Superado el proceso electoral en el que se definió el nuevo Congreso de la República, la lupa está puesta ahora sobre los reportes que tienen que hacer los candidatos de sus ingresos y gastos de campaña, con el fin de verificar si cumplieron con los topes permitidos y si lo que  informan corresponde o no a la realidad.

Como es sabido, quienes aspiren a un cargo de elección popular están en la obligación de registrar todos los movimientos de dinero que se hagan a favor de su proyecto político, detallando: créditos o aportes que provengan de su patrimonio, de sus cónyuges, compañeros permanentes o de sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad; contribuciones, donaciones y créditos en dinero o especie que hagan los particulares; créditos obtenidos en entidades financieras legalmente autorizadas y anticipos del Estado.

De la misma forma, los recursos propios de origen privado que se hayan designado para la financiación de las campañas, y cuáles fueron las inversiones en propaganda electoral, actos públicos y demás gastos que hayan hecho durante los tres meses que se prolongó la campaña.

En el caso de los aspirantes que resultaron elegidos por Norte de Santander para el periodo 2018-2022, solo el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Juan Pablo Celis, hasta el viernes, no había reportado ningún movimiento económico de su campaña.

Los otros nueve ganadores sí llevan los registros, aunque en algunos casos parece ser que los gerentes de campaña no han entregado toda la información, por cuanto las cifras que aparecen registradas en el aplicativo Cuentas Claras no reflejan el despliegue de logística, publicidad y actividades que se pudieron apreciar durante el desarrollo del proceso democrático.

Es así como, por ejemplo, el representante de la U, Wilmer Carrillo, informó un ingreso de $113 millones, pero asegura haber invertido apenas menos de $20 millones.

La candidata al Senado por el Centro Democrático, Milla Romero, también tiene reportado un ingreso de $13 millones a su campaña  y un gasto de tan solo $6 millones, en propaganda.

Cabe recordar que además de que es una obligación, el reporte de los ingresos y gastos también es un requisito indispensable para acceder a la reposición de gastos de campaña financiados por el Estado.

Quienes no los presenten serán objeto de multas y sanciones por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE). Según la norma, los candidatos y sus gerentes de campaña tienen hasta un mes, después de la votación, para presentar los informes.

Los que más recibieron y gastaron

De acuerdo con las cifras que se pueden leer hoy en los formatos de Cuentas Claras, los congresistas electos que más recibieron dineros para su campaña fueron: Andrés Cristo (liberal), Juan Carlos García (conservador), Edgar Díaz (Cambio Radical) y el representante Alejandro Carlos Chacón (liberal), quienes estuvieron por encima de los $600 y $400 millones. El tope máximo de gastos establecido por el CNE era de $1.030 millones.

En el caso de García, de los $582 millones que asegura haber recibido para su campaña, reportó un gasto de apenas $211,9 millones, siendo el que, aparentemente, menos invirtió, en contraste con los aportes que recibió para su proyecto político.

La mayoría de los recursos registrados proviene de créditos y aportes propios de los candidatos o familiares y contribuciones de particulares. Tan solo Ciro Rodríguez y Edgar Díaz reportaron haber hecho préstamos en bancos para invertir en su campaña y solo dos aspirantes acudieron a los anticipos estatales.