Durante el foro ‘Los retos del postconflicto’, organizado por la Fundación Paz y Reconciliación, analistas advirtieron sobre la necesidad de ocupar los territorios sin presencia del Estado, una vez firmada la paz, para evitar que recrudezca la violencia.

Según Ariel Ávila, investigador de la fundación, dentro de los retos para una etapa de postacuerdo, el país necesitará centrar su atención en la seguridad rural, la seguridad física a desmovilizados de la guerrilla, así como la dejación de armas y la refrendación.

Sin embargo, en cuanto a la seguridad física de los desmovilizados, alertó sobre los riesgos de que otros grupos ilegales quieran ocupar mercados ilegales que eventualmente abandonen las Farc.

Un documento de esa organización explica que de los 1.102 municipios que tiene el país, son 281 los que centrarán la ejecución del postconflicto; lo que se traduce en un 16% de la población colombiana.

De esos municipios 179 tienen presencia de cultivo de hoja de coca, entre esos 112 y unos adicionales tienen presencia de minería ilegal. Además, en 182 de los 281 hay presencia de las Farc y de algún grupo armado adicional.

“Lo que significa es que el riesgo de que otro actor armado llegue a copar esos territorios en busca de mercados ilegales es muy alto. En muchos de estos municipios no hay condiciones propicias, o se necesita esfuerzo muy grande para sacar a esos municipios de economías ilegales”, advirtió el experto.

Precisamente el analista y exmilitante del ELN, León Valencia, recordó que varias guerrillas hicieron parte de un proceso de paz donde no hubo postconflicto territorial, lo que provocó un fracaso a la hora de ejecutar.

“No hubo inclusión y eso llevó a que reapareciera la violencia. Nosotros hicimos una negociación en Sucre, en pleno corazón de los Montes de María, pero salimos nosotros y llegaron los paramilitares a esa zona”, manifestó el analista, aunque reconoció que en la actual negociación con las FARC hay compromisos públicos para hacer postconflicto en las regiones.

Otro reto es en materia de desmovilización y reintegración, al respecto Joshua Mitroti, director de la Alta Consejería para la Reintegración, aseguró que debe haber una transformación de la sociedad y del sistema político.

“Desde la agencia entendemos que ésta es una negociación política para terminar un conflicto de más de cincuenta años, no para la rendición de las FARC”, dijo el funcionario, exponiendo el reto de la eventual desmovilziación masiva de esta guerrilla tras la firma de un acuerdo.

Finalmente, el general (r) Jaime Ruiz Barrera, presidente nacional de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (Acore), se refirió al acuerdo alcanzado en el punto de justicia transicional, en la mesa de diálogos de La Habana.

“Es un acuerdo muy generoso en el cual se entrega mucho y que ojalá las FARC respondan. Queremos que el proceso funcione, queremos la paz porque en este conflicto no solo nuestros militares se juegan su vida sino también su libertad, porque no tenemos fuero, ni seguridad jurídica”, concluyó.

Bogotá | Colprensa