La decisión de la Corte Constitucional de avalar el Acto Legislativo 02 de 2017 fue tomada por el Gobierno como un espaldarazo a la paz. Sin embargo, otros sectores advierten que el fallo no puede ser considerado una ‘camisa de fuerza’ para los futuros gobiernos. Mientras unos celebran y otros protestan las decisiones del alto tribunal, ya hay voces desde el Congreso que sostienen que los acuerdos no están ‘blindados’.

La decisión de la Corte llegó en un momento en que, debido a la salida de Cambio Radical de la coalición de Gobierno, las iniciativas para la implementación de la paz parecen estar estancadas en su discusión. El presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Lara, ha estado en el centro del debate, pues lo acusan de estar dilatando las discusiones con sus actuaciones desde la mesa directiva.

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De hecho, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, llamó la atención de la cabeza de la Cámara baja, al solicitarle que, tal y como lo dijo la Corte Constitucional, “los acuerdos son para cumplirlos”.

La declaración fue desestimada por Lara, quien reiteró que para él es imposible obligar a los parlamentarios a participar en los debates. “Yo no lo sentí como un jalón de orejas. Ahora, de la debida implementación de los acuerdos depende el éxito de los mismos. Debemos ajustar las normas para que no haya la semilla de los futuros conflictos”.

Y agregó frente al fallo de la Corte Constitucional que “a nadie se le ocurre devolverles las armas a las FARC, eso es lo sensato en cualquier sociedad democrática, pero eso no quiere decir que (el fallo) sea escrito sobre piedra. Además que esos temas están sujetos a interpretación en el desarrollo”.

Pero Lara no ha sido el único que se ha pronunciado frente a la sentencia de la Corte. El excandidato presidencial del uribismo Carlos Holmes Trujillo dijo que rechaza la posición del alto tribunal y que como miembro de la Asamblea Nacional Constituyente rechaza con respeto la decisión. “Este es un atentado contra la soberanía popular y pretende sustituir la fuente de todos los poderes, que es el pueblo, con el supuesto carácter de política de Estado de ese acuerdo”.

A su turno, la senadora del uribismo Paloma Valencia celebró que el alto tribunal haya reconocido que los acuerdos no son parte de la Constitución, pero criticó que “la corte decidió muy a nuestro pesar colocar como prioridad para futuros gobiernos la prioridad del gobierno Santos. Ellos han cedido a la presión que ha hecho este gobierno cuando están incluso en contra de sus decisiones”.

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Así mismo, propuso realizar un referendo popular que “impida que el Congreso se tome atribuciones por encima del pueblo. Cuando se crean estos actos legislativos los colombianos tienen la posibilidad de inscribir un comité promotor y a través de eso se podría convocar un referendo si quieren derogar esos actos legislativos. Hemos inscrito ese comité para iniciar la recolección”. La senadora deberá recoger 1'785.000 firmas que si son reconocidas por la Registraduría permitirían convocar este mecanismo.

Por otro lado, la excongresista Ángela Ospina, del ala pastranista del Partido Conservador, sostuvo que no conoce el contenido del fallo, pero que “no está tan claro el hecho de que sea algo intocable”.

“Es una línea obligatoria de acción mantener el acuerdo. Sin embargo, cabe la duda si el voto del ciudadano en las próximas elecciones no tiene valor para el tribunal. ¿Qué pasa en donde el ciudadano escoja una opción con una política contraria? Respetar el fallo no quiere decir que es algo inmodificable”.

En ese mismo sentido se pronunció la senadora liberal Viviane Morales, quien se opuso a las visiones optimistas, asegurando que “el fallo deja claro que el Acuerdo de La Habana no hace parte del bloque de constitucionalidad. Es una sentencia condicionada que dice que los acuerdos solo tienen validez jurídica cuando son incorporados a través de leyes al ordenamiento jurídico”, lo que implicaría que el Congreso, a través de sus discusiones, podría cambiar la manera en que se aplican los acuerdos.

Sin embargo, Jesús Santrich publicó un comunicado del Componente de las Farc que hace parte de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación del acuerdo de paz -CSIV-, en el que saludan el fallo “y lo comprendemos como un significativo espaldarazo al Proceso de Paz y al mismo tiempo un claro mensaje a quienes anuncian desconocer lo acordado”.

Y agregan que “la corte aplicando el principio de colaboración armónica entre los poderes ha demostrado, en este caso, que posee estatura histórica al comprender el acuerdo de paz”.

Desde el Gobierno, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, aseguró que el Ejecutivo está muy satisfecho, pues representa una decisión importante para el futuro del proceso de paz, ya que “todas las instituciones del Estado deberán cumplir de buena fe el acuerdo. Por ejemplo, el Congreso debe continuar con la implementación del proceso de paz. Los tres mandatos siguientes no podrán hacerle modificaciones sustanciales al acuerdo. Lo que quedó a salvo fue la paz de Colombia”.

Y agregó que aquellos que prometieron hacer trizas el acuerdo “quedaron con los crespos hechos. Eso que le han venido prometiendo a Colombia no lo van a poder realizar”.

Un pronunciamiento similar hizo Roy Barreras, del Partido de La U, quien aseguró que el fallo del alto tribunal hizo trizas la intención de los partidos opositores a la paz. “¿Ahora qué, harán una campaña en contra de la Constitución, proponer ir en contra de los tribunales? Se han quedado sin discursos, la paz se ha salvado”.

A su turno, el alto comisionado de paz, Rodrigo Rivera, sostuvo que “el anuncio de la Corte es una invitación a las autoridades y a la institucionalidad en general, a adoptar el Acuerdo Final como un referente de interpretación a la hora de ejecutar las leyes de implementación, y constituye una garantía jurídica para que los desarrollos normativos de la implementación sean fieles al espíritu del acuerdo”.

Por último, Claudia López, senadora del Partido Verde, interpretó la decisión como una política de Estado en la que ya nadie puede decir que va a tumbar los acuerdos. “Quien diga eso, está diciendo que implantará una dictadura en Colombia donde se desconocen las decisiones de los jueces”.

López aprovechó para hacerles un llamado a quienes apoyaron el NO para que acaten la decisión de la Corte. “El tribunal dio una directriz que debemos cumplir con respeto y es cumplir los acuerdos de paz como una política de estado. Sin que estén en la constitución y desarrollándolos e implementándolos conforme a las reglas que nos ofrece la carta política”.

Por ahora, está claro que la Corte solicitó que los próximos gobiernos tengan como política central la implementación de los acuerdos. Sin embargo, también está claro que quienes aún quieren que los acuerdos “se hagan trizas” busquen caminos para intentar lograrlo en el futuro.

Lo que dice el Acto Legislativo

El Acto Legislativo 02 de 2017 sostiene que “las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final. En consecuencia, las actuaciones de todos los órganos y autoridades del Estado, los desarrollos normativos del Acuerdo Final y su interpretación y aplicación deberán guardar coherencia e integralidad con lo acordado, preservando los contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios del Acuerdo Final”.

Aún se espera que la Corte Constitucional publique el fallo que por decisión unánime avaló el Acto Legislativo que le da “estabilidad y seguridad jurídica al acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”.