Esta semana será clave el debate de control político que se realizará en el Senado sobre la corrupción de Odebrecht y el Grupo Aval en las campañas presidenciales de 2014 de Juan Manuel Santos y de Óscar Iván Zuluaga.

Hace algunas semanas, el Consejo Nacional Electoral (CNE) abrió indagación preliminar contra el expresidente Juan Manuel Santos por, supuestamente, haber violado el régimen de financiación de campaña en la segunda vuelta de las elecciones de 2014 por cuenta de Odebrecht.

De esta manera, el Nobel de Paz deberá comparecer ante este organismo el próximo 4 de octubre para rendir versión libre sobre cómo ocurrieron los hechos, pese a que ya en ese organismo electoral se había cerrado e expediente en relación a este caso, sin embargo, debido a la compulsa de copias de la Fiscalía, en el CNE  se busca establecer si existen nuevos hechos a tener en cuenta en la investigación.

En anteriores declaraciones, el empresario Andrés Sanmiguel había señalado que a la campaña de Santos habían ingresado 3.894 millones de pesos de Odebrecht para la segunda vuelta presidencial.

En un debate previo en el Senado que se realizó la semana pasada en cabeza del senador Jorge Enrique Robledo, el excandidato presidencial del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga,  se presentó en el Legislativo para defender los señalamientos de que a su campaña entraron dineros de Odebrecht  por un monto cercano a un millón de dólares.

La presencia de Zuluaga generó un fuerte ‘agarrón’ entre los miembros de uribismo, quienes pidieron que fuera escuchado, y  los citantes del  debate, los senadores por el Polo Jorge Enrique Robledo y Alexánder López, porque no hubo suficiente quorum para decidir si lo escuchaban.

Al nuevo debate están citados los ministros del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, y de Transporte, Ángela María Orozco Gómez. También están invitados el  presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Louis Kleyn López, el fiscal General de la Nación(E), Fabio Espitia Garzón, la vicepresidenta de la República, Martha Lucía Ramírez Blanco, el procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez y el superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto González.