A Guillermo Rivera, quien apenas cumple dos meses como ministro del Interior, le está tocando pasar las verdes y las maduras para sacar adelante lo que queda de la implementación del acuerdo de paz con las Farc.

A falta de un buen número de proyectos por tramitar en el Congreso, el ambiente entre los legisladores hoy no es el mejor y ni los mismos integrantes de la Unidad Nacional le quieren caminar a reformas como la Política, que cuenta con más críticos que defensores.

Aunque la iniciativa tuvo su origen en una misión de expertos, el contenido del proyecto ha tenido que sufrir varias modificaciones, justamente por los desacuerdos con sus propuestas.

Rivera, quien estuvo el viernes en Cúcuta para participar en un acto de reconocimiento a la memoria del asesinado veedor ciudadano Pedro Durán Franco, habló con La Opinión y defendió los alcances de la cuestionada Reforma Política.

La Reforma Política sigue sin convencer al Congreso, ¿cree que este proyecto sí verá la luz al final del túnel?

Somos optimistas porque creemos que los ciudadanos están esperando unas nuevas reglas de juego electoral que relegitimen las instituciones de origen popular y en esa medida el Congreso tendrá que ser consciente de esa realidad y entregarle al país un mensaje de renovación, de voluntad de cambio, en el sentido de que contemos con un nuevo sistema electoral que le dé confianza a los ciudadanos.

Entonces, ¿considera que el ambiente que hay hoy en el país por cuenta de los escándalos de corrupción, podría jugar a favor del Gobierno para que los congresistas traten de limpiar su imagen avalando el proyecto?

Estoy convencido de que el Congreso es consciente de este ambiente de ausencia de credibilidad que tienen los colombianos en las instituciones de origen popular. Luego, una reforma es una buena oportunidad para demostrarle a la sociedad que hay deseos de cambio y de construir un sistema electoral creíble y transparente.

¿Qué es lo que más le preocupa que se pueda enredar en el Congreso de esta Reforma?

En general, me preocupa que existe la lectura equivocada de que como esta Reforma es consecuencia del acuerdo de paz, no hay razón de ser para una reforma a la organización y el sistema electoral. Los críticos han tratado de deslegitimarla diciendo que no tiene conexidad con el acuerdo de paz y a veces se preguntan, con cierta ironía, ¿qué tiene que ver un acuerdo de paz con el establecimiento de una lista cerrada,  o de una nueva autoridad electoral? Quienes así lo expresan olvidan que el Gobierno ha dicho una y otra vez que la paz no es solamente el silenciamiento de los fusiles. La construcción de una paz estable y duradera implica reformas que hagan de nuestra sociedad una más democrática en lo político y más incluyente en lo económico y social. 

Esos mismos críticos insisten en que está reforma está diseñada en favor de las Farc…

Esta Reforma Política no es para las Farc, es para la sociedad colombiana, con el propósito de ofrecer mayores garantías para el ejercicio político de los ciudadanos y también para hacer de nuestra sociedad, una más democrática.

Cree que al final, el Gobierno deberá terminar cediendo frente a las preocupaciones de la Procuraduría y la Contraloría sobre algunos artículos del proyecto?

Los organismos de control han hecho reparos a uno de los artículos de la Reforma, pero el proyecto no le resta capacidad a estos entes para luchar contra la corrupción. Lo que ocurre es que existe un artículo, que es  recomendación de la Misión Electoral, que busca ajustar nuestra normatividad a lo dispuesto por la Convención Americana de Derechos Humanos, que señala que los derechos políticos solo pueden ser limitados por autoridades judiciales y no administrativas. Por tal razón, lo que el proyecto propone es que cuando los organismos de control sancionen a un servidor público de elección popular, inhabilitándolo a futuro, esa decisión pueda ser elevada, en grado de consulta, al Consejo de Estado, que tiene máximo un mes para resolver de fondo.

¿Esto se podría constituir en una especie de segunda instancia?

No es exactamente una segunda instancia. Es permitir que sea la autoridad judicial la que defina si hay lugar o no a una limitación de los derechos políticos. No se puede perder de vista que los derechos políticos son derechos humanos y por esa razón, solamente la autoridad judicial puede limitarlos.

En definitiva, 2018 ya no será el año de las listas cerradas. Sin embargo, se ha dicho que le apuntarán a las semicerradas, ¿cuáles son los aportes de este modelo?

A nosotros nos parece que las listas cerradas contribuyen de manera enorme en la lucha contra la corrupción. Lo que pasa es que es imposible poner en vigencia las listas cerradas para 2018, porque las inscripciones de los candidatos comienzan en diciembre. Por esa razón, nosotros hemos planteado que la vigencia de las listas cerradas sea en 2022 y que en 2018 y 2019, los votos que se depositen por el logo del partido se les vayan sumando a los integrantes de la lista en el orden en que están inscritos, hasta que se agote la cifra repartidora. Nos parece que este podría ser un mecanismo de transición.  

La JEP

¿Cuándo podría quedar lista la JEP y para cuándo proyectan que pueda entrar en  funcionamiento?

La Comisión Primera del Senado ya designó como ponente al senador Horacio Serpa. Estamos esperando a que la Comisión Primera de Cámara designe el ponente, para construir el texto de la ponencia y radicarlo lo más pronto posible. 

Hay riesgo de que la puesta en marcha del Tribunal para la Paz y las diferentes instancias de la JEP queden para el próximo año? 

Estamos previendo que a finales de septiembre, el comité de escogencia designe a los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz. La Reforma que ya se aprobó señala que la JEP podrá empezar a funcionar con la aprobación y promulgación del acto legislativo. De tal manera que, una vez nombrados los magistrados, esta podrá empezar a funcionar.

¿Cómo se garantizará que quienes tienen pendientes con la justicia y han empezado a quedar libres, más adelante sí se sometan a la justicia?

Cuando empiece a funcionar la Jurisdicción Especial para la Paz, quienes estén obligados a comparecer ante ella lo tienen que hacer. Si no lo hacen se exponen a perder las sanciones propias de la JEP, que son restricciones de la libertad y sanciones que se cumplirían con trabajo restaurador. En ese sentido, se exponen a una sanción de carácter ordinario, que podría llegar a ser de hasta 20 años de cárcel. Así que, ellos son los que escogen.
 
¿Definitivamente Timochenko, Iván Márquez y los demás miembros del secretariado podrán participar en las elecciones de 2018, como ya se viene anunciando?

Uno de los objetivos centrales del acuerdo de paz era que ellos dejaran las armas para que siguieran defendiendo aquellas ideas que dijeron defender en armas, ahora en la institucionalidad, en la vida democrática del país. De tal manera que de eso se trata, y si para ello van a presentar listas al Congreso o candidato a otros cargos de elección, eso ya fue aprobado y les está permitido.

Es decir, ¿ellos sí o sí podrán ser elegidos sin pagar ninguna clase de pena ni definir su situación jurídica?

La reforma que crea la JEP señala que las sanciones que imponga la justicia especial no pueden afectar derechos políticos. Luego, paralelamente, mientras ellos avanzan en su comparecencia ante la JEP, podrán ejercer sus derechos políticos. Quien no se acoja a la JEP se expone a una privación efectiva de la libertad y en esa condición no se pueden ejercer los derechos políticos. Así lo señala el acuerdo.