar el riesgo del proceso de selección por contratación directa, ya que se había declarado la emergencia sanitaria en el país”.

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“Esta instancia tiene claro que los hospitales cumplen diferentes objetivos, empero los principales están relacionados con la prestación de servicios de salud y para el momento de los hechos investigados, en el cual todos los esfuerzos y recursos debían estar orientados a la contención, atención y mitigación de la pandemia ocasionada por el virus covid-19, no resultaba oportuno gastar $58’000.000 para ejecutar un contrato cuyo objeto era la elaboración de una obra literaria relacionada con la historia del hospital”, argumentó la Procuraduría.

Los investigados tendrán la posibilidad de buscar darle vuelta a la decisión ante la segunda instancia y evitar así el fallo sancionatorio.