La Fiscalía General de la Nación formalizó la detención de Carlos Palacino, ejecutivo y exrepresentante legal de Saludcoop EPS. Por orden del ente acusador, Palacino estará en la cárcel La Picota de Bogotá por la presunta apropiación de recursos de salud que ascendería a 700.000 millones de pesos.

Palacino, quien fue capturado el viernes pasado, deberá responder por el delito de peculado por apropiación a favor de terceros.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, el dinero desviado fue producto de recursos provenientes de la Unidad de pago por capitación y de rentas parafiscales entre los años 2000 y 2004.

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El ente acusador indicó que los recursos que debían usarse para más de siete millones de usuarios de la EPS "se habrían desviado para incrementar el patrimonio personal de Saludcoop, dicho dinero se habría usado en inversiones nacionales, inversiones en México y Ecuador, la adquisición de planta y equipo, inversiones permanentes, préstamos a socios y trabajadores además del pago de deudas".

“El dinero de la salud tiene destinación específica y está orientado a la atención de los usuarios y la ejecución de campañas de prevención, es decir, únicamente a la cobertura de los planes de beneficios pos o pos subsidiado”, señaló el fiscal Néstor Humberto Martínez.

El jefe del ente acusador indicó que los gastos en los que incurrió la EPS debían hacerse por inversión de las ganancias de las EPS y demás recursos propios, y no por cuenta de los dineros que el Estado destina a los afiliados del sistema.

Las irregularidades

En el caso Palacino las irregularidades estuvieron relacionadas con inconsistencias en cuanto a supuestos usuarios de sus servicios, pues en muchos casos se trató de las que serían identificaciones falsas o adulteradas con las cuales se justificó una serie de pagos que terminaron por afectar los recursos de la entidad. 

En este caso la Superintendencia Nacional de Salud encontró que 240 personas, supuestamente mayores de edad, estaban registrados en el sistema de la entidad con tarjetas de identidad y registro civil. Por estos hechos habrían cobrado 70 millones de pesos. Del mismo modo, hallaron 150.944 beneficiarios quienes no coincidían con el apellido de su progenitor, por lo que habrían cobrado 4000 millones.

Igualmente, más de 149.000 personas fueron halladas sin tener registrado el apellido de la madre. Esto, según la Fiscalía, habría costado una suma cercana a los 4000 millones de pesos. Sin embargo, lo que más llamó la atención de las autoridades fueron los 837 usuarios hombres quienes estaban registrados como mujeres y por esto cobraron 200.000 millones de pesos.

Por último, la investigación reportó que había irregularidades en 3713 cédulas. Al parecer, se trataban de personas fallecidas.