El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, aseguró que el Acuerdo sobre las víctimas logrado entre el Gobierno y las Farc en La Habana, Cuba, es una manifestación “a favor de los victimarios y de la impunidad”.

Como puntos centrales, para el Procurador las sanciones no son proporcionales a los crímenes cometidos y al tener no reclusión, podría activar la competencia de la Corte Penal Internacional. Igualmente, estima que no otorga seguridad jurídica, permite que las Farc se queden “con sus fortunas” y legitima los crímenes atroces como acción política.

“Las Farc no se movieron un milímetro y el Gobierno terminó por someterse a sus exigencias. El resultado es un acuerdo de impunidad. El acuerdo consagra sanciones groseras y manifiestamente inadecuadas, por no ser proporcionales a la gravedad de los crímenes", aseguró.

Esto al estimar que tanto integrantes de las Farc como agentes estatales responsables de delitos como lesa humanidad, genocidio, graves crímenes de guerra, toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, secuestro, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, sustracción de menores, desplazamiento forzado y reclutamiento de niños, “no cumplirán un solo día de pena de reclusión, serán sancionados con “obras, actividades y trabajos”, en otras palabras, con trabajo comunitario”.

Así, el Procurador cuestionó que sea necesario solo reconocer la verdad y su responsabilidad para recibir sanciones que a su juicio son “parodias” que son alicientes para la repetición.

“Como si eso fuera poco, el Acuerdo entre el presidente Juan Manuel Santos y “Timochenko”, da el derecho a los victimarios de escoger el tipo de trabajo comunitario que quieren hacer. Sanción a la carta. Sí, los condenados pueden proponer la sanción que la obra, actividad o trabajo que les apetezca. ¿Qué más quieren?”, dijo.

Sobre la seguridad jurídica, el Procurador estimó que al no cumplir con el derecho internacional, el Acuerdo de Justicia no ofrece seguridad jurídica por lo que, “tarde que temprano” los integrantes de las Farc terminarían en estrados judiciales.

Ordóñez también rechazó que se desconozcan las condenas que ya han sido impartidas por la justicia ordinaria y que con independencia del crimen cometido, sea posible que los responsables participen en política. Igualmente, señaló que no hay nada que obligue de manera clara a la guerrilla a entregar su riqueza y cuestionó que se pueda catologar como delito conexo al político el narcotráfico e incluso el lavado de activos.

Finalmente, el Procurador hizo algunas preguntas al acuerdo por estimar que en diversos apartes del documento se hace referencia a que su aplicación cobija a “todos los que participaron directa e indirectamente en el conflicto armado”.

Así, dijo “¿Cuáles son esos “otros actores”? ¿Están comprendidos los miembros de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia? ¿Las Bandas Criminales del Narcotráfico, Bacrim? ¿Los parapolíticos? ¡Los Acuerdos deben ser absolutamente claros, precisos, sin ambigüedades!”.

Para el Procurador, sería muy grave que se resuciten aparatos políticos ligados a mafias regionales, al permitirse que condenados por la llamada parapolítica puedan ser objeto de una nueva sanción en el marco de la jurisdicción especial.

Colprensa