Catorce años después del asesinato de Pedro Durán Franco, el veedor ciudadano que quiso denunciar las presuntas irregularidades que rodearon la administración de Manuel Guillermo Mora y en las que, al parecer, estaba comprometido el entonces candidato a la Alcaldía de Cúcuta, Ramiro Suárez Corzo, el Estado le pidió disculpas a la familia del también dirigente liberal.

La decisión tuvo su origen en un fallo del Tribunal Administrativo de Norte de Santander que encontró responsable a la Nación y más específicamente al Ministerio del Interior, de no haber garantizado la protección de Durán Franco, a pesar de su condición de veedor y activista político, opositor al gobierno municipal de la época.

En atención a dicha sentencia, proferida en julio del año pasado, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, estuvo ayer en Cúcuta para aceptar públicamente la responsabilidad del Estado en este hecho, pedirle disculpas a la esposa del fallecido veedor y exaltar la labor que este desarrolló en favor de las comunidades.

“Me permito hacer un reconocimiento de responsabilidad y presentar disculpas a la familia, del mismo modo hacer un reconocimiento a la memoria del señor Pedro Durán, activista político, así como a la organización civil Red Ver, desde la cual Pedro Durán hizo varias denuncias públicas en contra de la corrupción de la administración pública”, manifestó Rivera, en un acto que tuvo lugar en el salón de sesiones de la Asamblea y en el que participó la esposa de Durán, Ruth Mary Lozano Buendía.

El jefe de la cartera política aceptó que su condición de demócrata y de servidor público, le impone la obligación ética de reconocer que, en el pasado, las instituciones no hicieron los suficientes esfuerzos  para salvaguardar los derechos de muchos ciudadanos. 

“El momento histórico que está viviendo el país nos debe invitar a todos los ciudadanos, pero en especial a quienes actuamos en representación de las instituciones del Estado, a dar el mayor reconocimiento político a quienes dedican buena parte de su vida a la defensa de los derechos humanos”, señaló Rivera.

Dijo que además de las medidas materiales de protección y las tareas que adelantan tanto la Fiscalía como la Procuraduría, resulta pertinente impulsar acciones de carácter político que contribuyan al reconocimiento de la labor que adelantan los defensores de derechos humanos y exigir el compromiso de las autoridades.

La viuda de Durán Franco aceptó las disculpas ofrecidas desde el Gobierno por la muerte de su esposo, pero insistió en que es necesario que se haga justicia, para que el caso no quede en la impunidad y se pueda conocer quién fue el responsable de acabar con su vida.

“No es justo que nos lo hayan quitado así de una manera tan absurda. Por eso, pedimos que se castigue al que hizo eso”, manifestó Ruth Mary Lozano Buendía.

Como se recuerda, por el asesinato de Pedro Durán Franco fue llamado a juicio el exalcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez Corzo, pero el proceso se encuentra detenido desde hacer varios meses. 

Lo último que se conoció fue que Suárez le revocó el poder al abogado que lo estaba defendiendo y pese a que la justicia le ha ofrecido un defensor público, no ha dado respuesta.

La sentencia del Tribunal

Pedro Durán Franco, activista político perteneciente al Directorio Liberal de Cúcuta y miembro de la Red de Veedurías de Colombia, Red Ver, fue atacado a tiros el 12 de agosto de 2003, mientras se movilizaba en una buseta por el centro de Cúcuta en compañía de su esposa.

Para aquella época, su nombre era ampliamente conocido, por cuanto desde su función como veedor ciudadano, venía liderando investigaciones y seguimientos a las presuntas irregularidades que se estarían cometiendo en el municipio.

Por su muerte, la viuda de Durán Franco demandó a la Nación y aunque en primera instancia el fallo le resultó adverso, el año pasado el Tribunal Administrativo decidió revocar dicha sentencia al encontrar responsable al Estado en los hechos.

Según los magistrados, “las condiciones personales del señor Pedro Durán Franco y las situaciones de orden público de tinte político que vivía el municipio, hacían necesario que este gozara de protección especial por parte del Estado, a través de los programas de cuidado y protección existentes para la época, los cuales no le fueron brindados”.