Ni el confinamiento que tuvo que decretarse en el país por cuenta de la rápida propagación del coronavirus le dio tregua a la violencia que persiste contra los exintegrantes de la guerrilla de las Farc que decidieron acogerse al proceso de desmovilización y entregaron sus armas.

Entre el 27 de marzo y el pasado 26 de junio, la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, que sigue acompañando  el proceso de implementación del acuerdo de paz, certificó 15 asesinatos de excombatientes en varias regiones del país.

En lo que va corrido del año ya son 33 los exguerrilleros asesinados, incluidas dos mujeres, y en total, desde la firma del acuerdo de paz en 2016, el organismo internacional ha verificado el homicidio de 206 exmiembros de las desaparecidas Farc, así como 48 intentos de asesinato y 15 desapariciones.

“Se ha informado que las organizaciones criminales y los grupos armados ilegales han aprovechado la cuarentena para fortalecer su control sobre rutas estratégicas de tráfico ilícito, especialmente en el Cauca, el Meta, Putumayo, el Chocó, Nariño y Antioquia. En estas regiones, la Misión ha verificado asesinatos de excombatientes de las Farc-Ep que viven en antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación y en nuevas áreas de reincorporación colectiva, así como amenazas contra ellos”, señala el informe que será presentado el 14 de julio ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión en el país, manifestó ayer que, justamente, uno de los mayores retos de la implementación en regiones como el Catatumbo, donde también se adelantó un proceso de reincorporación, son las garantías de seguridad para los excombatientes.

“En regiones como el Catatumbo, la presencia de actores armados, economías ilegales y los niveles de pobreza dificultan la estabilización y las condiciones para la construcción de paz. La presencia integral y sostenida del Estado es fundamental para mantener el control en territorios afectados por el conflicto”, manifestó.

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Y reiteró que es fundamental que quienes dejaron sus armas y están comprometidos con la reincorporación tengan seguridad para continuar en su proceso de tránsito a la vida civil.

En ese sentido, el jefe de la Misión insistió en que es urgente que la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección de la Unidad Nacional de Protección cuente con el financiamiento y apoyo adecuados para solucionar el atraso en las solicitudes de protección y salvaguardar la vida de los excombatientes que están en situación de riesgo.

Garantías de seguridad para los líderes

En el informe que fue dado a conocer ayer a los medios de comunicación, la ONU advierte, igualmente, su preocupación por la situación de los defensores de derechos humanos y en ese sentido señaló que es pertinente  garantizar seguridad y protección a estos colombianos.

“Según la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el período sobre el que se informa (marzo a junio) 6 líderes sociales y defensores de los derechos humanos fueron asesinados y otros 27 casos están siendo verificados”, indica el documento.

Entre enero y el pasado 19 de junio, la Misión verificó un total de 32 homicidios de líderes sociales, incluidos cuatro representantes de las comunidades étnicas. Otros 47 casos están en proceso de verificación.

“Ante los continuos asesinatos de líderes sociales, defensores y defensoras de los derechos humanos y excombatientes, exhorto una vez más al Gobierno y las instituciones del Estado, a que utilicen plenamente los mecanismos de garantías de seguridad previstos en el Acuerdo Final para producir resultados concretos y poner fin a esas tragedias”, manifestó Ruiz Massieu.

Confinamiento forzado y reclutamiento

El organismo señaló también que el desplazamiento masivo y el confinamiento forzado continúan en el país y al respecto llamó la atención sobre Norte de Santander, en donde indican que más de 45.000 personas fueron sometidas a confinamiento forzado en mayo, el 70 % de ellas en la región del Catatumbo.

“La Defensoría del Pueblo siguió emitiendo alertas tempranas para varias regiones, y durante la cuarentena ha dado prioridad a las alertas tempranas de carácter inminente. En total se emitieron 12 alertas tempranas, 10 de ellas de carácter inminente para los departamentos de Norte de Santander, el Chocó, Caldas, Antioquia, el Valle del Cauca y Bolívar”, recordó la Misión de Verificación.

Para la Oficina del organismo en Colombia, otro hecho que les genera preocupación es el reclutamiento y la utilización de niños y niñas por parte de grupos armados ilegales y organizaciones criminales, puesto que según los reportes de la Defensoría del Pueblo, el riesgo para los menores ha aumentado de manera considerable en la cuarentena.

“Me preocupa que los grupos armados ilegales y las organizaciones criminales hayan aprovechado la pandemia para expandir su control territorial, aumentando así el sufrimiento de comunidades y civiles. Reitero mi enfático llamado a todos los grupos armados ilegales para que pongan la vida por encima de cualquier otra consideración y se abstengan de cometer más actos de violencia”, manifestó el representante especial del secretario General de la ONU en Colombia.

Proyectos producidos afectados por la pandemia

En el informe trimestral de la Misión de Verificación se advierte que la sostenibilidad del proceso de reincorporación en términos socioeconómicos también se ha visto afectada por cuenta de la pandemia.

Y es que de los 57 proyectos colectivos aprobados por el Consejo Nacional de Reincorporación y los más de 1.300 individuales, la mitad ha sufrido algún tipo de afectación dada la crisis sanitaria que vive el país.

“Los desafíos tienen que ver sobre todo con la comercialización, a causa de las restricciones a la circulación, y la asistencia técnica, que se ha visto limitada por la brecha digital que existe en las zonas rurales. Los proyectos más afectados son los que se centran en los servicios, y especialmente las pequeñas iniciativas dirigidas por mujeres en entornos urbanos”, señala el informe.

En ese sentido, la Misión destacó la decisión que se tomó por parte del Gobierno Nacional, de extender hasta el  31 de agosto las condiciones para garantizar el pago de la asignación mensual a los reincorporados, teniendo en cuenta que su sostenibilidad está en riesgo.

Algunos datos sobre la implementación

De los 13.394 exintegrantes de las Farc acreditados en el proceso de paz, 9.279 viven fuera de los antiguos ETCR, en más de 500 municipios del país.

-164 excombatientes, de los cuales un 86% son mujeres, se han graduado de secundaria en el marco del programa Arando la Educación.

-1.109 obras previstas en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)  se han contemplado en las 16 zonas seleccionadas. 82 se encuentran ya en ejecución.

- 41.513 hectáreas de coca se han erradicado voluntariamente desde 2017 por 99.097 familias, en el marco del programa PNIS.