Las alarmas que se encendieron ante la posible salida  de varios exlíderes de las Farc del proceso de reincorporación, así como las críticas que ha suscitado la falta de control a los Espacios Territoriales donde se encuentran los desmovilizados, llevó a la JEP a pedir un informe detallado a 31 excombatientes sobre el trabajo que han adelantado dentro de su proceso de reinserción a la vida civil.

Los excomandantes de la desaparecida guerrilla llamados a comparecer por la justicia especial tendrán un plazo de 10 días para describir detalladamente las actividades desarrolladas en el marco de su reintegración y la participación que han tenido en los programas de reincorporación económica y social de los desmovilizados a su cargo.

Entre los convocados a rendir el informe figuran, Iván Márquez, El Paisa y Romaña, a quienes se les perdió el rastro desde hace varias semanas y sobre los cuales no existe certeza de si continuarán en el proceso de paz.

Según la notificación que les hizo la JEP, de no cumplir con el plazo de los 10 días para entregar los reportes sobre el compromiso que tienen frente al desarrollo de la implementación, los exFarc serán  llamados a una “audiencia de condicionalidad” en la que se verificará si están cumpliendo o no los compromisos adquiridos y se tomarán las decisiones que correspondan en cada caso.

Ante este ultimátum, se cree que esta será una oportunidad para conocer sobre el paradero de los excomandantes guerrilleros y cuál será su suerte dentro del proceso de paz de La Habana.

La magistrada Patricia Linares, presidenta del tribunal de Justicia Transicional, explicó que una de las consideraciones que se tuvo en cuenta para solicitar el reporte a los exguerrilleros, fue justamente el informe de la Misión de Verificación de la ONU, en el que se reveló que seis dirigentes de cuatro Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación  tomaron la decisión de dejar esos lugares y abandonar sus responsabilidades con aproximadamente 1.500 excombatientes que residen allí.

La JEP le pidió información, igualmente, al alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, sobre los programas que están en marcha para la reintegración de los desmovilizados.

Información sobre secuestros

Como parte del caso 001 que abrió la Jurisdicción Especial para la Paz, relacionado con los secuestros y desapariciones en los que incurrió las Farc durante sus más de 50 años de lucha armada, la presidencia de ese tribunal solicitó también que los 31 exmiembros de la desmovilizada guerrilla vinculados a estos hechos, presenten un informe individual y personal sobre las labores humanitarias que han hecho para la ubicación de restos.

Los magistrados de la JEP recordaron que la presentación de estos reportes es obligatoria.

Entre los llamados a rendir cuentas figuran Rodrigo Londoño Echeverri, Pastor Alape, Pablo Catatumbo, Julián Gallo, Iván Márquez, Jesús Santrich, Rodrigo Granda, Andrés París y Jimmy Guerrero, excomandante del frente 33 de las Farc que operó en el Catatumbo.

Misión de la ONU sigue

A propósito del proceso de paz con las Farc, la ONU respondió de manera positiva, ayer, a la petición que semanas atrás hizo el Gobierno Nacional y la desaparecida guerrilla, para permitir la renovación, un año más,  de la Misión de Verificación que acompaña el proceso de implementación.

La decisión de extender hasta el 25 de septiembre de 2019 la operación que tiene un carácter civil, fue adoptada por unanimidad en el Consejo de Seguridad del organismo internacional.

La embajadora colombiana ante Naciones Unidas, María Emma Mejía, aseguró que la extensión de la Misión es un voto de confianza en la transición de un Gobierno a otro y en la continuidad del acuerdo de paz.

La misión está formada por un contingente de unas 400 personas entre civiles y observadores y dispone de un presupuesto de unos 76 millones de dólares anuales.